La contratación para renovar la plataforma tecnológica que permite el funcionamiento de la línea de emergencias 123 quedará en manos del nuevo alcalde, Enrique Peñalosa, una vez se posesione el primero de enero próximo. Él decidirá si continúa o aborta el proceso, que estaba a cargo de la ETB y a punto de ser adjudicado, pero quedó suspendido ayer, según el actual mandatario, Gustavo Petro.
De esta forma termina, al menos en lo que respecta a la actual administración, un largo capítulo escrito a punta de cuestionamientos, renuncias de funcionarios e, incluso, el presunto ofrecimiento de sobornos. Dificultades y denuncias que El Espectador ha dado a conocer en detalle desde mediados de este año. Petro dijo ayer: “Queríamos una selección objetiva (del contratista), por eso, por obvias razones, pedimos el acompañamiento de la Procuraduría, pero abandonó el proceso y el terror cundió en los funcionarios de la ETB”. Es decir, la justificación para dejar en el aire una contratación por $250.000 millones fue, según el alcalde, la prevención de los encargados a que luego los investigaran.
Es cierto que la Procuraduría se retiró, pero una vez lo hizo aclaró, mediante un comunicado del 10 de diciembre, que tomó la decisión porque la ETB no quiso presentarle, “entre otros documentos, el cronograma actual y los términos de referencia definitivos”. El equipo de empalme de Peñalosa también se quejó porque no le permitieron conocer detalles.
No se trataba de una minucia. El cronograma establecía que la adjudicación del contrato sería contrarreloj, en 21 días, pues lo abrieron el 27 de noviembre y se cerraría el 18 de diciembre.
Sobre los términos de referencia, que son los principios bajo los cuales se escogerán el contratista y las condiciones que se les exigen a los interesados, El Espectador también reveló que se trató de una invitación privada que la ETB les hizo a cuatro empresas: Motorola, Thales, Amper y la sociedad Israel Aeroespace Industries (IAI). Esta última envió una carta a la empresa de teléfonos quejándose porque tan sólo le dieron un día hábil para presentar su propuesta, lo que la llevó a retirarse del proceso y cuestionar su transparencia. La ETB respondió que no podía dar más plazos debido a “la necesidad de contratar”.
Al final sólo quedaron Thales y Motorola, y ahora el alcalde anuncia que el proceso quedará en manos de la administración Peñalosa.
Cabe recordar, por demás, que los cuestionamientos no se han referido exclusivamente a este proceso de contratación, sino a la etapa previa, en la que fue protagonista el Fondo de Seguridad y Vigilancia (FSV). Esta entidad firmó un convenio con la ETB, por decisión del alcalde, para girarle el dinero que le permitiera a la empresa de teléfonos llevar a cabo la modernización. Ese convenio también fue objeto de álgidas controversias, al punto que Fernando Arbeláez, nombrado gerente del FSV en mayo, salió de ese cargo con sus colaboradores denunciando que la ETB no estaba cumpliendo su labor y que, además, el alcalde lo estaba presionando para seguir girándole dinero a la compañía de teléfonos a pesar de las irregularidades. Todo continuó su curso y la ETB se encargó de estructurar el proceso para subcontratar la empresa que se encargaría de llevar a cabo la modernización, hoy sin futuro claro.
Ya es sabido que al alcalde entrante y a sus colaboradores les genera dudas el proceso, pero Peñalosa no ha dicho nada más allá de que pretenden revisarlo.
La plataforma requiere una modernización, pero, con Peñalosa a bordo, está por verse el mecanismo que se usará para concretarla. Hay que recordar que el mandatario electo ha dicho que, “en su momento”, evaluará la venta de la ETB, así que está por verse si esa empresa se encargará del proceso.
Petro insiste, por su parte, en que factores externos le impidieron alcanzar su meta tal y como él la quería.