Rechazan recurso con el que buscaban suspender licitación del metro de Bogotá

Para el alto tribunal, la solicitud de medidas cautelares se sustenta "en términos hipotéticos y sin un sustento concreto del pronóstico de sobrecostos o indemnizaciones que se aduce deberá asumir el Distrito”. / Empresa Metro de Bogotá

Agridulce. Esa es la sensación que dejaron entre los detractores del proyecto de metro elevado en Bogotá dos fallos del Consejo de Estado sobre la licitación para la construcción de la primera línea del sistema. Si bien el alto tribunal admitió una demanda para el estudio de supuestas irregularidades en el proceso, rechazó la solicitud de medidas cautelares con la que se buscaba suspender el proyecto hasta tanto se resolvieran recursos judiciales.

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Las demandas fueron interpuestas por la bancada del Polo Democrático en el Concejo de Bogotá (Xinia Navarro, Manuel Sarmiento, Celio Nieves y Álvaro Argote), y a ella se sumaron recientemente los precandidatos de la denominada coalición de centro-izquierda con miras a la Alcaldía: Claudia López, Jorge Rojas y Luis Ernesto Gómez.

Por un lado, los demandantes le pedían al Consejo de Estado que admitiera una demanda en la solicitaban que se declaran nulos una serie de actos administrativos que le dieron sustento financiero al proyecto por considerar que vulneraron normas legales y constitucionales.

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Entre dichos actos se cuentan el Conpes que declaró de importancia estratégica el metro elevado; el documento Confis que autorizó al Distrito comprometer recursos de vigencias futuras por $6,7 billones para cofinanciar la obra; el acuerdo del Concejo que dio luz verde a esas vigencias; y el acuerdo que le autorizó al Distrito un cupo de un endeudamiento por $10,5 billones para la primera línea.

En respuesta, el alto tribunal resolvió admitir el recurso por estar ajustado a la ley y por ser competente para conocer la acción de nulidad que reclaman sus promotores.

Sin embargo, en otro fallo, el Consejo de Estado rechazó la solicitud de medidas cautelares de urgencia con la que los demandantes pretendían ponerle un alto al proceso licitatorio para que no fuera adjudicado hasta tanto se resolvieran los recursos jurídicos en su contra.

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En su determinación, el alto tribunal concluye que, pese a la petición, “no se advierte que las razones que se invocan para sustentar la urgencia estén suficientemente demostradas, a tal punto que se evidencie la imperiosa necesidad de impartir el trámite excepcional”.

En síntesis, para el Consejo de Estado no hay evidencia de que exista una “inminente configuración de riesgos” para ponerle un alto al proceso licitatorio que, si se cumplen los tiempos del Distrito, concluirá en octubre próximo, cuando se espera sea adjudicada la construcción y operación de la primera línea del sistema.

“En el expediente solo consta la aseveración de los solicitantes en ese sentido el cual, en todo caso, se plantea en términos hipotéticos y sin un sustento concreto del pronóstico de sobrecostos o indemnizaciones que se aduce deberá asumir el Distrito”.

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