"No volveré a ser funcionaria pública":gerente del Fondo de Vigilancia

Natalia de la Vega dice que “hay algo raro” detrás de los señalamientos que le hacen el concejal Javier Palacio, la Contraloría y la Personería.

El Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) ha sido una papa caliente para las administraciones distritales, pues se convirtió en un blanco de las redes de corrupción que durante años se han apoderado de la contratación. El presupuesto que maneja la entidad no es nada despreciable, ronda los $1,5 billones por cuatrienio. El FVS está encargado de proveer los insumos que la fuerza pública y las entidades judiciales y administrativas necesitan para desarrollar funciones relacionadas con la seguridad, lo que significa un sinfín de procesos licitatorios y contractuales cada año.

A ese enredo llegó Natalia de la Vega, una mujer que había estado alejada de la vida pública hasta que descubrió el encanto de las redes sociales. Se unió a la ola verde que, con Antanas Mockus como candidato, disputó la Presidencia 2010-2014. Estuvo cerca de ser edil de la mano de Angélica Lozano y el movimiento Progresistas, pues se desencantó de los verdes una vez se aliaron con el expresidente Álvaro Uribe. No se pudo presentar por problemas de trámite. Una vez electo como alcalde, Gustavo Petro la contactó vía Twitter para que se uniera a la administración. Finalmente, después de pasar por varios despachos, asumió la gerencia del FVS. El objetivo del mandatario: que “limpiara la casa”.

Pero hoy, cuando De la Vega completa un año en el cargo, “la casa” parece no estar tan limpia. Durante estos 12 meses, organismos de control, el concejal Javier Palacio y los medios de comunicación han reseñado irregularidades en cerca de 20 actos contractuales que han sido responsabilidad de la gerente. La presión ha sido tal que De la Vega tiene un proceso abierto en la Personería por su presunta negligencia en la contratación del suministro de combustible a vehículos de la Policía Metropolitana y está siendo investigada por cerca de cinco contratos y actos administrativos de diferente índole.

“Yo pensaba que los entes de control se dedicaban a hacer su trabajo sin presiones políticas. Reconozco que están en la obligación de investigarme, pero no creo que la celeridad con la que han actuado sea normal. Incluso, considero que ha habido un prejuzgamiento en contra mía, por lo menos en la Personería”, dice la gerente. “A mí no me preocupa que el ritmo sea inusitado conmigo. Lo más grave es que pueden estar generando un pánico colectivo. Le están diciendo al ciudadano que su seguridad está mal gerenciada cuando hacen pronunciamientos sin tener asidero para sus investigaciones”, añade.

Sin embargo, no piensan lo mismo en la Contraloría que ha emitido por lo menos quince informes sobre la entidad durante el período de De la Vega. Así queda evidenciado en el último informe de visita fiscal que hizo el organismo al FVS con motivo del contrato con Equirent para “el arrendamiento de vehículos con mantenimiento, seguros y disponibilidad las 24 horas, para la Policía Metropolitana de Bogotá , la Decimotercera Brigada del Ejército y el Concejo de Bogotá”, cuyo valor asciende, con adiciones y prórrogas, a $42.000 millones. En su informe, el organismo de control hizo dos hallazgos con incidencia disciplinaria porque, entre otras irregularidades, se estaría pagando el alquiler de los vehículos como si fueran nuevos, cinco años después de que tuvieron cero kilómetros de uso.

“Esos supuestos hallazgos no dan lugar a una investigación porque bajamos el precio del contrato. Redujimos el valor de alquiler de los vehículos teniendo en cuenta, precisamente, que no son cero kilómetros”, dice De la Vega, quien refuerza su argumento de que “parecería que hay acciones selectivas”. El Espectador pudo establecer, por fuentes de los organismos de control, que la Personería estaría preparando la apertura de un proceso por asuntos laborales y, por otro lado, la Contraloría estaría construyendo un dossier con por lo menos cinco contratos que habría firmado la gerente para abrir un nuevo proceso.

Sin duda, las entidades tienen una presión política enorme. El concejal Javier Palacio, quien es uno de los líderes de la oposición más radical al alcalde Gustavo Petro, se ha encargado de hacer cinco debates de control político y denuncias a través de los medios de comunicación contra De la Vega. Por ejemplo, fue quien descubrió que en Bogotá las motos de Policía sólo podían tanquear en tres estaciones de servicio, durante el pasado mes de abril. También, el lunes pasado, denunció que “los patrulleros de la Policía están haciendo colectas para hacerles mantenimiento a sus motocicletas. Todo, porque la gerente dejó vencer el contrato. Esa no es la seguridad que merecen los bogotanos. Exijo la renuncia de la doctora De la Vega”, afirmó ante los medios.

“Es indudable que las denuncias que hace son infundadas. Respecto a la gasolina, el concejal se la pasaba en las bombas esperando que hubiera cola para tomar una foto y hacer una denuncia sin sustento. El servicio fue garantizado. Buscó hacer ruido con los contratos de mantenimiento argumentando que los había dejado vencer, pero no contaba con que teníamos recursos por ejecutar y hasta tanto no se acaben no podemos empezar el nuevo contrato, que ya está firmado. Todos sus escándalos son así. No sé qué intereses tenga en la entidad, pero sí me inquieta que, cuando ve que llega una persona honesta, arremete con todo su arsenal desde el poder que le da ser concejal”, dice De la Vega.

Según dice la gerente, sus contradictores también están dentro de la entidad. “Aquí hay gente que fue contratada en administraciones anteriores buscando desestabilizar mi gestión. Me han pasado papeles para firmar con información falsa, tratando de inducirme al error. Hemos puesto las denuncias en Personería pero, sorpresivamente, no las han tramitado. No me importa esa ‘encerrona’. Yo voy a cumplir con lo que me pidió Petro, pero le aseguro que no voy a volver a la función pública, es insano”, dice. Sin embargo, hay quienes sostienen que tantos cuestionamientos y escándalos por problemas contractuales terminarán sacando a la funcionaria.