Nuevas críticas a proyecto de renovación urbana del CAN

“Santos, Petro y Sarmiento Angulo: el centro no se vende”.  Los panfletos se sucedían hoy a lo largo del salón Boyacá, en el Capitolio Nacional, donde un grupo muy diverso de bogotanos, desde líderes estudiantiles de la Universidad Nacional a comerciantes de la calle 7 con carrera décima, se reunió para manifestar su rechazo contra dos de los más importantes proyectos urbanos del presidente Juan Manuel Santos en Bogotá: la renovación del Centro Administrativo Nacional y la construcción de las nuevas sedes ministeriales en siete manzanas aledañas a la Casa Nariño.

La audiencia fue convocada por Carlos Alberto Baena, senador del Movimiento Mira. A ella acudió sin falta Andrés Escobar, quien se ha convertido en el principal enemigo de quienes no quieren que se toque un ladrillo del complejo Camilo Torres de la Universidad Nacional ni del predio de la Beneficencia de Cundinamarca que colinda con el Parque Metropolitano Simón Bolívar y hace parte de un humedal, ni las casas de litografías, artesanías e indumentaria militar, entre otras, que se extienden entre la calle 7 y la callen 9 entre la carrera octava y la carrera décima.

Andrés Escobar es el gerente de la Empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco, está encargado de liderar los dos proyectos con los que el presidente Santos espera ser recordado en Bogotá y en la mañana de este miércoles, en la audiencia citada por el Movimiento Mira, tuvo que enfrentarse a un auditorio caldeado y vociferante, que a duras penas lo dejó hablar, y que, por encima de todas las quejas, parece no estar dispuesto a perdonarle que, meses antes de ser nombrado por el presidente Juan Manuel Santos, trabajara como gerente de construcción, diseño y comercialización de proyectos en Construcciones Planificadas S.A, empresa de propiedad del poderoso empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Frente a un auditorio compuesto por comerciantes del centro, vecinos del CAN y estudiantes de la Universidad Nacional, Sergio Fernández, líder de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), denunció que pocos meses antes de ser nombrado gerente de la Empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco, Escobar había sido empleado de Sarmiento Angulo, quien a su vez es dueño de varios predios aledaños al proyecto de renovación urbana del CAN y que ha mostrado interés en los proyectos que esta empresa adelanta en la ciudad.  Fernández, el martes pasado, acudió a la Empresa de Renovación Virgilio Barco  y radicó una solicitud firmada por más de cincuenta estudiantes a través de la cual le pidió a Escobar “se declare impedido a ejercer el cargo de gerente de la Empresa de Renovación Urbana”, por cuenta de su cercanía al grupo Sarmiento Angulo.

Durante el caldeado debate que se vivió este jueves, Escobar solo se limitó a decir:  “me preocupa el asunto del conflicto de intereses y lo pondré a consideración de la Procuraduría”.

Escobar es un hombre reconocido y respetado en el sector inmobiliario y planificador, y muy pocos cuestionan su conocimiento en materia de urbanismo y gerencia de proyectos. Tan es así que en un ambiente marcado por las tensiones entre Distrito y Nación, su oficina ha sabido trabajar con la administración Gustavo Petro. De hecho, María Mercedes Maldonado, secretaria de Hábitat, le dio este jueves un espaldarazo público al proyecto de renovación del CAN y llegó incluso a sugerir –pese a la furia de los asistentes- que “sería ingenuo no reconocer que estos proyectos son un negocio”. Maldonado, sin embargo, añadió que la discusión no debe centrarse en esto, sino en los mecanismos para lograr que estos negocios “dejen rentas para la ciudad”.

No sucedió lo mismo con el proyecto Ministerios, que fue cuestionado por Maldonado y el concejal Jairo Cardozo (Mira) por la forma en la que Escobar notificó a los habitantes de las siete manzanas que comprenderá el proyecto y la metodología que utilizó para establecer el precio que se pagará por los predios.

Durante la audiencia, líderes de tres organizaciones que agremian a más de 1.000 microempresarios, residentes y propietarios del centro de Bogotá denunciaron que la Empresa de Renovación Urbana les ofreció pagarles entre $300.000 y $1’500.000 por sus predios, mientras que en San Victorino, a pocas cuadras, se tiene el metro cuadrado más caro del país (superior a los $15 millones).

El gerente Escobar aseguró que los precios de los predios aún no se han establecido y los que se conocen son apenas referencias catastrales que deben ajustarse con base en los más recientes avalúos comerciales de los predios.

Sin embargo, luego de tres horas de debate, Escobar accedió a la petición del senador Baena de suspender temporalmente el censo social que adelante en la zona mientras se realiza una concertación con los más de mil afectados que viven, trabajan o son propietarios de predios en la zona.