Minería y deslizamientos: los dramas de Junín

Cristian Garavito

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Vivir en el municipio de Junín (Cundinamarca) se ha vuelto para algunos en todo un drama. Sus problemas no sólo saltan a la vista, también se escuchan y hasta se pueden oler. Los deslizamientos de tierra, que la comunidad le atribuye a la explotación minera; el estruendo que generan las máquinas que trituran el material de arrastre, o el lío con las aguas residuales por un alcantarillado inconcluso forman parte de su lista de quejas.

El reproche más notorio es a la minería. Desde hace dos décadas varios juninenses se han opuesto a la explotación de material de arrastre en el cauce del río Guavio, fuente hídrica de alto valor para su territorio. Sin embargo, desde 1999, las areneras les vienen ganado cada partida e, incluso, terreno. A la fecha, la nación ha otorgado siete títulos mineros en la zona. Tres cuentan con licencia ambiental.

Ante la impotencia de ver que de nada sirven las medidas legales, los habitantes se han visto obligados a convivir con las areneras y los riesgos. Lo que antes eran paisajes verdes, con corrientes de agua cristalinas, ahora son montañas de gravilla, con un río ocupado por trituradoras que borraron el cantar de la naturaleza. O al menos, ese es sentimiento de varios pobladores.

Lo paradójico es que, a pesar de que los pobladores son los que a diario soportan la situación, especialmente con la minería, las autoridades se contradicen. Mientras la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres (Uaegrd) expuso a través de un estudio la amenaza que pesa sobre este municipio, Corpoguavio, autoridad ambiental de la región, asegura que todo está bien. Al final, parece que nadie atiende las quejas de los habitantes.

Problemas de ruido

Una incomodidad notoria se posa sobre los lechos de los ríos Guavio y El Salinero. Allí las mineras tienen las máquinas trituradoras de material de arrastre, que generan un ruido ensordecedor. Uno de los afectados es Miguel Solaque, quien relata que dos años después de tener como vecina a la arenera La Isla, no sólo perdió su tranquilidad, sino también su audición.

“Recién construí mi casa, a dos cuadras de la explotación minera, no sentí mayores incomodidades. Sin embargo, con el tiempo el ruido se volvió insoportable, tanto que las paredes vibraban y me quedé sordo”. Su vivienda la atraviesan varias grietas, la más notoria está en la sala. Él dice que sus problemas obedecen a la potencia de las trituradoras y al peso de las volquetas que pasan frente a su casa, cargadas de material de arrastre.

Su afirmación la respaldan fallos judiciales. Por ejemplo, en 2005, un juez indicó que, si bien las fallas en su vivienda podían ser por el tránsito de vehículos, también eran producto del terreno irregular donde está construida. Eso sí, en cuanto al ruido, el Juzgado Promiscuo Municipal le dio la razón: le ordenó al propietario de la arenera encerrar su planta de trituración y sembrar una barrera de árboles, para disminuir el estruendo.

Lo cierto es que, a pesar de la medida, las molestias por el ruido, al igual que las grietas, siguen presentes, hecho del que no sólo se queja Solaque, sino todos los residentes del sector de Puente Reyes, incluso los pacientes del hospital de Gachetá, los habitantes de la vereda Santa Bárbara y de la zona de Puente Holguín.

Deslizamientos

Carlos Duarte, otro residente de Junín, con un predio al lado de dos trituradoras, en la vereda de Santa Bárbara, asegura que parte de su finca se derrumbó hacia las orillas del cauce del río Guavio, donde están las máquinas de la arenera. “He perdido terreno y nadie responde. Con los vecinos, que sufren lo mismo, enviamos cartas a Corpoguavio, a la Secretaría de Planeación, a la Personería, a la Alcaldía, pero nadie nos da explicaciones claras de lo que sucede. Se echan la pelota unos a otros, mientras la gente está preocupada por los deslizamientos que se dan cerca de las explotaciones. Tenemos miedo que ocurra una tragedia”.

Ante la incertidumbre sobre el incremento en los deslizamientos, la comunidad aprovechó la visita que a comienzos de año hizo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, para pedirle un estudio en el que se aclarare si la explotación minera es la causa de los históricos derrumbes de Junín. El 17 de marzo del 2016, la Uaegrd visitó las zonas.

En efecto, las sospechas de los vecinos las respaldó la Unidad de Riesgo. El informe arrojó que el desencadenamiento de procesos erosivos en las orillas del cauce, los cambios en la morfología de los terrenos aledaños a las trituradoras, la contaminación del río Guavio y las variables emisiones de ruido son algunos de los impactos ambientales más graves.

Los daños existentes, que según el informe eran mitigables, se deben a que las mineras están haciendo mal su trabajo. O al menos así lo menciona el estudio, que deja en evidencia cómo las retroexcavadoras están explotando las zonas de amortiguación del río Guavio, las cuales se podrían entender como las columnas de una casa, necesarias para mantener en pie la edificación.

De acuerdo con César Angarita, responsable del informe, sacarle al río material de sus márgenes u orillas genera sobreexplotación y deslizamientos de tierra. “En la visita técnica me di cuenta de que en el sector de Playa Holguín, donde permanece la arenera de triturados, la carretera se está deslizando, al igual que en otros puntos”. Lo más grave, según el técnico, son las fotos que demuestran la forma en que las retroexcavadoras extraen más material del que trae la corriente, hecho que cambió la velocidad y la hidrodinámica del río.

Asimismo, resaltó que las volquetas de carga y las máquinas de extracción se estaban metiendo al agua, acción contemplada en las licencias ambientales como prohibidas, por la contaminación que le ocasionan al río Guavio.

