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A un mes de las elecciones, la caza de votos apunta a grupos o gremios con gran caudal electoral. El de los taxistas es uno de los más atractivos y el momento para conseguir su apoyo es perfecto: los conductores libran una batalla contra la aplicación Uber, que consideran ilegal y una amenaza para su trabajo. Por eso, apoyar o rechazar su lucha es un riesgo que cada candidato a la Alcaldía analiza, en especial si creen en los cálculos políticos que hace el gremio: entre conductores, mecánicos, familiares y amigos, dicen sus líderes, le pusieron 254.000 votos al alcalde Gustavo Petro en las pasadas elecciones.
Quizás esta sea la razón por la cual, luego de dos años de choques y enfrentamientos entre conductores, tanto el Gobierno como los candidatos empiezan a pronunciarse respecto al tema, a sentar posición y exigir medidas. Sin embargo, para algunos, el primero en ponerle el tinte político a este debate fue el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, cuando anunció hace un par de semanas que él, y no la ministra de Transporte, se encargaría personalmente de buscar una salida al caso taxis vs. Uber.
Uno de los primeros en reaccionar ante este asunto (y quien también hace sus cálculos políticos) fue el candidato Rafael Pardo, que ayer radicó una carta dirigida al vicepresidente en la que, luego de resaltar su gestión como ministro de Trabajo a favor de los taxistas, pidió combatir la piratería en el transporte público de pasajeros, dictando normas claras, severas y eficaces. Sin embargo, en el documento mencionó los intereses políticos que tendría Vargas Lleras en este debate de los carros amarillos y Uber.
“En las calles hay el rumor de que su interés de asumir el asunto está asociado a la época electoral y a la intención de conseguir el apoyo del sector de los conductores de taxi para el candidato que apoya su partido Cambio Radical (Enrique Peñalosa). Me niego a creer esa interpretación, aunque coincida esa súbita preocupación que no había manifestado en estos largos meses en los que la situación se ha agravado, al extremo de que vehículos particulares estén prestando el servicio público de transporte. Cualquiera sea la motivación, me atrevo a sugerirle que considere los siguientes factores para que la nueva normatividad esté de acuerdo con el postulado del Gobierno que usted representa de construir equidad para todos”, fueron las palabras de Pardo respecto al anuncio de Vargas Lleras de reglamentar Uber.
Peñalosa, quien fue consultado ayer por W Radio sobre ese posible efecto de favorecimiento a su campaña, dijo no conocer la carta ni saber cómo lo favorecería. Pero mientras los ánimos políticos se calientan alrededor de esta batalla, un sector de los taxistas pide que todos los candidatos se aparten del debate. Hugo Ospina, líder de Asoprotax, una asociación de taxistas de la capital, dijo a este diario que “nunca hicieron nada en este problema, en el que llevamos dos años. Ningún político fijó antes una posición. Que no sean irresponsables al tomar esto como caballo de batalla para coger los votos de unos u otros. La única posición válida es que defiendan la institucionalidad. Si el Gobierno declaró ilegal a Uber, lo que deben hacer es combatirla”.
Lo que dicen los candidatos sobre la lucha taxis vs. Uber
La candidata del Polo, Clara López, dice que ella reglamentaría la aplicación de manera que se pueda usar en vehículos autorizados para el servicio público individual, pues es una herramienta que ofrece confianza y seguridad a los clientes.
Rafael Pardo señala que la regulación no puede perjudicar a quienes están en la legalidad, a los taxis, ya que tienen condiciones de operación como el Pico y Placa y tarifas reguladas a las que no están sujetos los carros que usan Uber.
Francisco Santos, del Centro Democrático, asegura que hay que defender el empleo de los taxistas regulando el negocio de los cupos. Promete crear una plataforma tecnológica para taxis, de manera que compitan en las mismas condiciones que Uber, para que no circulen por toda la ciudad, sino que el usuario sea quien los llame.
Enrique Peñalosa, del movimiento Equipo por Bogotá, indica que en otras ciudades del mundo el servicio de taxis está regulado, de tal forma que un ciudadano particular no puede salir a prestar el servicio en su carro. Afirma que si los carros amarillos pagan un cupo de unos $120 millones, los carros blancos uno cercano a los $10 millones y Uber X no paga nada, debe haber tratamiento equitativo para todos.
Por su parte, Daniel Raisbeck, del Movimiento Libertario, destaca que las innovaciones digitales no son piratería, sino soluciones que brindan a las personas una mejor calidad de vida. La solución, para él, es eliminar el sistema de cupos, los impuestos excesivos y legalizar a Uber para que sea una sana competencia.
Los candidatos siguen en carrera por conquistar este sector. Ahora está en manos de los conductores decidir a quién le creen.