En el Concejo de Bogotá hay posiciones divididas por el proyecto de acuerdo que presentó la Administración Distrital y que tiene que ver con la modernización tributaria.
Las reservas a la llamada Modernización Tributaria fueron hechas por los gremios, universidades y demás fuerzas vivas de la ciudad.
Entidades como la ANDI, Fenalco, Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras, insistieron en que cada vez que se presenta un proyecto de reforma tributaria provoca amenazas por el efecto de desplazamiento de la actividad productiva, económica y comercial por el aumento de la carga impositiva que genera esta clase de medidas.
La Administración Distrital plantea además mecanismos para evitar que la obligación impositiva se transfiera a la población más vulnerable de la ciudad; específicamente en los impuestos predial unificado y el impuesto de industria, comercio y avisos – ICA.
“Es allí donde se hace necesario adelantar un análisis pormenorizado, toda vez que la identificación, categorización y clasificación del sujeto pasivo, base gravable o de la definición de actividades resulta bastante sensible, pues en un ejercicio de focalización, se corre el riesgo de generar una carga impositiva regresiva, que perjudique sustancialmente al segmento de la población de la clase media emergente que intenta superar la línea de pobreza y que paulatinamente registra mejores resultados en el índice de desarrollo humano”, advirtió el concejal Liberal.
Para otros, no se trata de una modernización tributaria, sino de una reforma tributaria. Pidieron que se tome una decisión por consenso entre la Administración, el sector productivo, comerciantes y el Concejo de Bogotá, y se estructure en un solo cuerpo el actual Estatuto Tributario.
“Llama la atención la inclusión de manera expresa en el articulado, que los mayores valores por el cambio de tarifas del impuesto predial unificado que se recauden se ejecutarán en programas y proyectos de prevención, asistencia, atención y medidas de reparación integral de las víctimas”, puntualizó el concejal Gutiérrez.
Los puntos en desacuerdo, dicen en el Concejo, se enmarcan principalmente en la forma cómo plantea la administración cambios en el impuesto predial y reducción de trámites: el cobro del predial unificado, industria, comercio y avisos y tableros, sobre vehículos automotores, procedimiento tributario, estampillas.
En ese sentido, aseguran, “el proyecto de modernización tributaria propone subir las tarifas, que hoy oscilan entre el 2 y el 9,5 por mil, a unos rangos del 6 al 16 por mil para predios residenciales. Al tiempo que plantea que en los predios con avalúo catastral inferior a 135 salarios mínimos (83 millones 160.000 pesos) se mantengan el estrato y la tarifa actual o se reduzca acogiéndose a la ley nacional.
Sin embargo, el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho al respecto que "es falso que esté subiendo el impuesto predial para todos los estratos bajos. Nosotros nos estamos acogiendo a la Ley 1450 de 2010 y para los estratos 2 y 3 estamos bajando de 6 a 5 por mil. La propuesta que hace la Administración Distrital es que a predios que tengan avalúos catastrales por encima de 135 salarios mínimos, que es el tope que establece la ley, se propone una tarifa progresiva”.
Por otra parte, uno de los temas que más genera inquietudes tanto entre la academia, sector productivo y los propios concejales es la propuesta de adopción de la tasa por uso de áreas de alta congestión para vehículos particulares autorizada por el artículo 90 de la Ley 1450 de 2011.
Para los concejales, “la ciudad no está preparada para aplicar esta propuesta, si bien es una medida progresista y necesaria, tendríamos que tener en pleno funcionamiento el Sistema Integrado de Transporte Público, acompañado de un desarrollo vial y desarrollo de ciclorrutas y alamedas”.