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La administración ha expuesto en varias oportunidades los resultados del nuevo modelo de la red de hospitales públicos. El 8 de abril se cumplió el plazo de un año que dio el Concejo para completar el proceso de transición y la Secretaría de Salud sigue hablando de los beneficios de fusionar los 22 hospitales del Distrito en cuatro subredes que trabajan de manera coordinada (Norte E.S.E., Sur E.S.E., Suroccidente E.S.E. y Centro Oriente E.S.E.). A pesar de esto, los contradictores del nuevo modelo siguen exponiendo lo que, a su criterio, son las fallas que no muestra la Alcaldía. Insisten en que el modelo afecta principalmente a los usuarios.
Según ha informado el secretario de Salud y gestor de esta reforma, Luis Gonzalo Morales, con el nuevo sistema se han conseguido avances en temas como la prestación del servicio, equilibrio financiero, procesos administrativos, cobertura y mejores prácticas en contratación. Si se convierten estas palabras en cifras, se puede decir que, según el Distrito, la ciudad se ha ahorrado $62.000 millones en gastos administrativos, alcanzó 95 % de cobertura en vacunación, redujo el hacinamiento de urgencias en 116 %, las quejas en 55 % y se han invertido más de $185.000 millones en infraestructura.
Los datos aparentemente evidencian un modelo exitoso a corto plazo. Sin embargo, la Red Integrada de Servicios de Salud no ha estado al margen de la polémica y desde algunos sectores llueven críticas a lo que califican como un sistema improvisado, que ahondará la crisis de la red hospitalaria, siendo los usuarios los mayores afectados.
¿De dónde vienen estas críticas? Sí, como es de esperarse, la mayoría provienen de la oposición y de los promotores de la revocatoria del alcalde Peñalosa. Pero aparte de ellos, curiosamente, el cuerpo médico, administrativo, excontratistas y exfuncionarios del Distrito expresan su descontento y preocupación por lo que consideran una “bomba de tiempo”.
Un grupo de médicos de la red pública de Bogotá habló con El Espectador sobre las supuestas falencias de la reestructuración. Los trabajadores, que pidieron la reserva de su identidad para evitar posibles represalias por parte de la Secretaría de Salud, sostienen que la reorganización ha resultado traumática para usuarios y médicos, que en apariencia se viene implementando sin respaldo técnico y que no soluciona la crisis financiera como lo asegura el Distrito.
“El secretario de Salud vendió el nuevo modelo como la panacea ante el Concejo, pero contrario a lo que asegura en su rendición de cuentas, este proceso está destruyendo el ya débil sistema de salud de la ciudad. El cierre y traslado de servicios, la disminución de ingresos a la Red y el maltrato al equipo médico de planta son situaciones que hacen inviable este proyecto. Lo más preocupante es que afecta directamente a los usuarios”, dijo un vocero de los empleados del sector salud.
Los trabajadores de la red pública afirman, a modo de denuncia, que el modelo aplicado por la Secretaría de Salud ha degradado a los centros hospitalarios con el cierre de servicios especializados como, por ejemplo, ginecología en el Hospital San Blas y pediatría en el Simón Bolívar, reduciendo los ingresos por prestación de servicios. También aseguran estar preocupados por los traslados de médicos a centros de salud ubicados en barrios inseguros como supuesta represalia por protestar contra el nuevo modelo.
Ante estos señalamientos, el secretario Morales salió en defensa de la fusión de los hospitales y contraatacó diciendo que en muchos casos el descontento de los médicos se debe a nuevas exigencias profesionales que en las administraciones pasadas no se cumplían; el desmonte de una red con malas prácticas en torno a los contratos, que realizaba cada institución, y a la disminución del personal administrativo.
“Sabemos que hay cosas por mejorar, pero muchas de las acusaciones no son ciertas y responden a inconformidades por los nuevos estándares que manejamos en la actual administración. Cuando llegamos, encontramos médicos de planta que solo iban a trabajar cuatro horas al día, pero tenían contratadas hasta 36 horas, sumando entidades privadas. Antes, cada uno de los 22 hospitales contrataban sus propios servicios complementarios, abriendo muchas oportunidades para que se presentaran casos de corrupción, pero ahora los unificamos en cuatro subredes”, dijo Morales.
