Casi la mitad de las certificaciones presentadas por profesores o sus apoderados ante la Unidad de Gestión de Pensiones Pública (UGPP) para la reliquidación de sus pensiones, son falsas. Así lo determinó la Secretaría de Educación al observar incoherencias en los números de radicado, inexactitud en los valores asignados e inconsistencias en las firmas de legalización en 1.086 certificaciones de las 2.347 presentadas.
Esta fue la conclusión de la auditoría especial que solicitó la secretaría a la Contraloría Departamental. “Ante la solicitud de la Secretaría de Educación se adelantó un proceso auditor, el cual se está terminando y se entregará el pre informe. En mes y medio estará listo el informe definitivo. Debido a que la auditoría no ha finalizado, la información sigue siendo reservada”, dijo Amalia Bernal, directora de procesos de departamentales.
La pensión de gracia que se les otorga a maestros que cumplen 50 años de edad y 20 ejerciendo su profesión. Además, el aspirante debe haber sido vinculado a la docencia pública hasta 31 de diciembre de 1980, como lo especifica la SENTENCIA C-489 DE 2000, y probar que no recibe ninguna otra pensión. La ley 114 de 1918, que dio origen a la pensión también especifica que se debe probar que “que se haya desempeñado con honradez, consagración y buena conducta”.
No es la primera vez que se inician investigaciones a maestros por querer defraudar al estado re liquidando sus pensiones. En enero de 2015 El Espectador informó sobre la imputación de cargos a 48 docentes en Chocó que habían presentado documentos falsos para acceder a pensiones de 2 millones de pesos mensuales.