Juez rechaza argumentos de una de las demandas contra Transmilenio por la Séptima

El costo del proyecto que se encuentra paralizado, asciende a $2,4 billones. / IDU

El Juzgado 52 administrativo de Bogotá rechazó los argumentos de una de las demandas con las que se pretende ponerle freno a la construcción de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima –cuya licitación continúa suspendida–, al considerar que no existen los sustentos suficientes para concluir que hubo un incumplimiento de normas y de la existencia de un supuesto perjuicio irremediable que afecte los derechos constitucionales, como lo advertía el documento. 

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Según la demandante, el proyecto incurre en faltas normativas respecto a la protección ambiental, complementariedad en modos de transporte, estudios de estabilidad de suelos y armonización con otras obras, entre otros temas. El juez declaró estas acusaciones como improcedentes y por ende, ordenó el archivo de la demanda. 

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“El despacho concluye que las circunstancias propias de este caso no satisfacen los presupuestos legales ni jurisprudenciales para la procedencia del amparo constitucional, razón por la cual la presente acción de cumplimiento deviene improcedente”, determinó el juzgado en el fallo.

Cabe resaltar que esta es apenas una de las siete demandas que se han interpuesto en contra de este controversial proyecto (seis son acciones populares y una acción de cumplimiento), de las cuales cinco han sido rechazadas.

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Por las dos que siguen en curso, los jueces han concedido las medidas cautelares. Una de ellas fue interpuesta por los propietarios del edificio Altos de la Cabrera, ubicado en la calle 85 con carrera quinta, y la otra está relacionada con la intervención en el Parque Nacional, la cual fue interpuesta por Karin Irina Kuhfeldt, exembajadora de Colombia en Hamburgo.

Además, permanece vigente el fallo de un Juzgado Administrativo que le ordenó al Distrito suspender las obras y una solicitud de la Procuraduría en el mismo sentido. Sumado a esto, este jueves la Personería de Bogotá, instó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a suspender el proceso de adquisición de predios para el sistema.

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