Maquinaria para minería ilegal decomisada por Policía quedará al servicio del Estado

Archivo El Espectador / Archivo El Espectador

Mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, se logró en las últimas horas la incautación de maquinaria dedicada a la minería ilegal por valor cercano a los 1.600 millones de pesos.

Esta acción operativa conjunta se posibilitó gracias a un trabajo de seguimiento y control realizado por el grupo de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) de la CAR, sobre la zona rural del municipio de Nariño, ubicado a solo 30 minutos del municipio de Girardot.

La gigantesca incautación, que contó con apoyo aéreo y allanamientos en tierra sobre los predios donde se llevaba a cabo la posible práctica ilegal, obedece a la aplicación de una medida sancionatoria sobre las actividades de explotación minera sin la debida licencia ambiental, considerada por la ley como ilegal.

La UIGA de la CAR, en un año y medio que lleva creada, ha realizado 19 operativos de alto impacto contra la minería ilegal en su jurisdicción y ha logrado incautaciones en procedimientos judiciales que ascienden a 3.100 millones de pesos representadas en un maquinaria (bulldozer, volquetas, cargadores, retroexcavadoras, excavadoras) y se han capturado y judicializado por parte de las autoridades a más de 41 personas en situación infraganti.

También se han colocado 19 medidas por acciones ilícitas de explotación minera en el departamento de Cundinamarca; estas acciones seguirán adelantándose en el territorio CAR con el fin de eliminar la práctica ilegal minera.

“Se incautaron 4 máquinas que tienen un valor cercano a 1.600 millones de pesos; esperamos que una vez termine el proceso sancionatorio se decomisen definitivamente. Nosotros no compartimos la política de destruirlas porque creemos que el Estado requiere esta maquinaria para labores de gestión del riesgo que podemos utilizar para actividades de prevención de inundaciones atender temas de remoción en masa, para dragar ríos y para construir jarillones”, dijo el director General de la CAR, Alfred Ballesteros.

Así mismo, hizo un llamado a los propietarios de esas máquinas que las tienen bajo alguna figura como arrendamiento o préstamo para que tengan mucho cuidado en verificar que estas actividades mineras sean lícitas “porque si las tienen en unas actividades de minería ilegal las van a perder y se verán expuestos a estar involucrados en procesos judiciales por hacer parte de estas empresas criminales”, dijo Ballesteros.

Frente a las zonas donde se presenta más el fenómeno de minería ilegal, el director de la CAR señaló que los municipios más vulnerables son aquellos que están más cercanos al Distrito por la demanda misma que existe del material de construcción. “La afectación que hoy produce la minería ilegal en sitios de recarga hídrica y estratégicos como los páramos son en ocasiones daños irreparables que no se subsanan nunca”.

La CAR desde el año 2012 al 19 de mayo de 2015 ha abierto un total de 270 expedientes sancionatorios en el tema minero, de los cuales se han decidido de forma 39 y 231 están en trámite. Así mismo, se han impuesto 121 medidas preventivas por parte de la Autoridad Ambiental.

Del total de 270 expedientes, 106 se abrieron en el año 2012; 73 en el 2013; 50 en el 2014 y 41 en lo transcurrido del 2015. En la actualidad, existen 33 procesos activos instaurados por la CAR contra títulos mineros en áreas protegidas.

Los títulos demandados se encuentran en las siguientes áreas protegidas: Distrito de manejo integrado páramo de Guargua y Laguna Verde; Distrito de manejo integrado Salto de Tequendama y Cerro Manjui; Reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá; Reserva forestal Cerro Quininí; Reserva forestal Cuchilla de Peñas Blanca; Reserva Pantano Redondo y nacimiento del río Susagua; Reserva forestal Cuenca del río San Francisco; Reserva forestal Cuenca de los ríos Blanco y Negro y Reserva forestal Cuenca Alta del río Bogotá.