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La esperanza de que los implicados en el carrusel de la contratación regresen los dineros que se apropiaron después de manejar a su antojo la contratación distrital está dejando de ser un sueño. Después de que la Fiscalía anunciara que embargaría los bienes de Emilio Tapia, avaluados en casi $40.000 millones, y las propiedades de nueve concejales y exconcejales que tendrían un valor de $20.000 millones, El Espectador conoció el auto de inicio de extinción de dominio de tres de estos últimos procesos. Se trata de las decisiones contra el cabildante Julio César Acosta y los excabildantes Orlando Parada y Édgar Torrado García, a quienes las autoridades en las segunda semana de septiembre les quitarían los inmuebles y les secuestrarían sus cuentas bancarias, así como también a sus familiares.
El proceso más grande que adelanta la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra un exconcejal es el de Édgar Torrado, de quien tiene la sospecha, habría logrado ocultar alrededor de $7.000 millones. A su vez, una de las más grandes sorpresas, es que entre los familiares de Torrado que también resultaron perjudicados con esta decisión está su hermano, el excongresista Efraín Torrado —investigado por la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias—. Y es que según lo reveló este diario, ambos hombres se habrían apoderado entre 2008 y 2009 de más del 30% de los contratos adjudicados por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). En pocas palabras eran amos y reyes del negocio de suministro de alimentos en Bogotá.
La Fiscalía le embargó a Édgar Torrado seis sociedades que, según informes del CTI, serían las cooperativas y empresas con las que los hermanos Torrado se apropiaron de jugosos contratos. Las más conocidas por las autoridades son Internacional de Negocios, la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversión y Cooprosperar. Entre las pesquisas adelantadas por el ente investigador, se encontró que en mayo de 2008, la primera de estas firmó un contrato por $8.800 millones y en marzo de 2009 otro por $37.000 millones. La segunda ganó 14 licitaciones que sumaban $6.790 millones. La última, Coopoerar, pertenecía a la Unión Temporal Alimentación Solidaria, a la que se le adjudicaron en septiembre de 2008 $67.800 millones y en abril de 2009 $47.000 millones.
El último negocio —en el que participaron Cooprosperar y Surcolombiana— se firmó en septiembre de 2009 por $49.000 millones. Es así, que a los hermanos Torrado, junto a uno de sus socios principales, Luis Humberto Contreras, y un familiar, René Torrado Hernández —estos dos últimos, al parecer, dirigían las cooperativas—, les embargaron apartamentos en Bogotá y Cartagena. Al exconcejal Torrado le secuestraron también nueve cuentas bancarias y 5.457 acciones relacionadas con el Grupo Aval y Valores S.A. y que tienen un valor de $6.743.706.
En cuanto al exconcejal Orlando Parada, quien está afrontando su juicio por, al parecer, haber recibido coimas en contratos de la Unidad de Malla Vial (UMV), la Fiscalía inició proceso de extinción sobre bienes que están avaluados en $5.500 millones. Cuatro apartamentos a nombre del excabildante fueron embargados. También, dos propiedades en el norte y el sur de Bogotá que estaban a nombre de su esposa, María Elizabeth Jativa. Fuera de las cinco cuentas y ocho vehículos que también le secuestraron a la sociedad Parada Jativa S.A. que tenía un valor capital de $364 millones.
Parada ha sido uno de los hombres más salpicados del carrusel de la contratación. “Es como mi hermano. Hace más de 20 años que nos conocemos. Comenzamos a compartir y a vivir las ilusiones de salir adelante con el tema profesional y político. Hasta cuando llega el monstruo de la corrupción y nos atrapa. Participamos en una empresa criminal”, fueron las palabras del abogado Manuel Sánchez, el principal testigo en su contra y quien reveló los detalles de cómo, junto al exdirector de la UMV, Iván Hernández, y el exconcejal Andrés Camacho Casado, se apropiaron de todos los negocios de esa entidad. Además, como se lee en la resolución de la Fiscalía: “el 27 de noviembre de 2009 fueron adjudicados dos contratos, uno por $36.344 millones y otro por $337 millones (...) ambos fueron adjudicados al mismo contratista por instrucción de Hipólito Moreno y Parada”.
El último de los salpicados es el actual concejal Julio César Acosta Palacio (ver El concejal Acosta se defiende), quien según la Fiscalía ha sido señalado por irregulares manejos de contratos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, ya que la hipótesis de las autoridades es que en la entidad se repartían contratos a dedo que no superaban los $500 millones. A Acosta, quien llegó al concejo en 2008, le van a embargar cuatro propiedades. Las dos primeras son una finca que adquirió en agosto de 2004 en la vereda Caracol en Arauca y un predio en el casco urbano del mismo municipio que compró en 2009.
Asimismo, le dictaran medidas cautelares a una finca en Guaduas (Cundinamarca) de 40 hectáreas y un apartamento en Bogotá. También llama la atención que entre los embargos de Acosta están bienes de su esposa Andrea Carolina Olano —en los documentos de la Fiscalía aparece como Andrea Constanza—. Se destacan los derechos fiduciarios de una fracción de una casa ubicada en la Hacienda Sumapaz en Melgar (Tolima) y 1.000 acciones de AO Comunicaciones y Marketing S.A.S.
Estos son los nuevos frentes de investigación en los que avanza la Fiscalía en el denominado cartel de contratos. Hasta el momento los tres hombres que hicieron parte del cuestionado Concejo durante la época del exalcalde Samuel Moreno tendrán que justificar que sus propiedades no fueron adquiridas con dineros ilícitos. Sin embargo, hasta nuevo aviso todos sus bienes estarán embargados y no se podrá realizar ninguna actividad comercial sobre ellos. Aun faltan los autos de inicio de otros seis concejales, y según dijo en días pasados el ente investigador, el avalúo de todos estos inmuebles —alrededor de $20.000 millones— es catastral, por lo que el comercial superaría esta cifra con creces.