Catorce comunidades tienen presencia en la ciudad

Indígenas, de la maloka a las calles de la capital

Pueblos indígenas de todo el país han llegado desplazados por la violencia. Mientras algunos han logrado adaptarse y sumarse a la fuerza de trabajo, otros tienen que pedir dinero en la calle para sostener a sus familias.

Algunos grupos podrían ser víctimas de trata de personas y mafias dedicadas a lucrarse con la mendicidad. / Óscar Pérez
Algunos grupos podrían ser víctimas de trata de personas y mafias dedicadas a lucrarse con la mendicidad. / Óscar Pérez

Pies descalzos, trajes coloridos, instrumentos típicos y una lengua ancestral contrastan con el gris y agitado ritmo de vida de la capital del país. Seguramente usted los ha visto sentados al lado de un semáforo, un andén o un puente peatonal. Los indígenas, víctimas del conflicto armado, son la viva imagen del desplazamiento forzado.

En Bogotá habitan 14 comunidades indígenas, según datos del Ministerio del Interior: cinco reconocidas y nueve que están en este proceso. La mayoría se han unido a la fuerza de trabajo de la ciudad o están bajo el amparo de la Unidad de Víctimas, pero integrantes de los pueblos embera katío y embera chamí, entre otros, viven la otra cara de la moneda al caer en la mendicidad para poder sostener a sus familias.

“Desde hace muchos años, los pueblos ancestrales han sufrido de desplazamiento y el Gobierno no ha garantizado el estilo de vida tradicional de las víctimas. La necesidad de sobrevivir y la falta de oportunidades han obligado a que algunos indígenas tomen la decisión de pedir limosna en las ciudades, aun cuando su identidad es el trabajo”, indicó Miguel Antonio Tumiñá, gobernador del pueblo misak en Bogotá.

Mujeres y niños son las poblaciones más afectadas y los rostros más visibles en las calles. La escena de verlos caminar con un vaso de monedas en la mano se ha hecho cotidiana y pareciera que ninguna institución hiciera algo por ayudarlos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dice trabajar para garantizar los derechos de estas familias, pero asegura estar maniatado en algunos casos.

Respecto a los niños que están en la calle, Érica Silva, profesional del Grupo de Protección del ICBF, explica que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-464 del 2014, prohíbe que el Estado los aparte de su núcleo familiar por acompañar a sus padres a pedir dinero, pues no se puede castigar la búsqueda de recursos para satisfacer necesidades básicas. La historia cambia cuando el niño es instrumentalizado para obtener algún lucro por mendicidad. En este caso el ICBF sí puede actuar y hacerse cargo de él. Actualmente, en Bogotá se adelantan 115 procesos administrativos por ese hecho.

“Miembros de las comunidades katío y chamí, de Chocó y Risaralda, son las que habitualmente se ven en las calles de la ciudad pidiendo dinero. No existe un número preciso porque es una población que está en constante movimiento, pero desde la Defensoría de Familia se trabaja para que se respeten los derechos de los niños. Otro tema que hace especial este tipo de casos es que hay que determinar si los procesos se adelantan a través de la ley ordinaria o indígena”, dijo Silva.

Aunque el trasfondo de este fenómeno es el desplazamiento forzado, la mendicidad no se puede atribuir únicamente a la necesidad económica. El ICBF informó que en muchas ocasiones los indígenas optan por pedir dinero aun cuando la Unidad de Víctimas les garantiza su vivienda y manutención.

Sobre este tema, la Defensoría del Pueblo señaló que, aunque en la mayoría de los casos se trata de una necesidad real, se determinó que pequeños grupos de indígenas prefieren no regresar a sus territorios porque han encontrado en la ciudad un negocio rentable al pedir dinero en la calle y obtener beneficios por su condición de víctimas.

Pedro Posada, defensor delegado para asuntos étnicos, asegura que gran parte de las comunidades que llegan a ciudades como Medellín, Cali y Bogotá tienen el respaldo del Estado, pero en algunos casos este no es suficiente para solventar sus necesidades. Ante esta situación, pequeños grupos se han inclinado por pedir dinero y, en la práctica, han encontrado una fuente de ingresos que supera sus expectativas. Algunas poblaciones, incluso, migran a las ciudades en temporadas como la navideña porque les garantizan mejores ganancias.

Aunque el hecho de ver a estas comunidades en la calle ya es preocupante, existe una cuestión adyacente que ha puesto en alerta a las autoridades y defensores de derechos humanos. Supuestamente, advierte el defensor, algunos grupos indígenas podrían ser víctimas de trata de personas y mafias dedicadas al lucro a través de la mendicidad. “Se está investigando si detrás de esta situación de desplazamiento hay personas que los estén utilizando para obtener beneficios económicos, pero aún no podemos afirmarlo en un 100 %”, añadió.

La Unidad de Víctimas, entidad del Estado encargada de atender a este grupo, asegura estar trabajando conjuntamente con el Distrito para garantizar alojamiento, alimentación, salud y educación a las comunidades. Según informó Óscar Vargas Urrego, director de Asuntos Étnicos de la Unidad, en el 2012 la Alcaldía de Bogotá abrió albergues para atender a estos pueblos, y desde el 2013, su funcionamiento fue asumido por el Estado.

Actualmente, dijo Urrego, la Unidad de Víctimas está atendiendo en estos albergues a 67 familias que podrían volver a sus territorios en los próximos meses. “La comunidad manifestó su voluntad de regresar. Ya se inició el proceso de retorno al resguardo embera katío de Alto Andágueda, en Bagadó (Chocó)”, finalizó.

Aunque en un principio el retorno a sus territorios parece ser la solución ideal para el problema de mendicidad de las comunidades indígenas en Bogotá, la realidad del proceso de transición es mucho más compleja de lo que parece. Como lo indicó el defensor Pedro Posada, algunos indígenas no desean regresar con sus comunidades y, en otros casos, son los pueblos quienes rechazan a los grupos que retornan por los hábitos adquiridos en la ciudad.

Por lo pronto, sin una solución definitiva, ciudades como Bogotá seguirán siendo la primera opción de comunidades vulnerables como la indígena, víctimas del desplazamiento. Depende del Distrito, el Gobierno Nacional y entidades como el ICBF y la Unidad de Víctimas que esta realidad urbana se desdibuje junto con el conflicto armado y, aún más importante, que el país no pierda en las calles una de sus riquezas inmateriales más importantes.