Metrocable de Ciudad Bolívar: ¿licitación amañada?

 

El caso, que lo dio a conocer ayer La FM, toma relevancia por los protagonistas. Al igual que en el escándalo de la Línea 123, fue un exfuncionario del Distrito (nombrado en su momento por Petro) el que puso en conocimiento de la Fiscalía las supuestas irregularidades. Se trata de Rafael Rodríguez, exsecretario de Movilidad, quien hace un año salió del cargo señalado de haber cometido posibles actos irregulares en contratación. Rodríguez, quien enfrenta un proceso penal y está colaborando con la justicia, entregó a un fiscal delegado ante la Corte Suprema la denuncia que hizo un exempleado de la firma Doppelmayr, quien supuestamente tuvo conocimiento de todos los trámites que llevaron al posible direccionamiento del contrato.

 

En el documento señala a Petro, a su esposa, Verónica Alcocer; a directivos del IDU y de Transmilenio, a empleados de la empresa que ganó el contrato y hasta al presidente de Bolivia, Evo Morales, de haber incidido en este caso. En la denuncia cuenta cómo Andreas Rudolph, directivo de Doppelmayr, supuestamente contactó, a través del presidente de Bolivia, a la esposa del alcalde para hacer los ajustes que garantizaran la adjudicación del contrato a la firma austriaca. Entre esos acuerdos, al parecer se habló del manejo de los estudios previos a través de Transmilenio y de los ajustes para la adjudicación del contrato a través del IDU. De igual forma, habló de episodios puntuales como reuniones (entre noviembre de 2013 y abril de 2014), almuerzos e, incluso, sitios donde se hospedaron los empleados de la firma austriaca los días de los supuestos encuentros.

 

 

Las dudas alrededor de la adjudicación del metrocable no son nuevas. Desde que comenzó el proceso ha rondado la palabra direccionamiento. Sin embargo, pese a que en sus comienzos se habló de un posible favorecimiento hacia la firma francesa Pomma (que construyó los metrocables en Medellín), en la denuncia que ahora está en la Fiscalía se afirma que esa fue una cortina de humo para sacarla de competencia con ese escándalo.

Las dudas se mantuvieron hasta el día de la adjudicación, celebrada el 26 de junio, cuando salieron a relucir las molestias por aparentes cambios de última hora en las condiciones. Ese día, antes de que el IDU le otorgara el millonario contrato a la UT Cable Bogotá, los otros dos competidores se quejaron con fuertes palabras.

 

El apoderado de la UT Cable Aéreo Ciudad Bolívar se refirió a un documento publicado en el proceso a las 7:00 de la noche del día anterior a la adjudicación: “se están modificando las condiciones del pliego (…) pareciendo que se inclina la balanza hacia un proponente (…) la transparencia de este proceso está en duda”. Otro representante del mismo grupo agregó: “da vergüenza cómo el proceso ha sido manejado desde el principio”, y trajo a cuento “requisitos establecidos siete meses antes que se modificaron seis horas antes”.

 

Quien habló a nombre del tercer competidor, UT Cable Aéreo Tradeco, reforzó esas inquietudes: “Todo el tiempo se habían rechazado las tres ofertas y ayer, faltando seis horas hábiles para la adjudicación, sorpresivamente modificaron todo”. Los funcionarios del Distrito refutaron los señalamientos, negaron que se hubiesen modificado los pliegos y adjudicaron el contrato a la UT Cable Bogotá, que hoy resulta cuestionada.

 

 

Ante los hechos, William Camargo, director del IDU, y Constanza García, secretaria de Movilidad, expresaron su rechazo a los señalamientos, resaltaron sus cualidades como funcionarios y aseguraron que el proceso fue una licitación transparente. “Jamás me he reunido con las personas que señala esa denuncia. Jamás me reúno con contratistas y menos a almorzar.  Las fechas en las que hablan de reuniones son falsas. Son difamaciones y nunca existió ninguna insinuación para direccionar el contrato. Esto es algo canalla que afecta mi nombre. No voy a permitir una sombra de duda sobre mi gestión. Les va a quedar imposible demostrarme temas de corrupción”, advirtió Camargo.

 

María Constanza García resaltó que los estudios fueron con Metro de Medellín, que asesoró el proceso. “Se recibieron observaciones y se brindaron todas las garantías . Son irresponsables estas denuncias, que le hacen daño a la ciudad”.

 

Por ahora, este caso, al igual que las otras denuncias de posible corrupción en la administración, están en manos de la Fiscalía, que tendrá la última palabra.