Lupa a contratos de Saludcoop en Bogotá

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Saludcoop no ha logrado desprenderse de las denuncias por corrupción que la rodearon desde 1998, cuando, según la Contraloría, comenzaron los desvíos públicos. Un episodio que terminó en 2011 con un desfalco por $1,4 billones. Desde mayo de ese año la EPS fue intervenida por el Estado. En este último periodo también se han presentado problemas en la prestación de servicios médicos, a tal punto que los representantes de la EPS han sido arrestados por incumplir con sentencias judiciales (recibió 10.272 tutelas en 2013, según la Defensoría del Pueblo).

Este año no comenzó de la mejor manera para la EPS. El Espectador conoció una denuncia penal contra el interventor de Saludcoop, Guillermo Grosso Sandoval, por posible interés indebido en la celebración de contratos. El documento, radicado el pasado 21 de enero ante la Fiscalía, señala un presunto favorecimiento en la contratación de las instituciones prestadoras de salud Orthohand e Innovar Salud.

William Vizcaíno, líder sindical de SaludCoop, cuestionó en la denuncia que la EPS suscribiera un contrato de servicios asistenciales con Orthohand SAS en noviembre de 2013. Lo que le llamó la atención es que hasta agosto de ese año la empresa estaba constituida en la Cámara de Comercio de Bogotá como un establecimiento dedicado al servicio de parqueadero. En septiembre ya se había constituido como institución prestadora de salud.

El interventor, dice Vizcaíno, "no tuvo en cuenta que el contratista solo fue habilitado para prestar servicios de salud dos meses antes de ser contratado". Además, cuestionó la tarifa que pactó la EPS con la empresa, que generaría “ingresos cercanos a los de $300 millones mensuales para el contratista”. Dentro de las pruebas que adjuntó a la Fiscalía aparecen correos electrónicos de SaludCoop en donde rechazan esta contratación. El 17 de diciembre de 2013, el área de Evaluación y Control de la EPS envió el siguiente correo al interventor: “Cordial saludo, desde Evaluación y Control hemos realizado un análisis de esta situación, y quisiera conocer cuáles fueron los criterios que se valoraron para contratar con esta Ips (clínica Orthohand), toda vez que no es coherente que si el mercado en la regional para contratar los mismos servicio como indica la Gerente de Cundinamarca, tiene una tarifa promedio de ISS2001+ 26%, nosotros estemos contratando Iss 2001+ 50%”.

En el cruce de correos surgen varias discusiones alrededor de la tarifa. Por ejemplo, desde la gerencia regional de Cundinamarca enviaron un correo el 17 de diciembre señalando que la tarifa promedio es inferior que la de otras IPS como Méderi, Clínica de Occidente, entre otros: "consideramos que desde la regional, solo me siento a negociar cuando se baje la tarifa contratada por director general", señala el correo enviado desde la regional.

La segunda empresa en cuestión es Innovar Salud, que suscribió un contrato en abril de 2013 con Saludcoop. Este fue prorrogado en junio de ese año. Para Vizcaíno existe una irregularidad, porque el dueño de Innovar Salud SAS, Sergio Mauricio Rodríguez González, se desempeña como gerente de la empresa Espifarma Ltda, también contratada por Saludcoop para el suministro de medicamentos. "El señor Rordríguez González fue nombrado gerente de Epsifarma el 22 de julio de 2013 por decisión del Consejo Administrativo de la cooperativa. En ese consejo participa el doctor Guillermo Enrique Grosso Sandoval, interventor de SaludCoop”.
Además de estos contratos, el denunciante asegura que los vínculos entre Rodríguez y Grosso "devienen de años anteriores, dado que la empresa Innovar Salud es prestadora de servicios de salud de la administradora de Riesgos Laborales Positiva, empresa en donde, hasta mayo de 2013, laboraba Grosso Sandoval".

En su defensa el interventor ha señalado que los contratos fueron celebrados antes de su posesión. Sin embargo, Vizcaíno señala que Grosso sí tiene responsabilidad porque se vinculó como vicepresidente de salud de la EPS el 4 de abril de 2013.

- SaludCoop responde

Ante la denuncia del sindicato, SaludCoop señala que, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de Innovar Salud, Rodríguez aparece como miembro de la junta directiva de la empresa, no como socio. Sin embargo, en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá de diciembre de 2013 sí aparece como socio de Innovar Salud. De otro lado, agrega SaludCoop que los contratos con Innovar fueron suscritos el 24 de abril de 2013 y 24 de junio de 2014, antes de que Rodríguez fuera designado como representante legal de la Cooperativa Epsifarma (22 de julio de 2013): "en términos legales no existía ninguna incompatibilidad, inhabilidad e impedimento para que SaludCoop EPS en intervención hubiese suscrito los citados contratos".

Como Espifarma es una empresa que hace parte de SaludCoop, la oficina jurídica de la EPS señala que "no se consagra inhabilidad alguna en relación con la viabilidad de que el representante legal de Saludccop, como miembro del Consejo de administración de una empresa subordinada participe en la elección del representante legal de dicha empresa, a sabiendas de que éste último es miembro de la junta directiva de uno de sus contratistas". Aunque Guillermo Grosso sí era vicepresidente de SaludCoop, la EPS argumenta que "no es cierto que dentro de sus competencias estuviese la de determinar qué IPS formaba parte de la red de prestación de servicios".

En relación el contrato con la empresa Orthohand, la EPS explica que desde 2011, año en que se constituyó, la empresa ha presentado como objetivo principal: "el desarrollo de todas y cada una de las actividades relacionadas con medicina, cirugía, rehabilitación y comercialización de los elementos necesarios para tal fin". Dado que la empresa está registrada como IPS ante la dirección de desarollo de servicios de Salud de la Alcaldía de Bogotá" en nada afecta que Orthohand tenga matriculado como establecimiento de comercio un parqueadero. Su habilitación le permite ejecutar la prestación de servicios de salud como IPS".

Frente a las tarifas establecidas con la Orthohand, el interventor le dijo a este diario que, en efecto, el contrato se firmó con una tarifa Iss 2001+ 50%: “Fue así cuando comenzó, en noviembre de 2013. Un año más tarde, en noviembre de 2013, se hizo un otrosí al contrato y quedó ISS+25% para Bogotá e ISS2001+15% para Medellín, tarifas incluso menores al promedio.
El caso queda en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existe mérito o no para abrir una investigación penal contra el interventor.