Con 90.326 hogares de desplazados y 60 familias que llegan semanalmente en la misma condición, la situación de las víctimas del conflicto que viven en Bogotá casi se ha convertido en una obsesión para el alcalde Gustavo Petro. Por eso la implementación de la Ley de Víctimas con recursos del Distrito, adicionales a los que tiene que poner la Nación para reparar a esta población, fue una promesa de campaña y ha sido una de sus principales banderas.
Prueba de la importancia que tiene el asunto para la actual administración es la creación de la Alta Consejería para las Víctimas y del Comité Distrital de Justicia Transicional, cuyo manejo quedó a cargo de la líder de derechos humanos Ana Teresa Bernal, quien ha dicho que la capital necesita $800.000 millones para reparar a las víctimas.
¿De dónde saldrán estos recursos, que fueron incluidos en el Plan de Desarrollo pero cuya financiación no está clara? ¿Qué otros desafíos está en mora de enfrentar la administración en su empresa?
Lo primero es que, a seis meses de comenzada la era Petro, ni siquiera se ha podido hacer el censo que permitirá saber a ciencia cierta el número de víctimas del conflicto en Bogotá.
A esto se suma un inconveniente que enfrentan las víctimas a nivel nacional y es la inseguridad para retornar a sus tierras. Como se sabe, la restitución es una de las promesas de la Ley de Víctimas y por eso el alcalde anunció que el Distrito pondría grandes grupos de abogados a disposición de esta población. No obstante, regresar a los municipios de los que muchos salieron expulsados significaría en casi todos los casos tener que enfrentar de nuevo a los grupos armados ilegales.
Ocurre así, por ejemplo, con la población indígena embera, integrada por unas 714 personas en la capital que por ahora no tienen muchas posibilidades de retornar al Chocó.
Para concejales como Antonio Sanguino, autor del aprobado acuerdo que crea el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, lo primero es definir la financiación de la iniciativa.
Este diario estableció que la administración presentará ante el Concejo, en agosto, un proyecto de modernización tributaria que aumentaría la carga tributaria de manera que se garanticen estos recursos. Sanguino opina que quienes deben pagar son los victimarios en vez de las clases pudientes de la ciudad.
La otra esperanza que tiene el Distrito es que el Gobierno Nacional sea generoso con los recursos que destinará a las víctimas. Así lo ve Bernal: “El pasado 30 de mayo se emitió un documento Conpes, en el cual se establecieron los montos que garantizan la sostenibilidad de la Ley de Víctimas. Allí aprobaron unos recursos por $54,9 billones de pesos de 2011 para los diez años de vigencia de la ley en Colombia. Dado que Bogotá es la ciudad que concentra el mayor número de personas víctimas del conflicto armado, confiamos en que la Nación garantizará una cifra en coherencia”.