“Los prejuicios son combustible para los feminicidios”: Isabel Agatón

La exrepresentante de las familias de Yuliana Samboní y las víctimas del asesino de Monserrate habla sobre feminicidio y reflexiona acerca de los aciertos y errores de la justicia en casos de violencia contra la mujer.

Camila Guerrero Arciniegas
27 de abril de 2017 - 11:28 a. m.
“Los prejuicios son combustible para los feminicidios”: Isabel Agatón

El lunes, en la localidad de Kennedy, Jénnifer Katerin Cáceres fue apuñalada por su esposo. Hace tres semanas, a Claudia Giovanna Rodríguez la mató su expareja en el centro comercial Santafé. En diciembre, Rafael Uribe Noguera violó, torturó y asesinó a la niña Yuliana Samboní... Todas las semanas se conoce un feminicidio en Bogotá. La lista de víctimas es larga y la preocupación crece.

En medio de este trágico panorama, el nombre de la abogada Isabel Agatón se ha escuchado con frecuencia, no sólo como defensora, sino como experta. Desde la Secretaría de la Mujer representó a las familias de las víctimas de los casos más aberrantes, como las de Freddy Valencia, también conocido como el “asesino de Monserrate” y la familia Samboní. Además, promovió la ley de Rosa Elvira Cely.  En entrevista con El Espectador habla del feminicidio y de los aciertos y errores de la justicia en los casos de violencia contra la mujer.

Si el feminicidio es tan antiguo, ¿por qué hasta ahora hay penas altas?

Vivimos en una cultura patriarcal que históricamente ha legitimado a los hombres para ejercer el poder sobre la vida, la libertad, la autonomía y la sexualidad de las mujeres. Incluso, el mismo derecho cumplió un papel específico en ese sentido. En el Código Penal de 1936 había una disposición que le permitía al esposo darle muerte a la esposa si la encontraba teniendo una relación sexual o afectiva con otro. Esta práctica se denominaba uxoricidio. En esos casos no había lugar a pena, ya que se consideraba que él estaba defendiendo su honor. En mi reciente libro denuncio la complicidad del derecho en torno a la violencia que se ha ejercido contra la mujer. Sin embargo, el feminicidio de Rosa Elvira Cely, la mujer que fue violada y asesinada por un compañero en el Parque Nacional, sentó un precedente en la norma. A partir de su muerte nació la Ley del Feminicidio.

A casi dos años de la ley, ¿cuál es su balance?

Se debe reconocer que la ley posibilitó sancionar de manera proporcional los feminicidios. Ya contamos con más de 40 sentencias en las que se establecen penas mayores a 40 años. Eso es importante, porque antes un hombre que mataba a su esposa o abusaba de ella, para luego darle muerte, era juzgado por homicidio y fácilmente quedaba libre en 15 años. Ahora no. Desde la Ley Rosa Elvira Cely se les da una pena máxima y no tienen derecho a rebajas. Además, ya hay instituciones, como la Secretaría de Mujer, que les ofrecen representación legal a los familiares de las víctimas. También surgieron protocolos para el riesgo feminicida. Por ejemplo, Medicina Legal alerta sobre las mujeres que están en riesgo de ser asesinadas. Este año anunció que 2.000 pueden morir a manos de su pareja o expareja en Colombia.

¿Cuáles son los retos frente al feminicidio?

Persisten prejuicios y estereotipos por parte de servidores públicos, que terminan justificando las violencias contra las mujeres. Creo que el mayor obstáculo para acabar con la cadena de feminicidios es seguir validando las acciones de los agresores, basadas en concepciones arcaicas como, por ejemplo, decir que la mujer se lo buscó por andar con uno y con otro o por llevar la falda corta. Mientras existan jueces que quieran proteger el bien jurídico de la familia por encima de los derechos de quienes la integran, o que protejan los derechos del progenitor a pesar de ser un maltratador, es difícil eliminar las violencias contra las mujeres.

En cuanto a los familiares de las víctimas, ¿qué reparaciones reciben los niños que quedan huérfanos tras un feminicidio?

Nada. El Estado no se responsabiliza ni ha pensado en medidas de reparación efectivas para ellos o para sus familias. El problema aquí es que por lo general el perpetrador no tiene bienes y si los tiene alcanza a insolventarse. De manera que es difícil conseguir una reparación económica. El Estado tampoco ofrece tratamientos psicoterapéuticos que ayuden a los hijos y a las hijas a hacer el duelo. En mi libro llamo la atención sobre la necesidad de que el Gobierno asuma la responsabilidad, indemnice a los familiares de las víctimas y les ofrezca un tratamiento clínico para superar el duelo. La Procuraduría debería llamar la atención sobre la responsabilidad que tiene el Estado en estos casos, por los cuales no ha hecho nada.

En los últimos feminicidios, los agresores dicen estar locos para conseguir rebajas de penas. ¿Cómo evitar esta situación?

La Ley Rosa Elvira Cely contribuyó a demostrar que, aunque en la mayoría de los casos los agresores se hacen pasar por locos, esta justificación se puede desvirtuar demostrando que el feminicidio fue el resultado de una violencia continuada contra la mujer durante la relación de pareja. Lo cual visibiliza que el perpetrador lo pensó, lo planeó, escogió el arma, la hora y el lugar. En ese sentido, se cae el argumento de que el agresor actuó en un estado de locura o preso del intenso dolor.

¿Por qué decidió escribir el libro “Si Adelita se fuera con otro. Del feminicidio y otros asuntos”?

Escribí el libro con el fin de aportar herramientas teóricas y legales para la comprensión de las violencias contra las mujeres y el feminicidio por parte de estudiantes de Derecho, litigantes, jueces, fiscales, magistrados, investigadores criminales, medios de comunicación y la sociedad entera.

¿Qué encontrarán los lectores?

Un esfuerzo por visibilizar el feminicidio no como un hecho aislado sino como el fenómeno de una cultura patriarcal. Abordo la reflexión sobre sentencias emblemáticas que pudieron ser género sensitivas, resalto la importancia de evitar que se justifiquen los asesinatos contra las mujeres por celos y comparo la normativa de Colombia con la de otros países, entre otras cosas.

Por Camila Guerrero Arciniegas

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