Lucha por proteger el Sumapaz

Los campesinos de la provincia de Sumapaz piden parar las exploraciones mineras en la zona.

“Porque preferimos el agua antes que el petróleo. Porque preferimos la vida antes que la riqueza”. Este es uno de los argumento incluidos en el derecho de petición que 25.000 habitantes de la provincia de Sumapaz le enviaron al presidente Juan Manuel Santos para exigirle la anulación de los contratos de exploración y explotación minero-energéticos que se adjudicaron a varias multinacionales en esta zona de Cundinamarca.

Ante la petición, el Gobierno aseguró que está evaluando las licencias otorgadas y que no descarta anularlas en caso de comprobar que su implementación afecta a uno de los ecosistemas más importantes del país. A pesar de este anuncio, entre la comunidad hay muchas dudas, pues no saben qué podría pasar con este corredor ecológico si de la mano de la minería llegan a la zona procesos industriales.

“Para la comunidad es preocupante que empiecen a explorar cerca del páramo más grande del mundo. Si alguien sabe de su importancia por la generación de recursos hídricos somos nosotros, los campesinos que vivimos de ellos. No queremos que contaminen el ecosistema que nos da agua a Cundinamarca y a Bogotá”, aseguró Filiberto Vaquero, uno de los voceros de la comunidad.

La preocupación no es nueva. Ya la habían expresado en 2011 cuando se otorgó una licencia de exploración y explotación de hidrocarburos a una multinacional canadiense. Gracias a la protesta de la comunidad, se logró su suspensión. Ahora la preocupación es mayor: hay nueve proyectos mineros que, según el derecho de petición, amenazan el páramo, entre ellos una licencia de explotación de arena silícea, tres contratos para extracción de materiales para construcción, un contrato de concesión para explotar carbón y cuatro de hidrocarburos (ver infografía). Estas licencias abarcan territorios de 30 municipios, entre ellos Silvania, Fusa, Pandi, San Bernardo, Icononzo, Tibacuy, San Bernardo, Arbeláez, Arapaima, Nilo, Soacha, Fusagasugá y Sibaté, entre otros.

En el derecho de petición, que se le envió al presidente hace una semana después de la movilización cuyo lema fue “Caravana en defensa del agua y el territorio de la región de Sumapaz”, es evidente la preocupación de los campesinos que viven en las poblaciones ubicadas en las laderas del páramo. “La gran mayoría de los municipios están en la cuenca del río Sumapaz, es decir, están protegidos al tenor de lo dispuesto en el decreto 1640 de 2012, que impide cualquier tipo de actividad minero-energética cerca de estas fuentes hídricas”, dice el documento.

También se alerta sobre la posible contaminación de los ríos, que son finalmente los que les permiten continuar con sus actividades agrícolas, las cuales representan hoy, según ellos, el 14% de la producción alimentaria del país. Su alarma se debe a que en esta región nacen los ríos Sumapaz y Cuja, que abastecen de agua a 10 municipios de Cundinamarca y Tolima. Además “nacen otros como el Meta, el Ariari y el Guayabero (afluentes del Orinoco), unas 20 lagunas y la cuenca del río Tunjuelo, de la que toman el agua dos millones de personas de cinco localidades de la capital”, asegura Alfredo Díaz, otro de los voceros de la comunidad.

Una parte del documento es enfática en advertir que gran parte de la región del Sumapaz está afectada por una falla geológica, que empeoraría por los efectos de la sísmica (proceso para la identificación de reservas de hidrocarburos) y demás actividades que se lleven a cabo en la exploración y explotación de los recursos naturales, según un estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Pero los ciudadanos no sólo le temen por los efectos de la sísmica y la posible contaminación de sus afluentes hídricos. También creen que se podría malgastar el agua con los posibles procesos industriales que se aplicarían en la región. Por ejemplo, esto podría ocurrir en el caso del fracking (fractura sísmica), procedimiento para el cual se necesitan 25.000 metros cúbicos de líquido. Sin embargo, vale aclarar que el uso de este método todavía está en veremos, pues el Gobierno aún evalúa su implementación.

