:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/BcpSVmq8zhB_Yy80chpvXyOSt4U=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/UWOXTKE7XVBI3HCNCLACWBBJWM.jpg)
Los alcances de las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación sobre el carrusel de la contratación ya excedieron los límites de la capital del país. El domingo pasado, este diario reveló que Julio Gómez (cuestionado empresario) había celebrado contratos con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional que, hoy por hoy, está bajo la batuta del hermano del concejal Orlando Parada, el general Gabriel Parada.
Los alcances de las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación sobre el carrusel de la contratación ya excedieron los límites de la capital del país. El domingo pasado, este diario reveló que Julio Gómez (cuestionado empresario) había celebrado contratos con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional que, hoy por hoy, está bajo la batuta del hermano del concejal Orlando Parada, el general Gabriel Parada. Ahora, las averiguaciones del ente acusador llegaron a las Fuerzas Militares, con especial atención sobre los contratos que tiene el círculo familiar del concejal Javier Palacio Mejía. Negocios que, entre 2009 y 2013, suman casi $33.000 millones.
“No queremos llegar a pensar que en el interior de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se está siguiendo presuntamente el mismo ejemplo bochornoso del carrusel de la contratación en el Distrito. Siempre son los mismos contratistas: Manufacturas Delmyp, Inversiones Derca y Manufacturas Rosse, los cuales todos son una misma familia”, le dijo el brigadier general Gustavo Álvaro Porras Amaya, exdirector de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, a Noticias Uno el pasado mes de abril.
Javier Palacio ha sido mencionado por testigos e implicados en el proceso del carrusel de la contratación como uno de los concejales que se habrían ‘apoderado’ del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito. Sin embargo, aún la Fiscalía no ha anunciado una investigación formal contra él. “Ninguna de las empresas de mi familia tiene contratos con el Distrito”, le dijo el cabildante a este diario. No obstante, la empresa Inversiones Derca SAS, de la cual su hermano Alberto Alexis Palacio Mejía ha sido parte como subgerente y representante legal, sí firmó un contrato el 27 de diciembre de 2011 con el Fondo de Vigilancia y Seguridad, durante la administración de Samuel Moreno, por $1.910 millones para suministrar guantes y pasamontañas a la Brigada XIII del Ejército, con una adición de $938 millones.
El mismo concejal Palacio le dijo a este diario: “Si Derca o mi hermano actuaron de forma ilegal, que les caiga todo el peso de la ley”. El cabildante describe la relación con su hermano como solamente “sanguínea”, y es insistente en que, dada la lejanía con Alberto Alexis Palacio, “no conozco si se presenta a procesos licitatorios con la ciudad o el Estado”. Este diario pudo establecer que, además de Derca SAS, la familia de Palacio ha contado con la suerte de ser beneficiaria habitual de los procesos contractuales y licitatorios con las empresas Confecciones Ross, Manufacturas Delmyp SAS (de la que el concejal es accionista) y, como si fuera poco, Rosemary Palacio Mejía, hermana del concejal, oficia como persona jurídica en varios negocios con el Estado.
Tres de las empresas identificadas (Derca, Confecciones Ross y Delmyp) firmaron entre 2009 y 2013 un total de 67 contratos, que juntos suman casi $33.000 millones. La empresa que más contratos firmó fue Derca, con un total de 31 por casi $19.000 millones. A esta empresa le sigue Confecciones Ross, que logró 23 por valor cercano a los $8.000 millones, y finalmente Delmyp, con 13 por valor cercano a los $6.000 millones.
Firmaron contratos con el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, la Fiscalía, la Agencia Logística de las FF.MM., la Armada Nacional, el Fondo Rotatorio de la Policía, la Alcaldía de Chiquinquirá y hasta el desaparecido DAS. Con la entidad que mejor les fue contractualmente fue el Ejército, con el que celebraron 16 contratos por casi $13.000 millones; seguida de la Policía Nacional, con la que celebraron 17 contratos por $10.500 millones. Con la Fuerza Aérea fueron 15 contratos, por casi $3.000 millones; con la Fiscalía, 3 por valor de $2.200 millones; con la Agencia Logística de las FF.MM., 6 por $2.114 millones; la Armada, 5 por $870 millones; el Fondo Rotatorio de la Policía, 3 por $255 millones, y con el DAS, uno por $60 millones.
El año en el que mejor le fue a la familia Palacio fue 2011, cuando les adjudicaron 30 contratos por un valor cercano a los $12.000 millones. Luego en 2012, cuando les adjudicaron 17 por un valor $8.200 millones.
