Por eludir procedimientos en la realización de convocatorias para contratar bienes y servicios, la Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por 12 años a cuatro exalcaldes locales.
La decisión afecta a los exmandatarios de Puente Aranda, Andrea Magali Álvarez y de Suba, Marisol Perilla; cuyos fallos quedaron en firme y no procede recurso. Entretanto, los fallos contra el exalcalde de Kennedy, Luis Fernando Escobar, y de Usme, Leonardo Salgado, son de primera instancia.
Según determinó la Personería, los cuatro exmandatarios suscribieron convenios de asociación, figura con la que eludieron el deber de realizar convocatorias públicas para la contratación de bienes o servicios. Contra las dos decisiones de primera instancia procede el recurso de apelación.
En el caso de la exalcaldesa de Puente Aranda, el fallo de segunda instancia corresponde a irregularidades en la suscripción directa de un convenio en el que se desconocieron las normas de contratación. El convenio fue suscrito con la Fundación Finestado & Ciudadano, y tenía como objeto “ejecutar actividades de desarrollo humano con adultos mayores”.
Por otro lado, también en segunda instancia, se confirmó el fallo sancionatorio contra la exalcaldesa de Suba, por irregularidades en la celebración de un convenio con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).
“La Personería envió, por competencia, copias del expediente y de otro convenio de Asociación suscrito entre el SENA y la Corporación Voluntarios Colombia a la Procuraduría General de la Nación”, agrega el ente de control.
Adicionalmente, fue sancionado el exalcalde de Usme por irregularidades en la suscripción de un convenio con la Fundación Innovar Colombia, el cual tenía como objeto de “desarrollar una obra de recuperación paisajística para el control de la erosión en el parque La Fortuna”, en el cual –según la Personería– no se tuvo en cuenta el proceso de selección objetiva del contratista.
Entretanto, el exalcalde de Kennedy, fue sancionado por suscribir un convenio con la Corporación Azul Profundo para el suministro de bienes y servicios, eludiendo el principio de selección objetiva y transparencia en la contratación pública. “La decisión de segunda instancia será estudiada por la Procuraduría General de la Nación, quien asumió la investigación por competencia preferente”, agregó el ente.