Para que explique detalladamente cómo se estructuró y desarrolló la licitación de la Fase III de Transmilenio (por la calle 26 y la carrera 10ª), negocio que entregó pocos días antes de salir de la Alcaldía, la Fiscalía General citó a interrogatorio al ex mandatario Luis Eduardo Garzón, en el marco de la investigación que el ente acusador adelanta por el supuesto cartel de la contratación en la capital.
La noticia fue confirmada anoche a este diario por la oficina de prensa de la Fiscalía, según la cual, además, también habrían sido llamados a interrogatorio dentro de la misma investigación el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi; el abogado Álvaro Dávila y los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia. La diligencia del ex alcalde Garzón se realizaría en la primera semana de febrero y la del contralor comenzaría el próximo viernes ante Luis Triana, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
‘Lucho’ Garzón ha sido mencionado dentro del escándalo por supuestas irregularidades en la contratación distrital, debido a que tres días antes de culminar su mandato adjudicó los contratos de las polémicas obras en la 26 y la 10ª, sumergidas en un sinfín de retrasos que alertaron a los entes de control y generaron la cesión del tramo que tenía el consorcio del grupo empresarial Nule.
Según la Contraloría General, que en diciembre pasado lo vinculó a un proceso de responsabilidad fiscal, Garzón entregó el millonario negocio a pesar de que “en la ejecución del proyecto se presentaron deficiencias referentes a los diseños, como demora en su entrega y aprobación incompleta. Sin embargo, se le autorizó al contratista que se realizaran adaptaciones y adecuaciones”, como consta en un auto de esa entidad.
Anoche, Garzón le dijo a este diario que no ha sido notificado aún, pero que asistirá para dar la cara, pues ese ha sido siempre su talante: “Yo no estoy evadiendo responsabilidades. Asumiré lo que me toque asumir, pero lo cierto es que los alcaldes, particularmente en Bogotá, no tienen potestad para guiar licitaciones ni para adjudicar”.
Por su parte, el contratista Julio Gómez afirmó que tampoco ha sido notificado por la Fiscalía, pero reveló que asistirá el próximo 28 de enero a la Corte Suprema a declarar por petición de ese alto tribunal.
En la oficina de prensa del contralor Moralesrussi aseguraron que éste no ha sido llamado por la Fiscalía “ni por ningún otro ente de los que están investigando” el presunto carrusel de contratos.
El Espectador intentó comunicarse con el abogado Álvaro Dávila, pero no fue posible.