El contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, le envió una carta al alcalde Gustavo Petro en la cual se refiere a lo sucedido el pasado 10 de julio en la Secretaría de Ambiente en donde varios funcionarios resultaron intoxicados por una fumigación realizada en la entidad. El jefe del organismo de control le advirtió al burgomaestre capitalino los graves efectos en la salud causados al personal que fue expuesto al poderoso químico.
De acuerdo al contralor, la fumigación se llevó a cabo “sin el debido cumplimiento de los protocolos y lineamientos de bioseguridad establecidos por la Secretaría de Salud y el fabricante del agroquímico”.
Ardila dijo que su pronunciamiento se debe a las implicaciones no sólo en materia de salud sino en la parte económica que tiene el desconocimiento, por parte de las directivas de la Secretaría de Ambiente, de las normas establecidas para actividades de fumigación y mantenimiento de jardines internos en las instalaciones de entidades públicas distritales.
La Contraloría de Bogotá asegura que la Secretaría de Ambiente realizó un mal procedimiento al realizar fumigación interna con un químico altamente peligroso.
“En visita realizada los días 17 y 18 de julio se tuvo conocimiento que la entidad, el 10 de julio, realizó fumigación con el insecticida curacron, químico de alta toxicidad para la salud y el ambiente, sin tener en cuenta los procedimientos establecidos en la ficha técnica del químico y los protocolos de la hoja de información de seguridad del laboratorio y los de bioseguridad emitidos por la Secretaría de Salud”, dice la misiva.
Ardila le señala a Petro que para el organismo de control es claro que se violó el procedimiento. “La indebida fumigación desató una emergencia sanitaria de la entidad con resultados lesivos para la salud de doce funcionarios de la Secretaría de Ambiente y dos servidores de la Contraloría que se encontraban realizando auditoría, quienes tuvieron que ser internados en clínicas de la ciudad, causando además la suspensión temporal en la prestación de los servicios a cargo de la Secretaría por el término de tres días”.
Para el contralor Distrital, esta situación no solo impacta negativamente la imagen de la institución, sino que pone de manifiesto la falta de control y supervisión a los contratistas responsables de este tipo de actividades que puso en riesgo el normal funcionamiento y desempeño de la entidad.
“A lo anterior se suma la suspensión de las actividades misionales de la Secretaría de Ambiente los días 12, 13 y 16 de julio, lo cual no permitió la adecuada y normal prestación de los servicios a la ciudadanía y por el contrario, impone a la administración la norma de carga del pago de los días no laborados a sus funcionarios de planta, lo cual se cuantificó en la suma de $93.686.577, aunado a la interrupción en el trámite de procesos administrativos de carácter permisivos, sancionatorios y contractuales que se vieron suspendidos en sus términos a raíz del mencionado suceso”, concluye la carta.