El auditor general de la República es nada menos que el encargado de vigilar las acciones de todos los contralores del país. Jaime Ardila Barrera es el jefe de ese despacho desde hace un año y tiene abiertos procesos contra, al menos, los dos últimos contralores de Bogotá: Miguel Moralesrussi y Mario Solano.
El funcionario da detalles al respecto, advierte que el control fiscal está en crisis y explica por qué le pidió a la contralora general, Sandra Morelli, que no aceptara un control excepcional propuesto por el alcalde Gustavo Petro para quitarle poder de auditoría al actual contralor de la capital, Diego Ardila.
¿En qué quedó la indagación a Moralesrussi por los presuntos sobrecostos en el arreglo del edificio de la Contraloría?
Este es un país garantista en el tema procesal, pero hemos ido trabajando. De parte nuestra es un proceso que ya está adelantado. Pedimos unos peritazgos.
¿Va a haber juicio fiscal?
Todo va dirigido hacia un juicio fiscal, pero lógicamente estamos esperando esos peritazgos.
Contra Moralesrussi ya ha habido acciones disciplinarias y penales, pero no fiscales. ¿Por qué?
Faltamos nosotros. Pero ya vamos adelantados, porque el problema que teníamos era que faltaban los peritazgos. Estoy casi seguro de que eso va a terminar en que hay daño fiscal y al patrimonio.
¿De cuánto detrimento estaríamos hablando?
De más de $1.000 millones.
¿Y el juicio fiscal sería contra Moralesrussi o contra el ordenador del gasto, el exvicecontralor Víctor Armella?
Así los funcionarios públicos deleguemos la responsabilidad fiscal, eso no nos exime de la misma. Aquí, el excontralor Moralesrussi va metido en el tema.
También había un proceso contra Moralesrussi por un presunto sobrecosto en el arriendo de otro edificio. ¿Qué pasó ahí?
Ese es otro proceso que va. No le puedo adelantar porque me podrían recusar. Hay presunto detrimento, pero si termino recusado le hacemos un favor a Moralesrussi.
¿Qué otros procesos tiene su despacho contra el excontralor?
Hay otros, por prescripción de procesos. ¿Qué pasó durante su gestión con un poco de procesos? Todo lo estamos viendo.
¿Qué efecto tienen sus fallos?
Sobre el patrimonio de los contralores del país. Y también efectos penales y disciplinarios, pues todo se lo trasladamos a la Fiscalía y a la Procuraduría para que hagan sus respectivas investigaciones. El problema del control fiscal es que lo estamos haciendo tardíamente.
¿Está el control fiscal en crisis?
Nos hemos vuelto notarios de lo que la gente se está robando.
Hablemos de la corta gestión del excontralor Mario Solano. Sabemos que hay una denuncia en su contra...
Así es. Hay dos temas: uno es un software que el hombre contrató para verificar la contratación en tiempo real. Pero parece que nunca funcionó. Ahí estamos hablando de más de $1.000 millones. Estamos en la etapa de peritazgos.
Pero también hay una denuncia contra Solano por el cierre de un proceso contra la entonces ETB, por US$2’450.000, ¿cierto?
Sí, había un proceso de responsabilidad fiscal abierto contra dos funcionarios de la ETB, Mauricio Mesa y Federico Gaviria, caso que fue cerrado y posteriormente reabierto por Mario Solano. Sin embargo, días antes de dejar el cargo decidió volverlo a cerrar sin tener los méritos suficientes para ello. Por eso le pedimos al actual contralor, Diego Ardila, que por favor nos explicara los motivos por los cuales un proceso de esa cuantía había sido cerrado antes de que el otro contralor se fuera.
Hablemos de Diego Ardila. El alcalde Gustavo Petro pidió a la Contraloría General un control excepcional para los temas de movilidad, pero usted sugirió dejárselos al contralor de Bogotá. ¿Por qué?
También querían quitarle a Ardila los temas de salud. Él vino a hablar conmigo y me dijo que si la idea era esa, mejor cerráramos la Contraloría, pues le estaríamos quitando su poder de auditar. Yo llamé a la señora contralora general y ella dijo que no estaba interesada en hacer ese control excepcional y que si yo ordenaba le dejáramos sus competencias a él.
¿Usted cree que el alcalde no confía en el contralor?
Mire, yo no voy a entrar a prejuzgar al contralor por unos supuestos amigos que él pueda tener. El amiguismo en este país no es un delito.
Lo cierto es que Ardila fue elegido en medio de ruidos. ¿Le ha dado algún consejo para recuperar la credibilidad de la Contraloría?
Yo le he dicho que la confianza se recupera con acciones. Ya se iniciaron acciones en el tema de salud, por ejemplo, porque estábamos viendo a un secretario de Salud haciendo de contralor, y esa es una función de Ardila. Él puede recuperar esos espacios para que los ciudadanos vean que esas prevenciones no eran ciertas. Yo puse mi dedo en la candela por él.
La Contraloría General, que tiene control excepcional sobre la Fase III de Transmilenio, ¿ha avanzado en algo?
Hay un avance en el tema de los Nule. El tema de la Fase I prescribió cuando el doctor Julio César Turbay era contralor general.
¿Los bogotanos van a recuperar algún día la plata que se robó el cartel de la contratación?
Yo meto la mano por lo que está haciendo la señora contralora general; eso mismo quiero tenerlo con Diego Ardila. Tengo la fe de que él va a hacer una buena gestión. Si no lo hace, seremos los primeros en sancionarlo.