Uno de los símbolos de la corrupción en la ciudad

Luego de diez años, por fin abrirán el deprimido de la 94

Este miércoles 22 de marzo, el alcalde Enrique Peñalosa tiene previsto entregar la obra que le costó a la ciudad $166.000 millones, cuatro veces su costo inicial. El mandatario ofrecerá excusas a la ciudadanía.

Más de 200 personas trabajan las 24 horas del día para habilitar los corredores viales el 22 de marzo. / Cristian Garavito - El Espectador
Más de 200 personas trabajan las 24 horas del día para habilitar los corredores viales el 22 de marzo. / Cristian Garavito - El Espectador

No bastaron 250 trabajadores, las decenas de maquinarias ni la supervisión semanal. Yaneth Mantilla, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), aferrándose a las más antiguas tradiciones, enterró huevos para que no lloviera y así pudiera entregar a tiempo el deprimido de la calle 94 con Av. NQS, uno de los monumentos de la corrupción que dejó el carrusel de la contratación en la ciudad.

No hay plan B: la obra, que tardó una década en ser una realidad y que le costó a Bogotá $166.000 millones (casi cuatro veces su valor inicial), debe ser entregada el próximo miércoles, como lo fija el contrato. Llueva, truene o relampaguee, el alcalde Enrique Peñalosa tiene previsto ese día, a las 7:00 a.m., en compañía de sus más cercanos funcionarios, dar vía libre a los vehículos que transitarán por los 18 giros que posibilita la intersección a desnivel y, principalmente, ofrecer excusas a la ciudad por este episodio.

Para ningún habitante de la capital la entrega es un motivo de celebración. Desde 2007, cuando la obra fue incluida en el acuerdo de valorización aprobado por el Concejo para construir una serie de proyectos de infraestructura, se generó una cadena de errores que parecía inacabable. El IDU tenía como obligación iniciar las obras dos años después de este acuerdo, pero nada de eso ocurrió.

En 2009 se le adjudicó el contrato al Consorcio Conexión, conformado en su mayoría por empresas del condenado contratista Julio Gómez por el carrusel de la contratación. Esta organización llevaría a cabo los estudios, diseños y ejecución del deprimido, cuyo costo inicial era de $45.868 millones.

A los cinco meses de adjudicado, los ciudadanos y los entes de control advirtieron que en la calle 94 no se había movido una sola piedra. El motivo era la demora en la elaboración de estudios y de diseños, entre los cuales se incluye el inventario de redes de servicios públicos. Este punto era clave, pues ahí se encuentra la red matriz de Tibitoc, que abastece agua a cuatro millones de personas, y otra infraestructura importante para el funcionamiento de la zona.

A pesar de los incumplimientos, el contratista pidió un anticipo de $13.000 millones sin que se hubieran comenzado los trabajos. Tras las presiones, el IDU decidió declarar la caducidad del contrato en 2011.

Un año más tarde, después de abrir una nueva licitación, el Distrito le adjudicó el contrato al consorcio AIA-CONCAY por $85.000 millones. Aunque se pensaba que este sería un punto de inflexión para finalizar el deprimido, el nuevo desafío consistía en buscar nuevos recursos, pues estaba desfinanciado y, para rematar, sus costos habían aumentado. El proyecto volvió a retrasarse porque el nuevo contratista debía realizar nuevos diseños y estudios.

Finalmente, la obra inició en 2013 y se fijó su terminación para junio de 2014. Pero este plazo tampoco se cumplió porque se firmaron cuatro adiciones que sumadas incrementaron el valor del contrato a $154.000 millones.

La nueva prórroga quedó para el 22 de julio de 2016. En esa fecha, aunque ya había avances considerables, no se finalizó la labor y se solicitaron nuevas adiciones que completaron los $166.000 millones. En ese entonces, más que nunca, la terminación del proyecto parecía una quimera.

“Sólo había tubos”

A la semana de asumir la dirección del IDU, Yaneth Mantilla visitó la obra: “Cuando llegué sólo había tubos. Todo estaba por hacer. La tarea más difícil era solucionar cómo íbamos a mover la red matriz de Tibitoc. La obra estaba detenida porque no se ponían de acuerdo entre las entidades y un mal movimiento podía explotar todo El Chicó. También faltaba instalar el tablestacado, 2.800 metros lineales de lámina que separa la tierra para hacer el túnel, y poner en funcionamiento la estación de bombeo para evitar inundaciones caso de lluvias”.

Según la funcionaria, esos compromisos trajeron dos grandes desafíos. El primero, crear mesas interinstitucionales que antes no existían, para diluir los inconvenientes de los servicios públicos. El segundo (que aún le tomará tiempo, aunque no interferirá en el funcionamiento del deprimido) fue la renovación de la antigua red de El Chicó.

