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La reparación de las víctimas que sufrieron ataques con agentes químicos está lejos de ser una realidad. En algunos casos pasó más de un año; en otros, más de una década, y el ácido sigue en la piel. Desde que la Secretaría de la Mujer fue creada (junio de 2012) empezó a estudiar los ataques con agentes químicos en la ciudad y encontró que existen obstáculos en los sistemas de salud, laboral y judicial para que las mujeres sean reparadas.
En 2012, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, se registraron 35 agresiones en Bogotá, 26 de ellas a mujeres. En el país, según la misma fuente, 80 mujeres sufrieron este tipo de ataque (48,6% son mujeres cabeza de familia). “Vinieron personas a tomarse fotos con ellas, salieron en los medios y luego pasaron la página. Ellas quedaron desprotegidas”, dice Gina Potes, colaboradora de la Secretaría de la Mujer y víctima, también, de un ataque con ácido.
La historia de Elizabeth Ruales es una de las que reposan en el archivo de la Secretaría: “El 24 de enero de este año fui atacada con un balde lleno de glicol 50. Trabajaba como inspectora de seguridad industrial en una obra de construcción. Le llamé la atención a un trabajador. Empezó a agredirme y traté de ignorarlo. A él le dio rabia y me tiró el químico en la parte izquierda de la cara; afectándome también los brazos y las piernas”.
Ruales no consiguió nada más allá que una atención en urgencias: “La primera asistencia médica fue un lavado con abundante agua. El químico con el que fui atacada es un alcalino de 8,5, esto quiere decir, que el contacto con el agua genera más quemadura”.
Ni la ARP ni la EPS en las que estuvo afiliada querían hacerse cargo de la curación: “La ARP me negó la atención porque según ellos eran lesiones personales y no un accidente laboral. La EPS me ha dado citas cada tres meses; mientras tanto, me recetaron diclofenaco y acetaminofén. Un oftalmólogo especialista me diagnosticó leucoma con posibilidad de perder la visión”. Elizabeth Ruales asumió los costos de los procedimientos médicos. “El 30 de agosto, ARP Positiva aceptó que era un accidente laboral. De los tratamientos de oftalmología, cirugía plástica, dermatología y psicología sólo he conseguido que me atiendan en oftalmología”.
Después de recibir el dictamen de Medicina Legal, Ruales instauró la una denuncia ante la Fiscalía: “Le imputaron cargos por lesiones personales y no por tortura. No quiero que el caso quede en la impunidad”. Hoy, Ruales sigue incapacitada. No pudo volver a trabajar porque la rechazaron: “era como si les repugnara. Tuve que sacar a mis dos hijos de la ciudad y quedé encerrada en la casa. La relación con mi esposo decayó y lo peor es que el señor que me agredió todavía me amenaza, me intimida. Vivo en un estado depresivo muy fuerte”.
Por casos como este, Gina Potes creó la Fundación Reconstruyendo Rostros, que busca una atención integral para las mujeres: “Fui atacada en 1996 y aún no he conseguido una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Empecé a encontrar casos similares en otras zonas del país y me di cuenta de que éstos también seguían impunes”. Los ejes de la nueva fundación, presentada hoy ante los medios, son el acceso a la salud, la efectividad en la justicia y las oportunidades laborales. Dentro de Reconstruyendo Rostros están la Clínica La Colina (en donde se realizarán las cirugías), QBE Seguros, una empresa que entregará recursos provenientes de las ventas del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) y la Fundación Semana.
Martha Sánchez, secretaria de la Mujer, señala dos aspectos en los que es necesario trabajar: “El crimen con ácido está tipificado como tortura y el Congreso aprobó el proyecto de ley que les permite a las mujeres acceder al sector salud sin necesidad de pagar. En Bogotá hemos hecho ese acompañamiento con 12 mujeres y es necesario que las víctimas conozcan esta información”.
Gloria Atehortúa es una de las mujeres que están a la espera de un tratamiento médico. El 14 de diciembre de 2012, a las 8:00 a.m., fue agredida con ácido en un barrio de la localidad de Engativá. El 15 de diciembre de este año le entregarán su carné de afiliada en la EPS Caprecom: “Llevo un año incapacitada. Y un año intentando que los médicos me atiendan. Estuve 56 días en el hospital después de que un hombre en la calle me dijera ‘tome, linda’ y me echara el ácido en la cara. No sé quién era él ni nada, por eso me da mucho miedo salir. A mis hijos los mandé a vivir a Tuluá (Valle)”.
Gloria Atehortúa tuvo que escribir cartas para que la atendieran en un hospital. Entre marzo y septiembre tuvo que pagar dos cirugías: “Me encontré con la sorpresa de que no aparecía afiliada al Sisbén. Me tocó interponer una tutela porque para la tercera cirugía me iban a cobrar $1’250.000 y no tenía cómo hacerlo. Escribí al Ministerio de Salud, porque en el hospital dicen que no conocen la ley, que no hay quien financie las cirugías. Por eso me afiliaron a Caprecom”. Si no consigue la cirugía, dice, “no tendré trabajo. Y así llevo un año”.
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@santiagov72