Máquina tapahuecos, el dolor de cabeza para la Contraloría de Bogotá

La Contraloría de Bogotá envió una nueva advertencia a la Administración Distrital frente a la contratación de la máquina tapahuecos luego de evidenciarse las falencias en las garantías otorgadas por la sociedad GREEN PATCHER COLOMBIA S.A.S en las que se redujo la vigencia de póliza de cinco años a seis meses.

Teniendo en cuenta que el mencionado contrato reúne las calidades de un contrato de obra y no de Ciencia y Tecnología, modalidad a través de la cual se adelantó la contratación, las pólizas son insuficientes ya que no cubren el término mínimo de cinco años, que establece el Decreto 734 de 2012.

Para el contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, es claro que el artículo 41 de la Ley 80 establece como requisito de ejecución de los contratos la aprobación de la garantía que en este caso no reunía las condiciones establecidas en el decreto citado y por tanto la póliza de calidad del servicio otorgada no debió ser aprobada y menos aún darse inicio a la ejecución del contrato.

La Contraloría considera que la Administración con la señalada reducción en los términos de vigencia de las pólizas ha puesto en riesgo los recursos públicos que se lleguen a erogar para atender el pago del parcheo que pretende hacerse por inyección neumática, en atención a que pasado este término de seis meses, nadie le va a responder al Distrito Capital por la eventual mala calidad de las obras de reparcheo ejecutadas, con mayor razón si dicha actividad se realizara en huecos en los que esté comprometida la estructura o base granular de la vía.

“Luego, si no existe garantía que ampare la correcta ejecución de las obras, esto significa que el Distrito pasados los seis meses de cobertura tendría que hacer una nueva inversión por valor igual o superior a los $11.822 millones, lo cual no resulta coherente, dado que la realización de obras cuya calidad solamente sea objeto de amparo por seis meses constituye un serio riesgo de afectación de los recursos públicos de la ciudad”, señaló el ente de control.

Para la Contraloría de Bogotá es materia de serio cuestionamiento la señalada actuación por parte de la UAERMV, que no solamente eludió la modalidad de selección de los contratistas, el tipo de contrato a suscribir para el efecto de la ejecución de las señaladas obras, sino la reducción del término de vigencia del mencionado amparo, todo con la finalidad de permitirle al contratista el inicio de la ejecución de la obra.