Respecto a los traslados de servicios, la Secretaría de Salud reitera lo que viene explicando desde el año pasado: el objetivo es que cada centro hospitalario se especialice y complemente los servicios de los demás, en vez de que cada uno funcione como un supermercado, ofreciendo de todo. “Creamos el primer centro de pediatría en el sur de Bogotá, ubicado en el Hospital El Tintal. Los pacientes de esta subred tendrán un servicio de alto nivel, en una edificación que contará con toda la infraestructura necesaria. Trasladamos allí los servicios de otros hospitales y eso es lo que estamos haciendo con todas las subredes”, señaló Morales.
En lo referente a la rotación de personal, Morales fue enfático al decir que el trabajo de la Secretaría es garantizar la prestación del servicio en todos los puntos de la ciudad, independientemente de las preferencias de los médicos por un sector en especial. Sobre las denuncias de atracos a los profesionales de la salud que laboran en barrios peligrosos, el secretario informó que trabajará con la Policía para reforzar la seguridad en estos puntos y evitar estos hechos.
El Concejo pasa cuenta de cobro
El año pasado el Concejo de Bogotá avaló el nuevo modelo de salud a través del acuerdo 641. Cumplido el plazo para la transición, algunos cabildantes (no solo de la oposición) expresan su preocupación y sacan a la luz pública cifras que muestran otro panorama sobre el sistema de salud de la ciudad y entran a debatir con las cuentas que entregó la administración Peñalosa.
Por ejemplo, Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático, envió una carta al secretario Morales luego de leer en El Espectador un artículo sobre el balance del primer año del nuevo modelo según el Distrito. El concejal discute concretamente tres temas: apertura de CAPS, hacinamiento y el cierre de servicios.
“No es cierto que se hayan construido 10 CAPS (Centro de Atención Prioritaria en Salud), pues en ocho de ellos lo que hicieron fue cambiarles el nombre, como sucedió con los CAMI de Suba y de Altamira. Frente a los 147 servicios de salud cerrados en la red pública, rechazo que se engañe a la ciudadanía con un juego de palabras, al decir que no son cierres, sino traslados”, escribió.
Sobre el hacinamiento, Sarmiento informó que cifras entregadas por la propia Secretaría de Salud a su equipo de trabajo evidenciaron que el hacinamiento entre el 2015 y el 2016 aumentó. “El hacinamiento promedio en el Hospital de Kennedy pasó del 155 % al 197 %; en Santa Clara, del 99 % al 143 %; en La Victoria, del 57 % al 115 %; en Meissen, del 103 % al 166 %, y en Suba, del 109 % al 137 %”.
Para despejar las dudas en torno a que este sea un asunto motivado por partidos políticos o inclinaciones de izquierda o derecha, otro de los concejales que denuncia posibles irregularidades en el modelo ejecutado por la Secretaría de Salud es Andrés Forero, del Centro Democrático, quien aceptó que la implementación no ha estado exenta de traumatismos.
Forero dijo que durante el año de transición no se logró la totalidad de los objetivos planteados por el secretario de Salud cuando presentó el proyecto ante el Concejo y, en cambio, se han tomado decisiones que supuestamente no se discutieron en los debates en los que se le dio trámite al modelo de la Red Integrada de Servicios de Salud.
“Yo voté a favor de la reforma, porque la situación era muy crítica en la red de hospitales públicos de Bogotá. En el papel, lo que planteaba la Alcaldía era mejorar la eficiencia administrativa uniendo los hospitales en subredes. En la práctica, la ejecución deja huecos importantes en la prestación del servicio. Nos dijeron que los hospitales se iban a especializar en ciertas áreas, pero nunca que los demás iban a minimizar el mismo servicio”, finalizó el concejal.
Tomando los números positivos que publicó la Secretaría de Salud y las quejas de médicos, concejales y demás, queda claro que el primer año de la fusión de servicios hospitalarios en Bogotá ha caminado entre luces y sombras. El modelo genera dudas e inconformidades, pero al tiempo arroja resultados favorables desde lo administrativo y financiero. Al final, más allá de egos y saber quién está bien y quién mal, solo el tiempo dirá si el nuevo modelo será tan exitoso como lo afirma el Distrito o un fracaso como lo prevén sus opositores. Lo preocupante: en medio de este debate está la vida de los bogotanos.