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A pesar de la defensa a ultranza que el alcalde Gustavo Petro ha hecho de la renegociación de los contratos de las fases I y II de Transmilenio, los entes de control le siguen encontrando peros. Esta vez fue el contralor distrital, Diego Ardila, quien a través de una función de advertencia le dijo al Distrito que si no inicia los procesos de selección de los nuevos concesionarios, el sistema de transporte no soportaría una nueva prórroga. De acuerdo con la Contraloría, de no darse un proceso claro y que responda a criterios técnicos, el Distrito se verá abocado a continuar con la ejecución de unos contratos que vienen ocasionando que el servicio público de transporte masivo no tenga calidad, comodidad, oportunidad y seguridad.
La advertencia la hace Contraloría luego de evaluar la polémica modificación que se hizo el año pasado a los contratos de concesión suscritos en 2000 y 2003 por Transmilenio con las sociedades Express del Futuro S.A., Conexión Móvil S.A., Metrobús S.A., Si-99 S.A., Internacional del Transporte Masivo S.A. Somos KS.A. y Transmasivo S.A. Esta evaluación llegó a la misma conclusión que tanto se ha criticado: la administración modificó las condiciones iniciales de los contratos de concesión para la operación de las fases I y II, suprimiendo el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) y el factor de distribución por Efectos de la Velocidad de Operación Comercial (AVI), beneficiando exclusivamente a los operadores.
Y agrega: estos dos indicadores permitían una mejor atención de los usuarios. En cambio, se pasó a un pago por kilómetro que solo benefició a los empresarios, al ampliarse sus contratos en 240 mil kilómetros programados promedio, sobre los 850 mil pactados inicialmente. Con lo cual, la duración de estos contratos se extendió hasta que la flota complete 1’090.000 kilómetros en promedio.
En el detalle de esta advertencia, la Contraloría también señala que, por ejemplo, los bombillos que indicaban el sobrecupo en cada bus de Transmilenio dejaron de usarse. En este sentido, el ente fiscal dice que la negociación de estos contratos se realizó con el argumento de que al Distrito le representaba un beneficio en la disminución de la tarifa técnica, pero de paso con eso benefició a los operadores, desmejorando la calidad y dignidad del servicio para los usuarios. Por eso el llamado de Ardila es para que Petro inicie el trámite de la licitación pública que permita una selección transparente de los contratistas de este servicio público.
Por su parte, el alcalde Gustavo Petro ha manifestado que la prórroga de esos contratos se dio luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les ordenara, en una sentencia de noviembre de 2011, modificar unilateralmente, o negociar de manera concertada, los contratos. La Alcaldía se la jugó por la negociación de la prórroga, porque habrían cometido un error al abrir una licitación sin tener los datos suficientes.
Según el mandatario, la licitación ya se está estructurando y se tienen en cuenta aspectos como el SITP, nuevas tecnologías y el metro, entre otras. “Este semestre tendría que estar la de la fase I. Para la fase II, le entregaremos el proceso al nuevo gobierno y ellos decidirán si la llevan a cabo o no”, dijo en entrevista con El Espectador. El Distrito tiene ocho días a partir de hoy para responder a los cuestionamientos que hizo el ente de control.