En manos de los "tierreros"

En dos barrios del sur de Bogotá, una desconocida y peligrosa banda de urbanizadores ilegales, con presuntos nexos paramilitares, tiene hoy a 37 familias viviendo uno de los episodios más trágicos en la historia de la vivienda en la ciudad.

Camilo Segura Álvarez
11 de noviembre de 2012 - 12:29 a. m.
María Lozano y sus dos hijas, como 36 familias más, sufre una crisis de salubridad por la inasistencia del Estado. / Fotos: David Campuzano - El Espectador
María Lozano y sus dos hijas, como 36 familias más, sufre una crisis de salubridad por la inasistencia del Estado. / Fotos: David Campuzano - El Espectador

El 18 de enero de este año un operativo de desalojo y demolición se desplegó sobre los lotes de 160 familias en Bosques de los Molinos, localidad de Rafael Uribe Uribe. Desde la noche anterior, más de mil policías circundaban el barrio. Visores nocturnos, armas de largo alcance, antimotines y un despliegue de tanquetas y camiones fueron el preámbulo del operativo que terminó con el derribo de 90 casas y marcó el comienzo de uno de los capítulos más trágicos de la historia de las urbanizaciones ilegales en la ciudad. Un capítulo protagonizado por un actor criminal que persiste y se resiste a desaparecer, las bandas de “tierreros”.

Un día después del comienzo de la diligencia adelantada por la Inspección 18E Distrital de Policía, que resolvía una querella interpuesta por Francisco Morales, representante de la Ladrillera Molinos del Sur Ltda., la Corte Constitucional intervino. Azuzado por las violentas imágenes que circulaban por televisión y por la existencia de cuatro tutelas por el derecho a la vivienda y a la convivencia ciudadana, el despacho del magistrado Nilson Pinilla, mediante un auto, suspendió la diligencia y evitó que las 37 familias a las que no les había sido derribada su casa fueran desterradas.

El magistrado visitó el lugar, habló con sus pobladores y, según recuerdan hoy los residentes del barrio, afirmó que en tres meses habría una decisión sobre el conflicto. O serían reubicados o sus lotes se legalizarían o se encontraría una solución a sus problemas.

Hoy, diez meses después, no hay respuesta de la Corte para esta comunidad que pasa por una crisis humanitaria y de salubridad que no ha sido resuelta ni atendida por ninguna institución del Estado.

El pasado 27 de octubre, Eduardo Patiño, un líder de la comunidad, fue encontrado muerto en una de las entradas al predio donde está ubicado el asentamiento que se ha considerado como “ilegal”. Era abuelo. Sus dos hijas vivían con él en la casa que tenía la única tienda del barrio. Era un defensor y un pilar de fortaleza para toda su comunidad y, sobre todo, para su hija Jeimy, presidenta de la Junta de Acción Comunal.

El asesinato encendió las alarmas sobre la situación de seguridad en el predio, que había sido protegido por la Corte Constitucional con un operativo de policía permanente y que, no obstante, esa noche no pudo prevenir lo ocurrido.

Según los habitantes, en Bosques de los Molinos —uno de los dos barrios que, junto a una ladrillera y un parqueadero, ocupan hoy los terrenos de la hacienda Los Molinos— funcionan tres “ollas” (expendios de estupefacientes), que habrían sido instauradas allí por la banda de tierreros que opera en el barrio La Laguna, también parte de la hacienda, con el ánimo de espantar a las familias y comenzar un nuevo proceso de urbanización ilegal.

De acuerdo con un vecino, que pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad, en los límites del barrio La Laguna con el parqueadero que divide a la hacienda, “funciona una cancha de tejo que sirve de cuartel a un grupo de 9 a 12 personas que portan armas de largo alcance, cortopunzantes y granadas, que están al servicio de un hombre que anda en moto, que se hace llamar El Paraco y que está intentando desplazar a toda la población de Bosques para vender los lotes, como lo habían hecho los tierreros que nos estafaron a nosotros”.

Pero las ollas no son la única amenaza. El 13 de octubre, catorce días antes de la muerte de Eduardo, Róbinson Varinas, a quien la comunidad señala como uno de los urbanizadores ilegales, golpeó a puños y patadas a Jeimy Patiño mientras su esposa le estallaba una botella de cerveza en la cabeza. Al día siguiente amenazó con un arma de fuego a Jeimy, a Eduardo y a su otra hija, Heidy, según consta en la denuncia presentada por la agredida ante la Unidad de Reacción Inmediata de Ciudad Bolívar.

El Espectador buscó en la zona a Varinas para contrastar lo denunciado, pero según la comunidad no hay rastro de él en Los Molinos.