A esa serie de situaciones se suma una aún mayor. En documentos que reposan en el Instituto Geológico y Minero hay evidencia que desde 1953 se presentan derrumbes en los municipios de Junín y Gachetá, precedente que alerta la fragilidad del territorio. Lo que preocupa entonces es que, según Elika Prieto, actual alcaldesa de Junín, hasta el momento el gobierno departamental ni el local han hecho un estudio para encontrar la raíz del problema.

“No entiendo cómo se otorgaron títulos mineros y licencias ambientales para explotar el cauce del río Guavio sin antes conocer las causas de los deslizamientos en Junín. La minería puede potencializar los derrumbes como menciona el informe de Uaegrd, pero a pesar de eso se aprobaron los permisos”, cuestiona la alcaldesa, quien explica las razones por las cuales no se ha hecho un estudio serio: primero, porque cuesta casi $500 millones, dinero con el que no cuenta el municipio. Segundo, hace falta voluntad política, pues si la inversión fuera tangible, es decir, si se viera en la construcción de puentes o casas. “Tal vez los recursos llegarían más rápido”.

Respuesta de Corpoguavio

Tras las inconformidades y los hallazgos de la Unidad de Gestión del Riesgo, Oswaldo Jiménez, director de Corpoguavio, dijo que las areneras fueron sancionadas por el exceso de ruido, error que, según él funcionario, se solucionó, pese a lo dicho por los vecinos.

Frente a los resultados del informe, considera que carecen de validez, porque los hallazgos fueron de una visita ocular, sin mayores estudios técnicos. “Las apreciaciones son generales. Que digan que el municipio se está corriendo por culpa de una trituradora es ilógico. Para decirlo se necesitaría un estudio de Ingeominas”, comentó Jiménez, aduciendo además que la entidad competente para determinar si la minería genera impactos ambientales es Corpoguavio.

La realidad en este mar de versiones es que los impactos ambientales se notan, los deslizamientos en las zonas que colindan con las retroexcavadoras existen, el fuerte ruido de las trituradoras sigue, las grietas en las viviendas permanecen y, según la alcaldesa Prieto, hasta el momento no se ha hecho ningún estudio para determinar las razones de los derrumbes.

Problemas de alcantarillado

Los efectos de la minería no son los únicos problemas. Los estragos por la inconclusa construcción de la red de alcantarillado es otro que, por cierto, afecta la calidad de vida de nueve familias, conformadas por personas de la tercera edad. En el sector de Severo, parte baja de Junín, los habitantes tienen que armarse de valor para ir de sus casas al pueblo. Les toca ponerse botas, taparse la nariz y dar pasos firmes para no caer en un camino empedrado, que está bañado por las aguas residuales de la región.

En temporada de lluvias el reto es mayor, pues las aguas negras cubren las piedras y a la gente no le queda otra opción que ensuciarse la ropa, exponerse a una caída o caminar por entre las montañas más de 20 minutos. Aurora Duarte, de 60 años, fue víctima de las descontroladas aguas residuales que tienen sitiada su casa. Ella vive en una zona irregular, demarcada por grandes grietas. Cuenta que el año pasado, de camino a la plaza municipal, se cayó en un hueco lleno de aguas negras, accidente que le dejó su brazo derecho inmóvil.

“Tuve que llenarme de fuerza y pararme de ese hoyo sola, pasar entre la porquería para llegar al Hospital de Gachetá. De allá me remitieron a Bogotá para operarme y desde entonces he ido constantemente a la capital a hacerme cirugías, con la esperanza de recuperar mi brazo. El problema es que ya no tengo plata para los pasajes y la Alcaldía no quiere reconocerme nada, a pesar de que mi caída fue culpa del mal manejo que le han dado al alcantarillado”, menciona Duarte.

Según la alcaldesa, la administración municipal no puede indemnizar a la señora. Al parecer, no hay pruebas de que ella se haya caído por culpa de las aguas negras. No obstante, aseguró que el lío del alcantarillado y el mal estado del camino del sector de Severo se debe a que la pasada administración se equivocó con el Plan Maestro, que establecía cómo quedarían las tuberías de las aguas residuales. Además, le faltaron recursos para terminar la obra, razón por la que los habitantes de la parte baja de Junín tienen que aguantarse los malos olores, pues hasta allá no llegan las redes.

“Cuando el gobernador vino al municipio le dije que necesitábamos terminar el último tramo del alcantarillado, que cuesta $480 millones, para evacuar las aguas residuales que dan a las viviendas de la señora Duarte y de ocho familias más. Eso fue en junio de 2016 y sólo hasta la semana pasada aprobaron el presupuesto. Si todo sale bien, este mes arrancamos obras”, reveló Prieto.

Y aunque a varias familias del sector les prometieron ser reubicadas, ya que viven en una zona de riesgo, siguen esperando que la Alcaldía les cumpla. La actual mandataria explicó que la pasada administración tramitó mal las viviendas. “Consiguió los predios, pero no les puso servicios básicos. Un fallo de la Corte Constitucional dice que es inviable trasladar una comunidad a un sitio que no tenga agua ni luz. Así que a mí me tocó hacer toda la gestión. Ya se instalaron las redes de aguas residuales y del acueducto, están en trámite las de Codensa”.

En resumen, las autoridades de Junín y del departamento están en deuda con los habitantes del municipio no sólo por los avatares que han tenido que soportar por la explotación minera, sino también por el ruido y las obras inconclusas. Mientras alguien se digna a escuchar sus quejas, vivir en el municipio seguirá siendo para algunos todo un drama.