Las recientes actuaciones de los organismos de control contra funcionarios cercanos al alcalde, y contra él mismo, han puesto a los progresistas a cuestionarse, públicamente, si esas actuaciones son concordantes con el Estado de Derecho, si se pueden hacer cambios en la legalidad e, incluso, han advertido que una eventual destitución del alcalde causaría una “primavera árabe” a la criolla.
El miércoles 24 de abril el abogado del alcalde Gustavo Petro, Daniel Prado, fue notificado: La fase de investigación disciplinaria por las actuaciones del mandatario durante la implementación del nuevo modelo de basuras había culminado. Un día después, el jurista renunció a la defensa del alcalde. “No tengo, ni tuve, garantías para ejercer la defensa técnica”.
¿Por qué? Según Prado, solo cinco meses después de abierto el expediente, el pasado 15 de abril, la Procuraduría lo reconoció como apoderado de la defensa de Gustavo Petro. Dos días después, pidió a la institución copia de los cerca de 3000 folios que componen el expediente y un tiempo prudencial para analizarlos. Sin embargo, según cuenta, el 18 de abril, la Procuraduría le respondió diciéndole cuánto costaban las copias, sin otorgarle el plazo solicitado.
El alcalde Gustavo Petro salió, vía Twitter, a criticar al organismo de control “La Procuraduría ha cerrado la investigación sobre el modelo de aseo, sin siquiera escucharme. Grave”. Sin embargo, funcionarios cercanos al expediente, le aseguraron a este diario que el alcalde no se presentó el día que fue citado, en enero de este año.
Para el alcalde, "grupos de personas que creen ser iluminados por razones extraterrenales se aprestan a violar el voto popular, Procurador no debe escucharlos". Fue más allá, y advirtió que "Buscar por el camino fácil de la destitución lo que no pudieron lograr por las urnas, solo busca sabotear la esperanza de la Paz". Pero, a pesar de cuestionar la concordancia de estas actuaciones con la paz y la legitimidad de la voluntad de las urnas, el alcalde llamó a que “cualquier violación al voto popular en Bogotá debe ser respondida con tranquilidad y con la mejor movilización por la Paz".
Esos cuestionamientos ya los había hecho Guillermo Asprilla, secretario de Gobierno, quien recientemente fue inhabilitado por la misma Procuraduría por doce años, en entrevista con El Espectador: “Ya no es una elucubración pensar que no quieren dejar gobernar a este proyecto alternativo. Lo más terrible es que estas cosas ponen en cuestión la viabilidad de la democracia, que es un sistema de pesos y contrapesos. Si se constituye un superpoder a partir de la Procuraduría, o de cualquier organismo de control, hay que ver si, como está la institución, es compatible con un sistema democrático”.
Augusto Ocampo, en su alegato ante la Personería por la decisión de primera instancia que lo suspendió de su cargo por diez meses por unos trinos que produjo sobre periodistas y funcionarios, también fue más allá de la propia sanción que lo afecta: “Decisiones injustas que se vienen adoptando de manera selectiva en Bogotá desconocen la voluntad de paz expresada por la mayoría (...), circunstancia que, aunque no parezca, genera un descontento y, potencialmente, representa nuevas formas de inconformismo. Caldo de cultivo para que, por las vías de hecho, se repiensen los pactos y se acuda de nuevo a la fuerza como una opción de cambio”. Una clara alusión a los acuerdos que el Estado y la guerrilla del M-19, a la que pertenecieron Petro, Asprilla y muchos de los funcionarios y defensores de la actual administración, llegaron hace más de dos décadas.
Dos décadas en las que ese movimiento, que dejó las armas para hacer política, vio el asesinato de algunos de sus cuadros, abrazó la posibilidad de tener una representación significativa en el legislativo, en las corporaciones locales, incluso en la Gobernación de Nariño con Antonio Navarro; pero que, hasta ahora, logró, mediante unas banderas muy similares a las que enarbolaba cuando estaba en armas y la unión con sectores políticos defensores de “las nuevas ciudadanías”, hacerse al segundo cargo ejecutivo de mayor importancia en el país: la alcaldía de Bogotá. Con un nuevo nombre: el progresismo.
Un movimiento que Asprilla califica como "Un proyecto alternativo, pero eso no quiere decir que no sepamos gobernar. Tenemos la característica especial de ser un gobierno de ruptura. Nuestra gente tiene esa doble responsabilidad: mantener el funcionamiento normal del Estado y cambiar las estructuras. Nosotros no luchamos toda la vida para seguir en las mismas. Luchamos para gobernar nosotros, no para que nos gobiernen los mismos. Somos enemigos del hegemonismo ideológico. Un proyecto de transformación de la sociedad. Nuestra mira es América Latina, una patria grande. Nacimos como un proyecto local, como nació el PT de Lula en Brasil. Somos un proyecto para gobernar el país".
Muchos califican de “inusitada” la celeridad con la que los organismos de control han desarrollado procesos contra ese movimiento. Incluso, han afirmado que existe un trasfondo político en esa celeridad. Otros, sostienen que “la papaya” la puso la misma administración con actuaciones que develan la inexperiencia ejecutiva de sus principales figuras. Que es Petro quien quiere ir contra las normas que lo rigen y que procesos, como el que hoy es materia de juzgamiento (el cambio en el modelo de basuras), han violado principios del ordenamiento jurídico como “la libre competencia”.
Es claro que Petro, como cualquier mandatario de cualquier tendencia ideológica, debe ser objeto de control. Pero también, que frente administraciones anteriores o de otras ciudades o circunscripciones, los plazos del Ministerio Público no han sido tan cortos. También, que si Prado tiene la razón, al alcalde no se le dieron las garantías procesales que corresponden al Estado de Derecho, la ley 190 del 95. Además, que esta discusión encarna viejos debates: ¿Corresponde a un Estado de Derecho que el Procurador, elegido por el Congreso de la República, tenga la capacidad de revocar o suspender el mandato de un alcalde elegido popularmente? ¿Es una exageración en el poder del Ministerio Público que, por errores de planeación, se llegue a la destitución o suspensión de un cargo elegido popularmente?