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Esta semana entra en vigencia el primer contrato de mantenimiento de las 100 motos eléctricas que el Fondo de Seguridad y Vigilancia de Bogotá compró hace tres años para dotar a la Policía Metropolitana. Es algo que debió haberse hecho desde el comienzo, pero la falta de previsión y luego la dificultad para adjudicar el contrato llevaron a una demora que terminará siendo más costosa para el Distrito.
Parte de esta historia es conocida. El Fondo, bajo la gerencia de César Augusto Manrique, adquirió las 100 motos en agosto de 2012 de forma directa a la firma Northbound Technologies (distribuidora de las motos marca Zero), por $4.357 millones. El multimillonario contrato fue cuestionado por la Contraloría Distrital, al considerar que hubo sobrecostos y que en el mercado había más oferentes, que hubieran obligado a abrir un proceso de licitación en el que participaran varias empresas. La Fiscalía anunció en octubre del año pasado que les imputará cargos a Manrique y al representante legal de Northbound, Carlos Andrés Vaca, por un presunto interés indebido en la celebración de contratos.
El nuevo capítulo tiene que ver con el mantenimiento. La abogada Gloria Díaz, que trabaja en el Fondo, le dijo a El Espectador que el contrato para este fin debió hacerse cuando comenzaron a rodar las motos, pero lo que se hizo fue reclamar la garantía cada vez que alguna lo necesitaba. “Se confundió garantía con mantenimiento, a pesar de que son cosas distintas”, puntualizó la funcionaria. La garantía, por ejemplo, tiene que ver con daños en el motor, mientras que en el mantenimiento se atienden aspectos como el desgaste de las llantas, propio del uso diario de las motos.
Desde mediados del año pasado el Fondo ha intentado adjudicar un contrato de mantenimiento en dos ocasiones, pero el resultado ha sido la declaratoria desierta por falta de proponentes. El pasado 22 de abril, entonces, optó por adjudicarlo directamente a la empresa Zero, es decir, la misma que vendió las motos.
La justificación para no abrir de nuevo un proceso en el que se invitara a varias empresas fue que no existía pluralidad de oferentes. Además, la garantía de los vehículos se vence el próximo 30 de mayo y una subasta implicaría irse mucho más allá de ese tiempo, lo que supone dejar las motos sin mantenimiento ni posibilidad de reclamar garantía.
El monto del contrato de mantenimiento es de $622 millones. Este diario constató que al menos en la última subasta que se declaró desierta, el pasado 10 de marzo, el monto era de $100 millones. ¿A qué se debió el incremento de seis veces lo que se había presupuestado en un comienzo? La abogada Díaz explica que la decisión no fue arbitraria: “Inicialmente se quería hacer por $100 millones, porque aún teníamos respaldo de fabricante. Sin embargo, se hizo un diagnóstico de cada moto y se detectó que tenían fallas que no se podían cubrir con la garantía, porque correspondían al desgaste normal por el uso”.
En el documento del proceso en el que se justifica la contratación directa se agrega que después de ese diagnóstico se concluyó que hay la “necesidad de reparación y cambio de repuestos para su correcto funcionamiento, por esta razón se hará una adquisición de repuesto adicional” que se hará con el mismo contratista.
De esta manera esperan que la novela de las motos eléctricas por fin tenga un curso normal. De hecho, el gerente del Fondo de Vigilancia, Máximo Noriega, acepta que están dispuestos a comprar más, por petición del alcalde Gustavo Petro y porque consideran que son amigables con el medio ambiente. La nueva adquisición es, sin embargo, apenas una idea que tomará forma en las próximas semanas. Lo único seguro es que se hará mediante licitación pública. “Lo vamos a hacer con calma”, promete Noriega.