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Está claro que el caso del joven grafitero Diego Felipe Becerra ha alcanzado su punto más tensionante. Ayer, mientras la Fiscalía le pedía a la jueza que enviara a la cárcel a los coroneles de la Policía Nelson Arévalo y José Javier Vivas, como medida preventiva para continuar con la investigación, miembros del CTI señalaron que había una mujer tomando fotografías y grabando la audiencia con un celular, a pesar de que la jueza había advertido que durante la diligencia no se permitiría el ingreso de cámaras. La jueza, al conocer la situación, pidió que fuera individualizada: resultó ser Yoreli Estafany Suarez Trujillo, una funcionaria de inteligencia de la Policía.
Según indicaron las autoridades y el padre del joven grafitero, Gustavo Trejos, la agente le habría estado preguntando a periodistas los nombres del fiscal del caso, los abogados defensores y los de las víctimas. Además, estaba grabando y tomando fotografías a los rostros de todos los intervinientes´. Toda esta información habría sido entregada a un suprior de ella, un capitán de contrainteligencia de la Policía de apellido Chávez. Trejos indicó a los medios que en reiteradas oportunidades ha solicitado que se le brinden garantías de seguridad a todos los que han sido parte de las denuncias en este proceso, ya que en más de una ocasión han recibido llamadas telefónicas y correos intimidantes. Incluso, hace unos días, le envió una carta al presidente de la República pidiendoles protección.
La mujer fue retirada de la sala, mientras el fiscal del proceso señalaba: “Es una lástima lo que está sucediendo. Este es un caso que genera odios. Se están tocando temas muy delicados y toca velar por nuestra protección”. De ese mismo fiscal, se supo el jueves extraoficialmente —día en que comenzó la audiencia de imputación de cargos contra los coroneles—, fue amenazado en su propia casa.
“No acepto los cargos, su señoría”, manifestó el coronel José Javier Vivas, quien era subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá cuando el joven grafitero Diego Felipe Becerra murió por el disparo que le propinó el patrullero Wílmer Alarcón. “No acepto los cargos, su señoría”, repitió, acto seguido, el coronel Nelson de Jesús Arévalo, quien era comandante de la Estación de Policía de Suba en la noche del 19 de agosto de 2011, fecha en que Becerra perdió la vida. Ayer, que fue la segunda jornada de la imputación de cargos en contra de estos dos altos oficiales, tanto Arévalo como Vivas reiteraron que ellos son inocentes, como lo han manifestado desde que regresaron al país la semana pasada. Arévalo estaba de agregado en Honduras y Vivas, en Londres.
La Fiscalía, sin embargo, cree lo contrario. Para el organismo investigativo, estos dos uniformados fueron fundamentales para conseguir que la escena del crimen del joven Becerra, de 17 años, fuera alterada con el propósito de mantener limpia la hoja de vida del patrullero Wílmer Alarcón. La Fiscalía asegura haber encontrado a lo largo de sus indagaciones pruebas que indicarían que tanto Arévalo como Vivas participaron activamente para encubrir el asesinato de Diego Felipe Becerra. La tesis del fiscal es que los miembros de la Policía involucrados en los hechos querían mantener la buena imagen internacional que el país había dejado ante el mundo luego del Mundial Sub-20, realizado unos tres meses antes de que este episodio tuviera lugar.
Las alarmas estaban encendidas desde la misma noche en que Diego Felipe Becerra murió. El fiscal reveló ayer que, al llegar el joven herido mortalmente a la Clínica Shaio de Bogotá, personal de ese centro médico dio aviso al CTI. Entonces, un investigador de esa entidad se dirigió al lugar donde le habían disparado a Becerra, para encontrarse con que el “primer respondiente” de la Policía, el subintendente Juan Carlos Leal —ya fue llamado a juicio por este caso—, no había elaborado aún el reporte de lo sucedido, como era su deber; que la escena del crimen no estaba protegida y que tampoco había allí un arma. Ese investigador entregó un informe advirtiendo que era posible que algo irregular hubiera pasado.
Otro patrullero de la Policía que también fue acusado, Nelson Daniel Rodríguez Castillo, le contó a la Fiscalía que él le había hecho un reporte a la oficina de asuntos internos de la Policía detallando lo acontecido. En ese reporte no se mencionaba que Diego Felipe Becerra portara ningún arma. Según Rodríguez, cuando él salió con la copia del informe en la mano se cruzó con el abogado Héctor Ruiz Echavarría, quien le pidió que lo dejara conocer el reporte. Después de leerlo, aseveró Rodríguez, el litigante, llamado a juicio, destruyó la copia del informe y del original porque en éste jamás se mencionaba la presencia de un arma en la escena del crimen. A partir de ahí Rodríguez empezó a mantener la versión que Ruiz Echavarría le habría ordenado, según él, bajo amenazas: una versión con el fin de no enlodar el nombre de oficiales que estarían involucrados con la muerte del joven grafitero. Hasta hace pocos meses decidió contarle a la Fiscalía todo lo que se estaría tramando detrás de este crimen.
La jueza ordenó aplazar para hoy la continuación de la audiencia en la que se definirá si los coroneles deben ir o no a prisión.