Lecciones después del Bronx: una evaluación sobre sus impactos

El Espectador presenta apartes de la investigación que realizó la Fundación Ideas para la Paz, que revela lo que le dejó la intervención policial al principal imperio del crimen en Bogotá.

Fundación Ideas para la Paz
26 de febrero de 2017 - 10:00 p. m.
Lecciones después del Bronx: una evaluación sobre sus impactos
Foto: Cristian Garavito / El Espectador

La intervención del Bronx era necesaria. En esta zona de Bogotá, los menores de edad eran víctimas de graves hechos de violencia e intimidación y los habitantes de calle se encontraban bajo la amenaza e instrumentalización de las facciones criminales. La situación había llegado a un punto de no retorno, con un contexto hostil para la intervención social, abiertamente desafiante a cualquier presencia institucional. (Lea: Después del Bronx)

Han pasado meses desde la intervención, es pronto para hacer una evaluación sobre sus impactos y continúa abierta la discusión sobre si las acciones que se han implementado lograrán transformar la realidad de este territorio y la de las personas que allí habitaban. En lo inmediato, el Bronx se encuentra bajo el control de las autoridades. En el mediano plazo, hay varias dinámicas criminales que continúan activas en sus inmediaciones. De su atención dependerá, en buena medida, la sostenibilidad de lo que se ha hecho hasta hoy.

La intervención, llevada a cabo por la Alcaldía de Bogotá, puso en primer plano la existencia de zonas de alta complejidad, en un contexto de fragilidad urbana donde confluyen factores de riesgo que comprometen el bienestar y la viabilidad de los territorios, y la falta de capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas —justicia, seguridad y tributación—. El Bronx puso de presente que la capital del país atraviesa dinámicas criminales cambiantes que afectan directamente a poblaciones que se encuentran en situación de riesgo. 

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) identifica cuatro dinámicas principales que reveló la intervención del Bronx: 1) la fragmentación del mercado de drogas y su compleja relación con los habitantes de calle, 2) la baja visibilidad de los eslabones claves y la corrupción, 3) el desplazamiento y desconcentración de los habitantes de calle, y 4) la vulnerabilidad de los menores de edad.  (Lea: Los niños del Bronx, la realidad más trágica)

Es importante mencionar que estas dinámicas no se originan por la intervención de la Alcaldía, sino que se han hecho más visibles o se han acelerado a partir de ésta. El desafío para el Distrito no sólo consiste en consolidar la presencia institucional en la zona intervenida, sino en desarrollar la capacidad para integrar diferentes sectores de la ciudad que enfrentan dinámicas similares, aunque con distintos niveles de intensidad.

Para la ciudad es una prioridad atender los factores de riesgo y vulnerabilidad de los habitantes de calle, disminuir la afectación de los menores de edad, mitigar los efectos negativos de los mercados locales de drogas —con énfasis en el bazuco— y reducir la corrupción. Si bien estas son tareas que atañen a la seguridad y la justicia, también exigen una intervención desde el ámbito social y sanitario. El restablecimiento de los derechos de las personas debe continuar siendo el eje principal de las acciones lideradas por la Alcaldía.

Un asunto central es que lo que ocurría en el Bronx no se puede analizar de manera aislada, sino como parte de un sistema más complejo de interacciones con Bogotá. La emergencia de esta zona es el reflejo de la incapacidad de la ciudad para integrar a sectores de la población que terminaron confinados en un territorio de tres manzanas. El Bronx también simboliza la indiferencia de los ciudadanos, la fragilidad del Estado y la capacidad de los delincuentes de apropiarse de zonas donde la institucionalidad es disfuncional o inexistente. Estos son los factores que hay que cambiar para que la crisis social y de seguridad a la que se llegó en el Bronx no se repita.

La fragmentación del mercado de la droga

Este proceso empezó meses antes de la intervención del Bronx, debido a que los “ganchos” -preocupados ante un eventual operativo de las autoridades- intensificaron la fragmentación de los mercados de drogas. Las zonas de distribución pasaron de concentrarse en el centro de la ciudad y se desplazaron hacia la periferia y, en el caso del Bronx, se trasladaron hacia barrios como San Bernardo y Ciudad Bolívar. Sin embargo, este fenómeno no tiene una única explicación, debido a que han influido las acciones de las autoridades, la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales y la diversificación del mercado de las drogas.

Por otra parte, se ha podido establecer que el bazuco generó una relación perversa entre las estructuras criminales y los habitantes de calle, pues se proveía la droga a cambio de dinero, bienes robados o servicios específicos, como la distribución de estupefacientes. Por ello, los vendedores han intentado mantener los lazos del mercado de la droga con los habitantes de calle y, de esta manera, su movilidad con las principales ollas de Bogotá.

