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Inquietudes sobre el diseño de la obra, fallas en la señalización de desvíos que han generado accidentes, tala descontrolada de árboles, quejas por las filtraciones de aguas negras y el pedido para trasladar un tanque de agua de un edificio son los principales reparos de los vecinos del Chicó frente a la megaobra de la glorieta deprimida de la calle 94 con NQS. Hace seis meses el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ordenó el comienzo de la construcción cuyo valor es de $85.000 millones.
La construcción de la glorieta para conectar la calle 94 con la NQS ha sido una de las obras más polémicas de la ciudad. El proyecto hace parte del primer grupo de valorización que fue pagado por los ciudadanos en el cobro hecho entre 2007 y 2008, cuando no se sabía ni siquiera cuánto costaría porque no había estudios técnicos.
Luego fue adjudicado en noviembre de 2009 al consorcio Conexión, conformado en su mayoría por empresas del investigado contratista del “carrusel de la contratación”, Julio Gómez. En 2010 los trabajos quedaron estancados porque requerían la intervención de importantes tuberías de abastecimiento de agua para la capital como la red matriz de Tibitoc, y por esta razón las empresas de servicios públicos no aprobaron los diseños. Cuando los múltiples retrasos del contratista fueron evidentes, el interventor lo reportó al IDU, que decidió suspender la obra.
En febrero del año pasado María Fernanda Rojas, recién posesionada en su cargo como directora del IDU, adjudicó la obra al consorcio AIA-COCAY 2012 por $85.266 millones. La funcionaria, que esperaba que los trabajos empezaran en agosto o septiembre de 2012 tuvo que postergarlos hasta tener aprobado por completo el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) de la zona, debido a que se intervendrían vías entre las calles 95 y 93B y avenida NQS y carrera 18.
En febrero de este año comenzó la construcción, que ha generado molestias a los vecinos, quienes ayer, por fin, se las expresaron cara a cara a los funcionarios del Distrito. Fue en un encuentro convocado por la misma comunidad, y el personero Ricardo Cañón en el marco de la Revisión a la Gestión Pública del deprimido calle 94 en manos del ente de control.
Alba Cruz, representante de Corpocountry, es una de las residentes que tiene dudas frente a los diseños actuales de la obra y cómo impactarán la zona. No comprende por qué -según los modelos en los que trabaja el contratista- el deprimido quedará tan cerca a edificios residenciales de la calle 94 dificultando la entrada de los carros a los parqueaderos subterráneos, cuando otras zonas como el Hotel Dann tienen un espacio más generoso.
Además, señalan faltas en la señalización del PMT, lo cual ha generado accidentes recientes como el de una tractomula que chocó contra un árbol en el cruce de la calle 100 con carrera 21. Frente a esta denuncia, el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, ordenó hacer un recorrido con la comunidad entre ayer y hoy para conocer las mejoras que se deben hacer en este tema crucial para que los ciudadanos sepan por dónde deben hacer desvíos, por ejemplo.
En cuanto a la parte ambiental, Beatriz Arango, presidenta de la Asociación de Residentes del Chicó (Archi) cuestionó la tala de árboles que ha hecho la administración y que no se recogen con prontitud los residuos. El secretario de Ambiente, Néstor García, respondió que de los más de 1.100 árboles de la zona de influencia de la obra, el 70% fueron conservados o trasladados y 326 se talaron. Respecto a quejas por la filtración de aguas negras a los edificios, el director de la Red Matriz del Acueducto, Mauricio Jiménez, dijo que la empresa solicitó una revisión para verificar si el problema se debe a la ejecución de la obra.
Uno de los grandes problemas legales que aún afecta la construcción de la obra es que la mayoría de los residentes del edificio Suite Crown, en la carrera 21 con calle 94, se resisten a quitar el tanque de agua que está en el antejardín (ver foto) debido a que según señala Armando Escobar, no es posible hacer el traslado porque generaría problemas en la estructura de la edificación.
Se trata de una polémica en la que el IDU decidió expropiar este terreno debido a que los encargados de la construcción del edificio, que no son los mismos residentes, no cumplieron hace 20 años con la licencia que indicaba que el tanque debía estar en el sótano, explicó Libardo Celis, subdirector técnico del IDU.
Celis dijo que frente a otras inquietudes relacionadas con aspectos técnicos de la obra, la entidad dará respuesta la próxima semana. La secretaría de Planeación señaló que de encontrarse la necesidad de hacer cambios en el diseño del proyecto, se empezarían a valorar las posibilidades.