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Petristas y antipetristas parecen coincidir en que volver al proceso de la revocatoria del mandato de Gustavo Petro es someter a Bogotá a un traumatismo inconveniente en una época preelectoral y a tan sólo nueve meses de que el alcalde termine su mandato. Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional de ordenarle a la Registraduría que convoque de nuevo la consulta pone al mandatario en un escenario que le gusta: la posibilidad de salir a hacer política para defender su proyecto de gobierno.
El primer campanazo lo lanzó el pasado 2 de marzo, cuando ya se rumoraba sobre un pronunciamiento de la Corte: “Si ahora quieren que nos vayamos a campaña es para mí importantísimo; me encantaría salir a defender la Bogotá Humana en las calles”. También se mostró dispuesto a conformar un equipo para ello.
Hollman Morris, precandidato progresista a la Alcaldía, le dijo a este diario que convocará a una reunión de quienes quedaron del antiguo movimiento Progresistas y se unieron al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), a más tardar este viernes, para definir la ruta que seguirán. Aunque considera inconveniente que la revocatoria se discuta justo ahora, advierte: “No podemos descuidarnos ni bajar los brazos”.
La precandidata a la Alcaldía y exsecretaria de Hábitat María Mercedes Maldonado coincide con Morris en lo “inoportuna” que resulta la orden de la Corte al someter a la ciudad nuevamente a la inestabilidad política. No desconoce que el hecho de revivir la revocatoria contra el alcalde es importante porque, sumado a las elecciones de octubre, deja dos procesos en el mismo año para defender los lineamientos de la Bogotá Humana.
Los petristas están convencidos de defender las políticas de la administración en este nuevo escenario político. Algo que, de paso, será una oportunidad para reencontrarse con la gente y las organizaciones en las calles cuando lo que queda del Progresismo parece no tener muchas posibilidades ante las elecciones de octubre.
Miguel Gómez, cabeza del grupo que promovió la revocatoria y organizó la recolección de firmas desde enero de 2013, califica la decisión de la Corte como “una burla total”, pero anuncia que “si hay que ir a elecciones, pues hay que ir”.
Entretanto, la Registraduría asegura que acata el fallo de la Corte y reanudará la revocatoria. Según lo dictado por el alto tribunal, tiene dos meses para comenzar los trámites del proceso, que costará nada menos que $40.000 millones.
Pero no todo está dicho aún sobre la revocatoria. La Registraduría también aclaró que pedirá la nulidad de la decisión de la Sala Quinta de la Corte, de tal manera que sea la Sala Plena del tribunal la que decida si deja en firme o no la orden. Es incierto cuánto tiempo se tomará la Corte para resolver el recurso de nulidad y algunos creen que, incluso, podría dar la última palabra cuando ya se haya terminado la administración.
Aunque el consenso frente a la revocatoria es que no tiene sentido invertir tantos recursos y organización logística cuando a Petro le quedan pocos meses de mandato, la Sala Quinta de la Corte explicó que no desconoce que “precisamente porque aún ejercerá sus funciones por varios meses, se debe permitir a los ciudadanos ejercer sus derechos políticos y expresarse en las urnas”.
Lo cierto es que la ciudad vuelve a un escenario de incertidumbre. Bogotá ya se había hecho a la idea de que Petro terminaría su mandato, aunque a muchos no les guste, sobre todo con el espaldarazo que el Consejo de Estado le dio el martes pasado al mantener las medidas cautelares a su favor. La ciudad comenzaba a concentrarse en la campaña de los candidatos que aspiran a sucederlo y ahora la discusión vuelve a ser si el mandatario capitalino debe o no seguir en el cargo. Un escenario que parece favorecer más a los propios petristas que a la ciudad.