Ni tan bacrim, ni tan guerrilla

Fuentes de la administración de Gustavo Petro contradicen al alcalde. Lo que el mandatario llamó “bandas criminales” puede ser una expresión criminal de otras dimensiones.

Enfrentamientos en el sur de la ciudad entre la Policía y manifestantes durante el paro agrario.  / Óscar Pérez
Enfrentamientos en el sur de la ciudad entre la Policía y manifestantes durante el paro agrario. / Óscar Pérez

“Los Paisas es el grupo que contrató a pandillas y jóvenes de Suba para destruir el CAI y establecer sus extorsiones. Las bacrim están detrás del sabotaje a la movilización pacífica y los campesinos”, dijo el alcalde Gustavo Petro sobre los disturbios que se presentaron en el marco de las movilizaciones de respaldo al paro agrario durante la semana pasada. Pero, de acuerdo con fuentes de la misma administración distrital, el alcalde “sufrió un lapsus” al llamar bacrim a los grupos que auparon los desmanes o, simplemente, se equivocó. El panorama de los instigadores de los desórdenes es más complejo de lo que ha dicho el alcalde.

Para su edición del pasado lunes, este diario consultó a Ariel Ávila (coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, que actualmente desarrolla algunas investigaciones sobre seguridad en Bogotá), quien dijo que “la información que conocemos es que el día jueves una pandilla llamada Low Park, que fue apoyada por tres o cuatro jíbaros de los barrios La Gaitana, Lisboa y Toscana, salió a enfrentarse con la Policía. Los jíbaros estaban pagando entre $10.000 y $20.000 a los muchachos para que provocaran el enfrentamiento”. Según el investigador consultado y la Alcaldía Local de Suba, esos jíbaros son desmovilizados de la banda criminal los Paisas, que fue parte de la Oficina de Envigado y que opera en Antioquia.

Sin embargo, Gerardo Bazante, un investigador independiente que durante los últimos dos años trabajó para el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad (Ceacsc) del Distrito, afirma que “los Paisas no son una banda criminal. Los que se hacen llamar así, en Santa Cecilia, Lisboa, Villa Cindy y Toscana, barrios de la localidad de Suba, son grupitos dedicados al microtráfico que mantienen una guerra con los Boyacos, que operan en Gaitana, Tibabuyes y El Rincón. Lo que hicieron fue darles plata a los muchachos para hacer desmanes que pusieran los ojos de la Policía sobre los Boyacos. También querían vengarse de la Policía, pues ha efectuado varias capturas”.

Incluso, Rubén Ramírez, director del Ceacsc, es enfático en que “en Bogotá no hay presencia de grupos armados ilegales. Ni bacrim, ni guerrillas. No podemos negar que hay algunas simpatías con las Farc en universidades públicas, pero creo que hay una sobredimensión de estos fenómenos”.

Una muestra de esa sobredimensión no sólo se encontraría con respecto a las bandas criminales, sino también de las pandillas urbanas. Gabriel Rondón, coordinador distrital de gestores de convivencia (representantes del poder civil durante todas las marchas y manifestaciones que tienen lugar en la capital), se refirió al grupo al que se atribuyó la asociación con los Paisas: una supuesta pandilla a la que Ávila y la Alcaldía Local de Suba identificaron como Low Park. “Para nosotros, esa pandilla no existe. Low Park es un parque donde hay pistas de patinaje. Allí confluyen raperos, skaters y otras tribus urbanas. Nosotros vimos que algunos de estos jóvenes participaron en los desmanes, pero no se los puede unificar como pandilla. No puedo dar fe del pago de una organización llamada los Paisas, pero sí sabemos que hubo pagos a algunos de los manifestantes”, afirmó.

Para este funcionario, lo que pasó durante el paro en Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa y el centro no tuvo un denominador común. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar “los desmanes iniciaron con el bloqueo de vías por volquetas. Encontramos que esos vehículos eran nuevos y que una vez empezaron los disturbios se retiraron. Son carros de $280 millones; no los iban a exponer. Según personas de la localidad, son volquetas que trabajan en las canteras”. Y es que, coincidencialmente, la administración distrital ha mantenido una discusión pública con el gremio minero, pues se la ha jugado por prohibir ese negocio en toda Bogotá. Además, los vehículos que identificaron los gestores no están reportados en la Asociación Nacional de Transportadores (Asotrans).

Por otro lado, Rondón dice que “en el centro uno ve un accionar más político, si se puede llamar así. Los negocios afectados son los que los grupos de extrema izquierda identifican con el ‘imperialismo’. Y en Bosa, por ejemplo, el único negocio afectado es uno de maletas que, al parecer, fue el blanco de un grupo de ladrones muy específico, mientras el grueso de los vándalos se metió exclusivamente con la Fuerza Pública”.

El mismo funcionario hace un análisis con categorías menos fuertes a las empleadas por el alcalde: “El problema que nosotros vimos es que muchos jóvenes, vinculados o no a redes de microtráfico o grupos de activismo político o delincuenciales, son víctimas del ocio y la segregación. La falta de políticas públicas para los jóvenes los empuja a participar en estos desórdenes o, también, a ser cooptados”. Si eso es así, el director del Ceacsc podría tener razón en que “el alcalde tuvo un lapsus de lenguaje”.

 

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@CamiloSeguraA