Durante un año, la directora del IDU y el alcalde Enrique Peñalosa se reunieron semanalmente para conocer detalles, problemas y avances de la obra. Los trabajos no se detuvieron un solo día. De hecho, hoy 200 personas, entre ellas ingenieros, obreros, administrativos y arquitectos, continúan con sus labores para cumplir con la entrega del proyecto que tendrá 3,72 kilómetros de vías en superficie y 2,5 kilómetros subterráneas.

Mantilla cuenta que en la zona habrá, además, un puente ciclopeatonal, tres puentes férreos en el separador de la avenida novena, 1,61 kilómetros de ciclorrutas y 29.000 metros cuadrados de espacio público.

Se estima que en los 18 giros posibles del deprimido transitarán 6.000 vehículos en hora pico. Eso mejorará los tiempos de desplazamiento, disminuirá la congestión de la zona y eliminará los siete cruces que existen hoy y la semaforización en la calle 94 con Av. NQS.

Las lluvias de marzo provocaron tres días de retraso, pero la directora confía que, con más mano de obra, el miércoles sea un hecho que los bogotanos transiten por estas vías. Es tan grande su preocupación, que decidió acudir a tradiciones populares y por eso, como hacían las novias para que no lloviera en sus bodas, enterró algunos huevos y los ofreció a Santa Clara.

Lo único que no se va a entregar ese día es una calle externa (que conecta con el vecindario), aunque la funcionaria advierte que no afectará la circulación del deprimido y que en 25 días estará lista.

De todas maneras, después de permitir el acceso, el IDU monitoreará el comportamiento de la infraestructura. “Es normal que en los primeros meses evaluemos los asentamientos. A veces pasa que se presentan grietas, como ocurre con las casas nuevas”.

Aunque es un día importante para la ciudad, Peñalosa decidió no realizar ninguna inauguración porque, según el mandatario, no es motivo de celebración entregar los trabajos una década después. Entiende el malestar de los ciudadanos, sobre todo de los vecinos, a quienes les ofrecerá excusas públicas. Incluso, les enviará una carta en la que resalta su paciencia y veeduría.

La ciudadanía ha tenido que padecer los coletazos de las obras. Los monumentales trancones, el cierre de las vías y las intervenciones en el espacio público son apenas un ápice del memorial de inconformidades que los vecinos han logrado sumar durante este tiempo.

“Al fin le metieron el acelerador a fondo a la obra. Con base en lo que he hablado con algunos supervisores, sí van a entregar el deprimido ese día. Van a tener unas cosas pendientes, pero por lo menos sí van a dar vía libre a la circulación de los carros y esperemos que así sea”. Lo afirma Juan Pablo Castillo, residente de un edificio del sector, quien asegura que “lo mínimo que puede hacer el Distrito es ofrecer excusas”.

Hoy escuchan ruidos día y noche, pero parece no importarles. El polvo entra por las ventanas a pesar de que estén cerradas y a los conductores les toma horas atravesar la avenida novena. “Son las incomodidades que se han generado por la presión que hay en este momento. Pero creo que la obra es una muy buena solución para el sector y para la ciudad. A partir de esta administración, se mejoró el diálogo con el IDU y aceptaron nuestras recomendaciones. Fue un desastre el manejo que se le dio en otros tiempos”, manifiesta Castillo.

Desde la casa de Alba Astrid Cruz, representante de Corpocountry y quien ha hecho parte de la mesa veedora, es posible visualizar la rotonda subterránea y la puesta en funcionamiento del puente peatonal. “Yo veo el avance de la obra, percibo cómo trabajan las 24 horas al día. Es una lucha contra el tiempo porque es un espacio grande y hay muchos frentes de obra y muchas personas trabajando”.

Lecciones aprendidas

Tras el historial de corrupción, las dificultades para cumplir con los tiempos y las incomodidades generadas a la ciudadanía, entre muchos otros problemas, se desprenden lecciones para evitar que estos hechos no vuelvan a repetirse. En un informe que muestra el seguimiento de la obra entre los años 2009 y 2017, la Veeduría Distrital hace un llamado para planear y estructurar los contratos futuros para evitar los retrasos en los tiempos establecidos.

También le sugiere al IDU coordinar de manera más efectiva los trabajos con las demás instituciones involucradas y con los contratistas, “con el fin de definir canales de comunicación directos, optimizar procedimientos, establecer tiempos y requisitos en la aprobación de estudios”.

Recomienda que esos arreglos interinstitucionales se den desde las etapas de planeación y factibilidad, para que se reflejen en la fase de estudios y diseños, “de tal manera que su incidencia en la etapa de construcción sea mínima”.

Pero lo más importante, según la Veeduría, es reforzar las acciones correctivas contra quienes incumplan, como la imposición de multas, para no tener que caducar los contratos y perder tiempo y presupuesto valioso de la ciudad.

Lo cierto es que este oscuro episodio dejó dos tareas para la administración y los ciudadanos. A la primera la obliga a recuperar su credibilidad y reconstruir el lazo que se rompió con los habitantes. A los segundos, a exigir resultados y velar por sus recursos. Comienza la cuenta regresiva para tachar uno de los tantos problemas que hoy aquejan a Bogotá.