Los primeros registros que existen sobre la hacienda Los Molinos, en donde hoy es el barrio Marruecos, datan de la década de 1880. Por aquel entonces, el predio fue titulado a nombre de la familia Morales. Allí, esa familia desarrolló una empresa ladrillera que persistió hasta la década de 1960, e incluso aprovechó una casona que los padres jesuitas construyeron en 1640, en la que María Eugenia Rojas contrajo nupcias con Samuel Moreno Díaz, padre del exalcalde Samuel Moreno Rojas.

El predio quedó abandonado hasta que llegó una nueva ladrillera, San José, que aún hoy existe, junto al parqueadero que divide a los barrios La Laguna y Bosques de los Molinos.

En el año 2001, el IDRD decidió que la hacienda sería comprada para construir el parque zonal Hacienda Los Molinos para posibilitar la conectividad ecológica entre el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes y el río Tunjuelo. Meses después, se dio cuenta de que sería muy costoso remover los escombros que estaba dejando la Ladrillera San José y desistió de su plan. Sin embargo, la Alcaldía dejó en firme sus intenciones con los terrenos y, por ello, cualquier movimiento sobre la propiedad quedó bloqueado.

El predio quedó en un limbo que fue una oportunidad excepcional para que los tierreros hicieran su agosto.

En la hacienda Los Molinos, al ver que no había una población consolidada, los tierreros elaboraron todo un proyecto urbanístico desde 2003, con planos y diseños que incluían un total de 686 lotes, de los cuales lograron vender alrededor de 500 con un valor promedio de $12’000.000. La mayoría de ellos en lo que hoy es el barrio La Laguna.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Corporación Nuevo Arco Iris sobre enajenación ilegal de tierras en Bogotá, la banda cuenta con un equipo de abogados, ingenieros y arquitectos que se han encargado de darle un soporte técnico y con aparencia de legalidad al desarrollo de proyectos urbanísticos ilegales como el de Los Molinos, en el que, según las versiones de los actuales pobladores, cada uno de los lotes fue vendido hasta tres veces, generando conflictos que habrían dejado un saldo de siete muertes.

Desplazados, personas de escasos recursos, pensionados y madres cabeza de familia llegaron al barrio, al que le fueron instalados los servicios de agua y electricidad antes del año 2009, condición necesaria para la creación de una Junta de Acción Comunal, que finalmente fue creada en Bosques de los Molinos.

Pero lo que parecía una ventaja para la legitimación total del barrio y su comunidad, lo fue, realmente, para los tierreros. Estos urbanizadores ilegales aprovecharon que el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Idpac, reconoció a la comunidad y estafaron a muchas más personas, que, en enero, fueron desalojadas.

La Secretaría de Hábitat (Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda) abrió expedientes por enajenación ilegal (números 088/2010 y 133/2008), identificando como presuntos enajenadores ilegales a Aurelio Molina Berna y a Félix Bermúdez Roldán, quien habría cobrado a cada uno de los compradores de lotes $100.000 por firmar las escrituras y a quien se investiga por casos similares en Bosa y Usme.

Actualmente sólo está detenido Álvaro Hernández Torrado, alias Barbas, por tentativa de homicidio contra uno de los estafados que se negó a pagar el resto de la deuda. De acuerdo con las investigaciones de la Policía, rinde cuentas al paramilitarismo de los Llanos Orientales.

Los vecinos han sido claros en que prefieren la reubicación, pues mantenerse en el predio significaría convivir con la criminalidad, exponerse a peores problemas y a más gastos de construcción. Mientras tanto, exigen que se desarticule la banda que persiste en el territorio y que se les den condiciones dignas de salubridad.

Lo más preocupante para lograr el objetivo de la justicia es que, a pesar de que las personas que han sido víctimas de amenazas y de las estafas le han pedido a la Fiscalía que los vincule a los programas de protección de testigos para poder denunciar todos los enlaces y actores de la banda, no han obtenido respuesta. Sin embargo, esperan que la muerte de Eduardo Patiño fuerce una respuesta del ente acusador.

Por otra parte, una vez ocurrido el desalojo fueron instalados tres baños públicos y dos tanques de agua para toda la comunidad, que no han sido objeto de mantenimiento durante estos diez meses. La Secretaría de Hábitat del Distrito, sin embargo, se ha comprometido con los líderes sociales a hacer lo suficiente para mantener condiciones dignas de salubridad.

La solución está cerca. El pasado 1º de noviembre, la Corte Constitucional registró el proyecto de fallo sobre las tutelas interpuestas por los pobladores de Bosques de los Molinos. De manera que es previsible que en los próximos días se resuelva la situación de estas familias que fueron estafadas, que piden ser reubicadas y que actualmente no reciben ningún tipo de ayuda estatal. Si esto se da, constituirá un importante referente sobre procesos de ocupación y de reasentamientos en el país.

Por Camilo Segura Álvarez

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