Millonarios recursos enfrentan a Contraloría y fondo de pensiones del Distrito

Investigan un presunto hueco fiscal que supera los $2.000 millones por cuenta de supuestos pagos indebidos en pensiones.

Archivo El Espectador

Luego de que en agosto del año pasado la Personería de Bogotá advirtiera presuntas irregularidades en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) por cuenta de la falta de control en pensiones por invalidez en la ciudad; la Contraloría Distrital realizó una visita fiscal a la entidad para realizar un detallado seguimiento a estos procesos y encontró un posible detrimento patrimonial por $2.088.318.777.

A la fecha de la visita -septiembre de 2012- el Foncep reportó 243 pensiones de invalidez por $267,3 millones mensuales; adicionalmente, dentro de las pensiones de sustitución se reportaron, por hijos discapacitados, 206 casos por una suma de $152.9 millones.

La invalidez laboral se considera cuando por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, una persona pierde el 50% o más de su capacidad laboral. La pensión de invalidez se reconoce a solicitud de la parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produce el hecho que genera la invalidez.

Para la evaluación de las pensiones por invalidez, realizada por el ente de control, se tomó una muestra de 52 casos, es decir el 21%, y para las pensiones por sustitución se revisaron 21 expedientes, lo que representa el 10%.

Según la Contraloría, de los 52 casos, 35 no presentaron calificación en los últimos 5 años, es decir, se están pagando sin el cumplimiento de los requisitos legales. “Lo que puede generar un daño patrimonial, que cuantificados los pagos desde el 01-01-2008, asciende a $1.321 millones”.

El informe del ente de control, que fue conocido por Elespectador.com, también señala que de los 21 casos revisados de hijos discapacitados, 12 no presentan calificación en los últimos 5 años, lo que igualmente puede generar un hueco fiscal al estar cancelando pensiones por un valor que asciende a $766 millones.

“Se realizó el cruce de la base de datos de pensiones de invalidez y sustitutos con la relación de calificaciones de las vigencias 2007 a 2011. Las valoraciones realizadas en cada vigencia son un porcentaje muy bajo, de donde se concluye la baja gestión administrativa en el seguimiento a la pensión de invalidez al no valorar o suspender la pensión en el caso de haber requerido al pensionado y éste presentar renuencia al no asistir a dicha valoración”, puntualiza el informe realizado por el organismo de control.

El estado de invalidez debe revisarse por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada tres años con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma.

Elespectador.com habló con la subdirectora de Prestaciones Económicas del Foncep, Mónica Torres, quien dijo, enfáticamente, que el estudio hecho por la Contraloría es respetable pero que la entidad tiene cómo desvirtuar esa información, pues mientras el ente de control señala en su informe que hasta octubre de 2012 la entidad no había suscrito ningún contrato para efectuar dicha calificación, el fondo de pensiones del Distrito asegura que sí lo hizo.

Torres señaló que la contratación es la número 054 del 21 de septiembre de 2012 suscrita con la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá. Sin embargo, la Contraloría señala: “hasta la fecha en que se presenta este informe (31 de octubre de 2012) no se ha suscrito contrato alguno para realizar la evaluación de los pensionados que la Ley ordena”.

“Sí había varias personas a las que no se les había hecho la calificación, que por norma se les tiene que realizar cada 3 años. A las administraciones de entonces se les pasó y corrían el riesgo de tener pensionados sin calificar, pero el año pasado Foncep contrató y se está terminando de ejecutar”, explicó Torres.

En este sentido, agregó que hasta el momento no ha encontrado un solo caso que bajara la calificación a menos del 50% y que han sido evaluadas 52 personas hasta el 26 de diciembre de 2012.

No obstante, la Contraloría reseña en su informe que “como resultado de la valoración de los contratos suscritos por Foncep con la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, durante las últimas cuatro vigencias fiscales, se constató que dichos contratos no han cumplido con su objetivo, por cuanto existiendo más del 50% del valor del contrato se han dado por terminados. Los valores por los cuales se suscriben son insuficientes para adelantar las evaluaciones que se requieren y, en la vigencia 2012 no se ha suscrito contrato alguno, por lo que en la actualidad no se ha realizado ninguna evaluación”.

Hallazgos de la Contraloría

Del cruce de la base de datos con la relación de calificaciones efectuadas en las vigencias 2008 a 2012 se evidencio que del total de 243 pensiones de invalidez, se encuentra 62 calificaciones, es decir que el 74% no han sido calificados en los últimos 5 años y sólo se encuentran 16 pensiones de invalidez suspendidas.

De los 206 casos de pensiones por sustitución (hijos discapacitados) solo 55 pensionados tiene calificación, es decir, el restante 73% no han sido calificados en los últimos 5 años.

Twitter: @PaulaCastilloL