Más allá de la indignación de Petro, ¿una estrategia política?

Concejo de Bogotá. /Archivo

Un acto connatural a su condición de burgomaestre, pero también, una forma de presionar que cese la hostilidad de los concejales contra él y sus proyectos.

"El cartel de la corrupción y la Bogotá Humana no se pueden juntar, no hay acuerdo posible. Invitamos a un millón de ciudadanos decentes y trabajadores a que nos acompañen a darle el portazo definitivo al cartel de la contratación", señaló el alcalde el pasado lunes.

Miles de ciudadanos indignados, sus seguidores y, por supuesto, sus funcionarios más cercanos, desencadenaron una ola de mensajes a través de las redes sociales respaldando al alcalde y criticando a los concejales y funcionarios que, según las revelaciones hechas por la revista Semana, participaron de la repartija de dineros y burocracia durante las administraciones de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno.

Para este miércoles, a través de la red Twitter, algunos bogotanos programaron un plantón frente a las instalaciones del cabildo para exigirle a los concejales que se discuta en plenaria el papel que ha tenido la entidad en el desfalco a la ciudad. Una petición que Petro ya había hecho a los cabildantes para que se legitimara la entidad a través del auto-control político.

La indignación del alcalde y los ciudadanos tuvo eco. Diana Alejandra Rodríguez, concejal del movimiento Progresistas, radicó en el martes una propuesta formal de debate para que, con nombres propios, algunos de sus colegas les expliquen a los bogotanos por qué han sido mencionados en el escándalo, por qué permitieron durante la pasada legislatura que la corrupción se apoderara de la ciudad y cómo hizo el entramado criminal para no ser sujeto de control político.

Seguramente, ante la presión popular y mediática, las directivas del Concejo deberán agendar ese debate lo antes posible. María Clara Name, quien lleva apenas dos meses como presidenta del cabildo, ha tenido que sortear polémicas como la alteración de los sorteos de ponentes de los proyectos de valorización y cupo de endeudamiento y, además, las intentonas de algunos de los concejales más veteranos por saltarse y minar su autoridad.

Pero, lo que está en juego no es solo la credibilidad de Name sino la de todo el Concejo. Ante la opinión pública, la imagen de indignidad e ilegitimidad rondan por el cabildo. No solamente porque hay 17 concejales inmersos en procesos judiciales relacionados con la contratación, sino por el silencio cómplice que se ha vuelto regla. Hace apenas dos semanas, los concejales confesaban off the record que, aunque sabían que lo más procedente era salir en bloque a pedirle celeridad e individualizaciones a la justicia, nadie lo hacía por una cacareada solidaridad de cuerpo.

Una situación crítica que a Petro le conviene explotar en la coyuntura actual. Durante el año pasado el Concejo se negó a aprobar el cupo de endeudamiento para el cuatrenio, el metro y le hizo serias modificaciones a proyectos claves como el presupuesto 2013. Ahora, la administración necesita que el Concejo derogue la valorización y apruebe que 18 obras que se iban a hacer con esa financiación se hagan por el cupo de endeudamiento, que además financiaría muchas de las obras que la ciudad necesita en materia de movilidad.

El panorama ya fue descrito en declaraciones recientes a El Espectador por Guillermo Asprilla. Se refirió a un grupo de concejales que han afirmado que los problemas en la aprobación de los planes de la Alcaldía se deben a que no está abierta al diálogo: "Tienen la decisión de destruir la administración de Petro. No tienen el menor escrúpulo para torpedear proyectos como el cable para Ciudad Bolívar con tal de mostrarle a la ciudad que, supuestamente, Petro no es capaz de hacer una obra. La ciudad está paralizada financieramente por esos señores".

El juego está en el campo del alcalde, no sólo porque nadie puede negar que ha sido el principal denunciante de los corruptos en la capital, sino porque los cuestionamientos alrededor del cabildo pone a los concejales en una posición mucho más favorable para sus planes. Los cabildantes deben asumir la responsabilidad de hacer control político a quienes han sido corruptos y de dejar de lado los egos y las pretensiones non sanctas que los han motivado a no colaborar con la administración.