Ante las peticiones de los campesinos, Gabriel Vallejo, ministro de Medio Ambiente, aseguró que se está revisando los títulos mineros y las licencias ambientales, al igual que la forma cómo se están llevando a cabo la exploración y la explotación en los municipios. Según el funcionario, empezará reuniones con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), para analizar el derecho de petición. A partir de eso “se tomarán decisiones”, indicó.

Sin embargo fue enfático al afirmar que estos no son proyectos nuevos y que se ejecutan desde hace mucho tiempo y por lo tanto, no se puede emitir un juicio de valor a la ligera. “Aspiro a tener próximamente un panorama aterrizado. Después de esto nos sentaremos a hablar con las comunidades”, agrega el ministro Vallejo, quien lleva tres semanas en el cargo.

Falta información

La última acción de resistencia de la comunidad contra estos proyectos se vivió hace unas semanas, en el municipio de San Bernardo, cuando los habitantes bloquearon el paso de maquinaria, para evitar la primera etapa de exploración. Ante la acción de la comunidad, la compañía se retiró. Aunque por ahora está autorizado el estudio de sísmica, que cubre al 1% de la población de San Bernardo y Arbeláez, la falta de información es uno de los ingredientes que aumentan la preocupación de la comunidad.

Según Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, el gran problema radica precisamente en este punto: “El Gobierno no se ha sentado con las comunidades y reina la desinformación. Entonces, cuando llegan las máquinas, no saben qué ocurre. Lo cierto es que las exploraciones sísmicas se adelantan actualmente en las zonas que no son del páramo. Nuestra recomendación al Gobierno es que se haga una socialización con la comunidad, porque ellas dicen que no se oponen rotundamente, pero piden que se hagan en las partes bajas y no en las zonas de nacimientos de agua. A la comunidad le molesta que empiecen con las exploraciones sin contarles qué está pasando. Hasta el momento, ni siquiera nosotros hemos sido invitados a participar”, agrega Cruz.

Sin embargo, frente a este argumento, el vocero Alfredo Díaz piensa otra cosa. Él es claro en señalar que no están de acuerdo con la llegada de multinacionales a la provincia de Sumapaz, ni en el páramo ni en ninguna parte. “Ante eso no hay discusión. Queremos que se nos respete el derecho a la vida, al ambiente sano, a prevenir el deterioro ambiental y a los intereses colectivos”, aclara Díaz.

El Espectador intentó comunicarse con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y con la Agencia Nacional de Minería (ANM) para conocer el estado de los proyectos y las licencias. Sin embargo, indicaron que por ahora no es posible hablar con un vocero, porque apenas se están posesionando las nuevas directivas.

Mientras se siguen analizando los pros y los contras de los proyectos mineros en Sumapaz, la bancada de la Alianza Verde en el Concejo de Bogotá anunció una investigación para realizar un debate de control político y mostrar los riesgos de la minería en esta zona, especialmente para los habitantes de la capital y los municipios aledaños, cuyo abastecimiento de agua depende del corredor ecológico. “Nosotros morimos por esta causa. El agua es sagrada y la plata que produzca la extracción de nuestros recursos naturales no va a suplir jamás la carencia de este líquido. Vivimos de esto y la defenderemos hasta donde sea necesario”, agrega el vocero Díaz.

Por ahora, el futuro de la provincia de Sumapaz es incierto. Todos están a la espera de que el Ministerio de Ambiente, en conjunto con el de Minas y Energía, revise las licitaciones ambientales y los contratos otorgados a las multinacionales. Mientras eso pasa, los campesinos siguen frenando la llegada de la maquinaria y esperan que, tal como ocurrió en el departamento del Huila cuando el Gobierno rescindió a una petrolera el contrato para la explotación de hidrocarburos para proteger la cuenca del río Las Ceibas (que surte de agua a Neiva), a ellos también los escuchen y protejan su derecho a defender el agua, que no sólo beneficia a los defensores del páramo sino a miles de habitantes de la región.

 

 

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