Otro de los puntos que llama la atención de algunos de los contratos que ganaron las empresas Palacio es que en repetidas ocasiones dos o más empresas del clan fueron oferentes de los mismos procesos licitatorios. Por ejemplo, las empresas Derca, Delmyp, Rosse y la unión temporal Indumorrales se presentaron en el año 2011 a una licitación de Catam para “la adquisición de chalecos antiesquirlas para las diferentes tripulaciones del comando aéreo de transporte militar”. También que en el proceso de selección abreviada N° 166 de 2011 para la “adquisición de gafas con destino al Ejército Nacional” de la Agencia Logística de las FF.MM. sólo se presentaron Delmyp y Derca (la ganadora). Además, que para el proceso licitatorio de unas carpas “tipo modular” del mismo Ejército, de octubre de 2011, se presentaron Derca y Rosse.
El que varias personas de la misma familia con cercanos lazos de consanguinidad se presenten a una misma licitación, pero representando a diferentes empresas, podría ser polémico. De acuerdo con un abogado experto en contratación, consultado por El Espectador, al estar participando en un procedimiento administrativo, como la selección de un contratista, estas personas podrían estar incurriendo en el delito de fraude procesal. Agrega que con el nuevo Estatuto Anticorrupción se creó el delito de colusión, que consiste en el acuerdo de varios proponentes en un proceso de contratación para alterar sus resultados. Sin embargo, ninguno de estos delitos le ha sido imputado a ningún miembro de la familia Palacio Mejía, ni se ha abierto una investigación formal.
Mientras tanto, en las Fuerzas Militares la preocupación es evidente. Durante la semana que termina, algunos oficiales expresaron que la Fiscalía estaría a punto de revisar la contratación de la familia Palacio con la Brigada XIII especialmente, cuyos procesos contractuales están a cargo del Distrito. Por ahora es evidente que los lazos contractuales trascienden a lo nacional.
Los líos de la empresa del concejal en Perú
De acuerdo con una investigación del diario La República de ese país, el ejército peruano adquirió en “2008 equipos de campaña por un monto de US$98.330, pero pagó US$1’067.000 por concepto de traslado de Colombia a territorio nacional. Es decir, se pagó 10 veces más del valor original”.
El ejército peruano declaró ante la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) US$98.000, adjuntando una factura comercial con fecha del 30 de octubre de 2008 por la empresa Manufacturas Delmyp (de la que el concejal Javier Palacio es accionista). Sin embargo, la misma entidad detectó una transferencia bancaria por un monto que superaba el US$1 millón.
Esa entidad le solicitó a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) la verificación de la factura. El resultado: Delmy presentó en Colombia una factura por US$1’166.450. Luego de una investigación conjunta, la Sunat advirtió que el precio de la mercancía sí había sido de US$98.000 y que la embarcadora Perú Multimodal Logistic, que trasladó la mercancía de Colombia a Perú, había cobrado por sus servicios sólo US$3.600.
El padrino y el Fondo de Vigilancia
El concejal Javier Palacio conoció al general (r) Álvaro Miranda Quiñónez en el bachillerato. “Era un hombre muy cercano a la familia. Siempre le tuve admiración. Por eso fue mi padrino de matrimonio en el año 2008”, confiesa el cabildante.
Un año después, el 14 de mayo de 2009, durante la administración de Samuel Moreno, fue nombrado subgerente técnico del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito. Ocupó ese cargo hasta el 31 de marzo de 2011.
Durante su período como funcionario fue firmado el contrato con la firma Verytel S. A. por cerca de $40 mil millones que hoy es objeto de investigación por parte de la Fiscalía para el suministro de sistemas de vigilancia en patrullas y colegios. En ese negocio también habría participado Liliana Arévalo como asesora jurídica del Fondo, quien, en 2007, participó en la campaña de Palacio a la Cámara de Representantes.
Miranda Quiñónez fue comandante del distrito de Policía del Valle, de Boyacá, estuvo en el Colegio Interamericano de Defensa, director de Bienestar Social de la Policía y comandante de Santander.
*Nota del Editor: En una providencia fechada el 18 de febrero de 2015, la Procuraduría resolvió abstenerse de continuar la investigación contra Javier Manuel Palacio Mejía, quien para la época de los hechos actuaba como Concejal de Bogotá, y en consecuencia ordenó el archivo definitivo de la misma.