A cuatro meses de terminar su mandato, el alcalde Gustavo Petro deberá enfrentar una nueva batalla jurídica con la Procuraduría. Esta vez, el Ministerio Público anunció que le abrió pliego de cargos por haber expedido por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el 26 de agosto de 2013, luego de que el Concejo había hundido la iniciativa. Según la Procuraduría, se trató de una falta disciplinaria grave, cometida con dolo, es decir, que “Petro expidió el decreto sin reparar en las advertencias hechas por diferentes intervinientes en el Concejo de Bogotá”.
La investigación, que adelantará el procurador general, Alejandro Ordóñez, apunta a que Petro “habría hecho caso omiso a la norma que otorga a los concejos la competencia para la reglamentación del uso del suelo, optando por proferir un acto administrativo que no resultaba procedente”.
Para justificar el proceso, la Procuraduría citó la suspensión del POT que profirió el Consejo de Estado el 27 de marzo de 2014. Resaltó que este alto tribunal dijo que al expedir por decreto el POT, Petro “se arrogó una facultad que no tenía”. Lo que no dijo el ente disciplinario fue que en auto de sala plena del 9 de diciembre de 2014, el mismo Consejo de Estado declaró que no tenía competencia para resolver la nulidad o no del Plan de Ordenamiento y le remitió el caso a un juez administrativo, pese a que sostuvo la suspensión del decreto.
Iván Acuña, el abogado que defendió al alcalde Petro en el proceso por cambiar el sistema de recolección de basuras de la capital (que le valió la destitución e inhabilidad de la Procuraduría y que terminó ganando el alcalde), aseguró que este nuevo proceso es frágil, político y precipitado. “El Procurador no tiene competencia para decidir si un acto administrativo es nulo o no. En el caso de las basuras se precipitó y dijo que los decretos eran ilegales, pero el juez administrativo dijo que eran legales, al igual que la Fiscalía, y se le cayó la estantería ”, aseguró Acuña e indicó que en este caso no da garantías de independencia que lo quiera llevar el Procurador. “Se busca inhabilitar al Alcalde para excluirlo del escenario político más adelante”.
El defensor del burgomaestre piensa que este proceso es precipitado y que podría quedar sin piso jurídico, porque en los próximos días se va a adelantar una importante audiencia que podría cambiar el panorama. El 25 de agosto, el Consejo de Estado discutirá si el Procurador General de la Nación puede o no sancionar a funcionarios elegidos popularmente.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado consideró que es necesario proferir una sentencia de unificación sobre “la competencia del Procurador para imponer sanciones disciplinarias que restringen derechos políticos a servidores públicos elegidos popularmente, esto a la luz del ordenamiento jurídico interno y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dice el auto.
Mientras se conocen estas decisiones, para el mandatario capitalino el nuevo proceso es más político que disciplinario. “En realidad, el Procurador aprendió la lección: inhabilitarme para que no concurra a las elecciones donde él piensa concurrir sin resistencia”, dijo Petro en su cuenta de Twitter y aseguró que demostrará “que tanto la ley como el procedimiento irregular en el Concejo para no adoptar el POT” le dan la razón. En algo sí tiene razón el Alcalde Mayor desde ya y es que, por tiempos, un fallo de primera instancia de la Procuraduría en este caso no se conocería antes de que él termine su mandato, y por eso solo podría afectar sus futuras aspiraciones políticas.
Las otras indagaciones
Además de la presunta extralimitación por decretar el POT, en la Procuraduría cursan otras indagaciones disciplinarias contra el alcalde Gustavo Petro. El objeto de cada una se encuentra en la base de datos oficial y pública de esa entidad. Está, por ejemplo, una queja contra él y Fernando Sanclemente, exgerente de Transmilenio, por la presunta injerencia irregular de particulares y servidores públicos en la prórroga, en 2013, de los contratos de operación de ese sistema de transporte masivo.
Se trata de un caso denunciado en los medios de comunicación y en el que salió a relucir el nombre de Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado del mandatario, como el particular que incidió en la negociación entre el Distrito y los operadores privados de las fases I y II de TM, al punto que en una finca de este en Zipaquirá se llevaron a cabo reuniones para tratar el tema. El caso no se mueve desde febrero, cuando la Procuraduría comenzó a evaluar la apertura de una investigación.
Del 2013, por otra parte, data una solicitud de investigación contra el Alcalde, que está en indagación preliminar, “por utilización indebida de recursos públicos en publicidad para su imagen personal”. Y de ese año también es la queja por haber designado a Alberto Merlano, gerente del Acueducto, como integrante de las juntas directivas de la ETB y de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB).
En su momento, los críticos vieron con malos ojos la presencia de gerentes de empresas distritales en esas juntas directivas, al punto que, por ejemplo, cuando Merlano salió de la junta de la EEB en septiembre de 2014, el secretario de Hacienda de ese momento, Ricardo Bonilla, justificó la movida en la intención del Alcalde de acabar con esas discusiones y “darle mayor transparencia a las decisiones de la ciudad”. La última vez que este caso se movió fue el 5 de junio pasado y no se ha determinado si se abre indagación preliminar.
Y aunque no aparece en las bases de datos de la Procuraduría, cabe recordar que en abril de 2013 el Ministerio Público abrió una investigación contra Petro por el nombramiento presuntamente irregular de Polo Ávila como gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Al parecer Ávila mintió sobre su formación profesional, pues ni siquiera tiene título universitario y ese cargo lo exigía. No llevaba ni dos meses en el cargo cuando renunció.