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Algunas políticas trascendentales de la administración de Gustavo Petro son responsabilidad de la Secretaría de Integración Social. La atención de la primera infancia, la erradicación de la exclusión social, la satisfacción de los derechos fundamentales de minorías y grupos vulnerables, entre otros objetivos del plan de desarrollo de la Bogotá Humana, pasan por las manos de Teresa Muñoz. Hoy, la imagen de la funcionaria está en entredicho. Problemas en la contratación y un “mal manejo” de la política de seguridad alimentaria han posado los reflectores del control político del Concejo sobre ella. Un control que, sumado a la aparición de la secretaria en un acto político, amenaza con provocar su salida del gobierno distrital.
En 2010, Gustavo Petro, por entonces excandidato presidencial, denunció que en Bogotá existía un “carrusel de los alimentos”, que sería liderado por los hermanos Efraín y Édgar Torrado García, ambos del Partido de la U. Luego, en marzo de 2013, el alcalde afirmó que los comedores comunitarios se habían convertido en “fortines políticos”. Paso seguido, en abril, Teresa Muñoz dijo que los comedores comunitarios bajo el cuidado de los fondos de desarrollo local habían pasado a la Secretaría de Integración Social pues “los intermediarios estaban sacando el 50% del presupuesto” de los comedores.
Ya en mayo todo parecía efectividad en un cambio de modelo que Petro consideró un logro. “Superamos el viejo modelo de comedores comunitarios y atendemos a más personas”, celebró. La idea de desmontar el “monopolio” que existía en la provisión de alimentos en el Distrito se materializó cuando un contrato de crudos (alimentos para preparación) que había sido otorgado al Grupo Torrado en 2009 fue liquidado. La ciudad se dividió en dos zonas y se abrió una licitación para que dos empresas entregaran los alimentos que necesitaba Integración Social para cumplir con su nueva responsabilidad. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad.
Hoy, en el Concejo, Antonio Sanguino y Juan Carlos Flórez liderarán un debate en el que pretenden demostrar que, al cambiar el modelo, la secretaría desmontó la política social de Bogotá. Muestra de ello sería el proceso licitatorio que iba a reformular la seguridad alimentaria. Una de las zonas se la ganó la empresa Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, propiedad del Grupo Torrado, el mismo grupo que había sido denunciado como parte del “carrusel”, y la otra el Consorcio Alimentación Social 2013, que “ha fallado. Nos ha quedado mal tanto en la frecuencia como en las cantidades de alimentos entregados. Ha hecho entregas fraccionadas. Esas irregularidades comenzaron el 4 de julio, cuando inició la ejecución del contrato”, como reconoce Harolh Gómez, subsecretario de Integración. Ese incumplimiento, dice el funcionario, “ha provocado que se tomen medidas de contingencia”.
La emergencia desatada por “la incapacidad de garantizar el servicio ha hecho que el problema se mitigue con tres fórmulas precarias: una, entregando canastas que son ayudas de emergencia para damnificados de desastres naturales; dos, con bonos de mercado que pueden ser canjeados por cualquier producto, sin garantía de que sean bien administrados por el usuario, y tres, con alimentación complementaria, que no tiene nada que ver con un servicio de nutrición completa”, dice Sanguino. Además, el cabildante afirma que “de 300 comedores que había en la ciudad, hay 115 funcionando. Petro dijo que, con el cambio, la gente no tendría que hacer filas en los comedores, pero ahora las hace en camiones, a la intemperie”.
Tales críticas no han sido desmentidas por la secretaría. Por eso, pese a que haya un eventual mea culpa, los concejales Clara Lucía Sandoval, del Partido de la U, y Hosman Martínez, del Verde, están recogiendo firmas para una imponer una moción de censura a Teresa Muñoz. “La mayoría estamos de acuerdo con el descontento, pero vamos a apoyar dependiendo de quien recoja las firmas. No queremos que ocurra lo mismo que cuando trataron de tumbar a Óscar Sánchez. Recogieron las firmas, y con la moción de censura adelantada fueron a negociar puestos con la administración”, dijo un concejal de la oposición. “Yo firmaría si las recoge Clara”, sentenció Sanguino.
En los pasillos del cabildo comenzó a tomar fuerza la idea de que hoy, además de debatir sobre la pertinencia del modelo de alimentación de Integración Social, se debe exhortar a la Procuraduría para que investigue a Muñoz. El fundamento es un video revelado por Noticias RCN en el que la funcionaria participa en un acto público a favor de la revocatoria del mandato del alcalde de Bello (Antioquia), Carlos Muñoz, paradójicamente sometido al mismo mecanismo constitucional que tiene en jaque a la administración de Gustavo Petro en Bogotá.
Al respecto, la secretaría envió un comunicado en el que sostiene que “su presencia (...) fue casual. La secretaria Muñoz Lopera se encontraba en una visita familiar y no participó en el movimiento de revocatoria al alcalde de Bello”. Sin embargo, fuentes de Integración Social dicen que “es particular que el video se filtre en este momento tan complicado. Sabemos que es un ‘mandado’ y que hay afán por acabar con la gestión de la doctora Muñoz”. Entre tanto, hoy se definirá en buena parte la continuidad de la responsable de una de las carteras que más han enorgullecido al alcalde Petro.
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@CamiloSeguraA