La baja visibilidad de los eslabones y la corrupción

A pesar de que la toma del Bronx impactó a las estructuras delincuenciales locales, tras capturar a algunos de los líderes, jefes y “sayayines”, los peces gordos aún se encuentran prófugos de la justicia. Tras la intervención, las autoridades advirtieron que los verdaderos jefes no operaban desde el Bronx, sino que controlaban todo el negocio desde afuera. Otra de las lecciones está relacionada con la corrupción por cuenta de funcionarios del Estado, que tendrían vínculos con grupos encargados de distribuir y vender estupefacientes. Muestra de ello fue la filtración de la información a las estructuras que allí operaban y la existencia de una nómina de policías y miembros del CTI que recibían coimas por permitir el accionar delictivo de los “ganchos”. Y es que durante 2016 se registraron 14 capturas de miembros de la Fuerza Pública con presuntos vínculos con estas bandas. En ese sentido, la ciudad se enfrenta a un reto en doble vía: por un lado, debe identificar y perseguir a los eslabones de las economías criminales, y por el otro, la corrupción de los policías y su participación en mercados criminales.

El desplazamiento de los habitantes de calle

Luego de estar concentrados en un solo punto, los habitantes de calle se dispersaron una vez se llevó a cabo la intervención del Bronx. En realidad, era un efecto esperado. De acuerdo con el estudio, la movilización de la indigencia está relacionada con el establecimiento de bodegas de reciclaje y la atomización de los mercados de droga. A partir de la georreferenciación de las ollas y las incautaciones, se puede determinar que hubo aumentos en localidades como Kennedy, Engativá, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Bosa y Fontibón.

El fenómeno de los habitantes de calle, sin embargo, generó una reacción hostil y de rechazo por cuenta de la ciudadanía en los demás sectores de Bogotá. Por ello han decidido seguir asentados en el centro de la ciudad, alrededor de los lugares de distribución de drogas que ya conocen, en donde tienen —de cierta manera— garantizada su alimentación y un lugar donde dormir. Esta problemática además pone en evidencia que se han registrado alzas en los niveles de homicidio de habitantes de calle entre 2012 y 2015, año en que la cifra llegó a 88.

La vulnerabilidad de los menores de edad

Tras el operativo del Bronx se rescataron 140 menores, la mayoría entre 6 y 17 años, quienes se encontraban expuestos a un ambiente nocivo y peligroso. Parte de ellos estaban temporalmente en la zona, mientras que un pequeño grupo eran habitantes de calle y residían allí. Uno de los hallazgos del estudio es que uno de los retos consiste en crear y fortalecer los entornos protectores para los menores de edad que se exponen en la calle a riesgos de consumir estupefacientes o alcohol. Llama la atención, además, la situación de vulnerabilidad frente a la explotación sexual a la que se vieron expuestos los menores, quienes además eran usados por las bandas criminales para cometer delitos. Por eso, una de las tareas pendientes consiste en individualizar y ejercer justicia en contra de los responsables y generar garantías de no repetición, puesto que la mayoría de estos delitos son proclives a quedar impunes y, por lo tanto, aumentan las probabilidades de que se repitan. El estudio sugiere que debe definir un conjunto de medidas y acciones para prevenir y esclarecer los delitos contra esa población.

Recomendaciones de política pública

Presencia institucional. Es necesario avanzar en un proyecto incluyente de renovación urbana y oferta de bienes y servicios públicos, así como crear un mecanismo independiente que evalúe los retrocesos y avances.

Intervención en zonas de alta complejidad. Se requiere un modelo que se adapte a los problemas de cada territorio y un grupo que asegure su continuidad. Esta estrategia se debe construir a partir de los aciertos y desaciertos de experiencias anteriores.

Mitigar impactos de la fragmentación del narcotráfico. Reforzar la protección de espacios públicos vulnerables, disminuir la incidencia del contacto temprano con las drogas y priorizar la reducción de la violencia asociada al tráfico de drogas.

Priorizar respuestas al mercado del bazuco.Hay que avanzar en esta tarea para poner fin a la instrumentalización de los habitantes de calle por parte de las organizaciones criminales. La primera tarea es disponer de información y análisis sobre este mercado.

Centros de consumo controlado. Para reducir el riesgo y el daño asociados al consumo de drogas a los usuarios y sus entornos, y acercar a los consumidores a la oferta institucional, se debe evaluar la apertura de este tipo de centros, así como la provisión supervisada por parte del Estado.

Actuar contra los cabecillas y el lavado de activos.Hay que avanzar en las investigaciones contra organizaciones criminales, judicializando a los que articulan las redes, usan la violencia y la corrupción. El Distrito debe avanzar en una estrategia contra el lavado de activos y la extinción de dominio, con la Fiscalía.

Sancionar la corrupción policial. Se recomienda revisar los incentivos perversos –como el sistema de “cuotas” de incautaciones–. Se debe crear una unidad de seguimiento de casos que pueda alertar sobre conductas sistemáticas. También, crear una Unidad Especial en la Fiscalía para perseguir la corrupción policial.

Revisar barreras que impiden la atención al habitante de calle. A partir de la experiencia en el Bronx, el Distrito debe revisar las barreras de acceso que impiden que una parte importante de los habitantes de calle acudan a la oferta institucional.

Sistemas locales de asistencia para el habitante de calle. Es clave fortalecer la asistencia en las 20 localidades, en especial en donde se concentra esta población. Además, articular diferentes sectores sociales en la atención y reintegración de los habitantes de calle.

Priorizar investigación de delitos contra los menores. Para que no se repitan, se debe aumentar la judicialización. El Distrito debe adoptar un Plan de No Repetición, con acciones para prevenir la ocurrencia de estos hechos, dentro de los cuales se encuentra la vinculación a organizaciones criminales.

 

Por Fundación Ideas para la Paz

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