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“El Distrito nos tiene a punta de buenas intenciones”, dice la Mesa Distrital de Víctimas de Bogotá. La organización, que durante el debate del Plan de Desarrollo criticó la supuesta negligencia de la Alcaldía y de algunos concejales para incluir sus propuestas, sostiene que el documento no estableció metas claras para su atención ni tasó un presupuesto para cada uno de los puntos que más les preocupan: acceso gratuito a vivienda, empleo y garantías para su participación política. Ángela Anzola, alta consejera distrital para los derechos de las víctimas, responde que, al contrario, sí acogió sus ideas.
Bogotá, después de Antioquia, es el segundo ente territorial con más víctimas declaradas: 644.870 con corte al 1 de abril. Los reportes oficiales indican que 4 de cada 1.000 habitantes han llegado a la ciudad como consecuencia del desplazamiento forzado. A pesar de las dimensiones del fenómeno, la administración considera que hasta ahora los logros son escasos. “A 1 de diciembre de 2015, tan solo 19.382 personas habían recibido la indemnización por vía administrativa, lo que corresponde a un 3,1 % del total”, anota la Alcaldía en el diagnóstico que presenta en el Plan de Desarrollo.
Hasta ahora, agrega el documento, el Distrito se ha centrado en prestar “asistencia y atención para la subsistencia mínima, y no en generar capacidades y proyectos de vida propios”. Para cambiar esa dinámica, considera vital articularse mejor con la Nación.
La estrategia propuesta cuesta $102.000 millones en los próximos cuatro años, como se fijó en el Plan, y tiene varios frentes. Por un lado, ofrecerles a las víctimas trabajos estables y lejos de la informalidad, que les permitan lograr una estabilidad económica. Por otro, que recuperen las condiciones básicas en las que vivían antes de sufrir los embates del conflicto.
Aprobado el Plan, sin embargo, queda faltando un paso: la formulación del Plan de Acción Distrital (PAD), documento clave que definirá en detalle el camino que deberá seguir el Distrito para atender a las víctimas durante los próximos años. Su formulación comenzará en las próximas semanas. “Ahí las entidades distritales construyen proyectos de inversión de la mano de las víctimas y se irán esclareciendo las metas”, aclara la alta consejera.
Sin embargo, Reinel Barbosa, delegado de la Mesa de Víctimas, considera que si en el Plan de Desarrollo no se establecieron metas y objetivos específicos, en el PAD no se podrá hacer mucho. En este sentido, apunta, corren el riesgo de que la financiación de los proyectos quede a voluntad del Distrito y no como una obligación. “En la construcción del PAD demostraremos los errores que cometió la Alcaldía. No estamos pidiendo algo, exigimos lo que nos toca por ley”.
A esto agrega el inconformismo por otros puntos en los que también se sienten vulnerados. Pone como ejemplo que el Ipes planeó 800 unidades productivas (tapicerías, talleres de confección, entre otros) para el cuatrienio, mientras que la administración anterior dejó 1.900. Según Barbosa, hay un déficit de 70.000 viviendas para víctimas en la ciudad —sólo el 30 % tiene a dónde llegar—. Su propuesta es que al menos se construyan 40.000. En cuanto a atención, a su vez, proponen la construcción de un centro de rehabilitación para las heridas de guerra y el consumo de sustancias psicoactivas. Pero critica que nada de eso haya quedado en el Plan.
Para ellos, la administración también falla en las garantías para su participación. El subsidio de transporte que ofrece para que asistan a las reuniones mensuales es de $12.000, y sólo pueden acceder a este en tres estaciones de Transmilenio del centro: Centro Memoria, Calle 22 y Av. Jiménez.
La alta consejera anuncia que pretende que las 14 mesas locales de víctimas interactúen en mayor medida con el Distrito para lograr una incidencia real en la creación de políticas públicas que las beneficien. También se compromete a mejorar la infraestructura y la eficiencia en los siete centros Dignificar, donde las víctimas entregan su declaración para luego recibir ayuda humanitaria.
En este punto, a pesar de la inconformidad de la Mesa, señala que no vale la pena construir más centros. La razón: está cayendo la demanda de quienes toman ese acompañamiento. Según la Alta Consejería, en septiembre de 2015 fueron atendidas 1.595 personas, mientras que en diciembre esa cifra se redujo a la mitad.
Sergio Guarín, coordinador de posconflicto en la Fundación Ideas para la Paz, ve con optimismo la apuesta del Distrito. Sostiene que su enfoque es estructural y no asistencialista, porque prioriza la reparación integral. Sobre la ausencia de metas específicas, apunta: “Es difícil que en el Plan de Desarrollo se planteen acciones concretas, porque primero se deben concertar con el Gobierno Nacional, y eso se hace en el PAD”. Sin embargo, afirma que hay temas invisibles, como la memoria y la reparación simbólica. “Es claro que el Centro de Memoria Distrital no se ha convertido en un punto de referencia para entender el conflicto”.
Ayer en la mañana se reunieron, por primera vez desde la aprobación del Plan de Desarrollo, voceros de la Mesa de Víctimas con el equipo de la Alta Consejería. Discutieron sobre el funcionamiento de los centros Dignificar y las garantías para su participación, pero solo será el próximo lunes cuando comiencen a hablar en concreto de cada inquietud para definir una hoja de ruta.