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Bogotá 25 Mar 2013 - 5:49 pm

Carrusel de la contratación

Este martes se definirá la libertad del excontralor de Bogotá

Miguel Ángel Moralesrussi es procesado por su presunta participación en el ‘carrusel de la contratación’.

Por: Elespectador.com
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Foto: Archivo

En la mañana de este martes, la jueza 63 de garantías definirá si avala o no la solicitud de libertad presentada por la defensa del excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, procesado por su presunta participación en el llamado ‘carrusel de la contratación’.

En la audiencia celebrada el pasado martes, el abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del exfuncionario indicó que ya han pasado más de dos años desde el inicio de juicio y no se vislumbra un final cercano.

“En el caso de mi cliente no quedan más de cuatro testigos, sin embargo viene la parte de (la exdirectora del IDU) Liliana Pardo que tiene 50 testigos”, precisó el jurista al considerar que muchas de esas pruebas testimoniales no tienen ninguna referencia con su cliente.

En su intervención, el abogado señaló que los testigos que han rendido testimonio hasta el momento han manifestado que en ningún momento el excontralor general los presionó o fungió como intermediario para la entrega irregular de contratos viales en la capital de la República.

Para esto, además, presentó una declaración del abogado Álvaro Dávila, reconocido por el asesor judicial del Grupo Nule, quien aseguró que nunca tuvo conocimiento del pago de dinero o solicitud de promesa de dádiva para ayudarlos con algún propósito”.

En la declaración seis páginas, rendida por el jurista en la cárcel La Picota de Bogotá donde se encuentra recluido, Dávila Peña aseguró que pese a que estuvo en dos reuniones con los primos Nule y el excontralor distrital en el año 2010 “nunca escuché promesas de dinero”.

Igualmente indicó que ya se perdieron los fines de la medida de aseguramiento puesto que no existe ningún riesgo de fuga ni de que su cliente represente un peligro para la sociedad. “No tiene la situación económica para salir a ninguna parte. Tiene cuatro hijos, su esposa tampoco tiene ninguna actividad económica”.

En este sentido indicó que en contra de su cliente pesa una sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos emitida por la Procuraduría General de la Nación. “No puede acercarse a los dineros públicos, no puede contratar con el Estado”.

Esta solicitud fue avalada por el representante de la Procuraduría General, mientras que la Fiscalía General solicitó que se rechacen las pretensiones de la solicitud. (Ver Procuraduría avaló solicitud de libertad para el excontralor de Bogotá)

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