La administración del alcalde Gustavo Petro vive una paradoja: se la ha jugado por reconocer el trabajo de los recicladores pagándoles por el material que recuperan en las calles, una política que ha sido reconocida por la propia Corte Constitucional. Sin embargo, buena parte de ellos se volcó recientemente a las calles para protestar contra medidas del Distrito que consideran inconvenientes y por la falta de una remuneración oportuna y acorde a la magnitud de su labor.
La muestra más reciente de ese inconformismo fueron las marchas del 28 de julio. “Hablamos de unos cuatro meses en los cuales la población recicladora no ha recibido la remuneración correspondiente”, aseguró ese día el líder Samuel Arias. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) respondió que los inconvenientes eran, sobre todo, con quienes carecían de la cuenta bancaria que deben abrir para que les paguen, o con quienes, teniendo cuenta, presentaban problemas por guardar en ella más dinero del que les permiten ($4’900.000). Hay indicios, no obstante, de que los problemas también tienen raíces de mayor hondura.
La Contraloría Distrital lo pone en los siguientes términos: “No existe a la fecha una infraestructura de hardware y software destinada al proceso de pago a recicladores”. El dictamen hace parte de una auditoría al programa Basura Cero publicada en mayo pasado y que cubrió 2013 y 2014, los dos primeros años de operación del esquema que implementó el alcalde Gustavo Petro, en el que además de incluir a la Empresa de Acueducto como operador público de recolección de basuras, por medio de Aguas de Bogotá, estableció un plan de inclusión a recicladores que otras administraciones no habían adelantado a pesar de que la Corte Constitucional lo exige.
Los recicladores inscritos deben llevar el material a centros de pesaje para que los remuneren dependiendo de lo que marquen las básculas. La falta de infraestructura para el pago a esa población la describe en términos prácticos Nohra Padilla, de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB): “A la mayoría le han pagado muy poquito porque no se pudieron meter al sistema la totalidad de reportes”. Ilva Nubia Herrera, directora de la Uaesp, insiste en que sí hay infraestructura, pero admite que una parte del sistema es manual y esperan dejarla sistematizada. Por ejemplo, de las planillas donde se anota el pesaje, cerca de 15.000 cada dos meses, se encargan 25 digitadores. Así, las demoras son previsibles.
A pesar de todo, en más de dos años el Distrito les ha reconocido $44.548 millones a los recicladores, pero reportes de la Oficina de Control Interno de la Uaesp concluyen que “tal como se están realizando las actividades, sin los controles y la supervisión apropiadas, así como la falta de formalización de muchas de ellas, se está corriendo el riesgo de incurrir en manejos inapropiados de los recursos de la entidad”. La Contraloría complementa que en esos informes se da cuenta de “problemas con calibración de las básculas en los centros de pesaje” y de “básculas desinstaladas y/o en desuso”.
A estas inquietudes se suma la que sembró Fernando Arbeláez, exgerente financiero del Acueducto, hace dos semanas en entrevista con El Espectador, en la cual reveló que la comisión del Distrito que renegoció los contratos de recolección de basuras con los operadores privados después de la crisis de las basuras de diciembre de 2012 terminó afectando el pago a recicladores, en tanto a las empresas de particulares se les terminó “pagando mucho más” y la Alcaldía terminó perdiendo posibles ganancias que servirían para remunerar a esa población. “El negocio, sencillamente, no da”, aseguró.
La directora de la Uaesp afirma que “la dinámica del recaudo hace que uno tenga caja”, pero lo cierto es que en una reunión de hace un par de semanas los recicladores le insistieron al alcalde en un pago oportuno y justo. También les preocupa la intención de implementar contenedores, como lo ha planeado el Acueducto, al punto de que se habla de una licitación que comenzaría su curso en los próximos meses. Ese, dice Padilla, es un elemento que contribuiría a su expulsión del negocio, algo que el Distrito niega.
¿Qué hay detrás?
La Contraloría ve un problema de fondo: las cuentas del esquema de aseo no están claras. Aunque los ingresos superan los egresos en los años auditados, 2013 y 2014, que de entrada parece ser un signo positivo, el organismo de control advierte que esa relación es insuficiente para conocer la situación real del programa Basura Cero. Por eso indagó por los estados financieros —una relación más compleja de la información contable que permite conocer activos, pasivos, patrimonio—, pero no los encontró.
Lo que sí halló fue un déficit entre las cuentas por pagar ($44.800 millones) y lo disponible en bancos para responder por esas obligaciones ($7.500 millones). De ahí esta conclusión: “el modelo de aseo no es sostenible, eficiente, ni permite proyectar y tomar decisiones de políticas y estrategias”.
La directora de la Uaesp, en entrevista con El Espectador, dividió su respuesta en dos: primero pidió entender que la implementación del sistema es gradual y que aún todas las partes (la normatividad, los actores) no están engranadas. Agregó que habría que esperar a que el modelo basado en el reciclaje tome fuerza para que bajen los costos de recolección, barrido y limpieza y se pueda lograr un equilibrio. En segundo lugar criticó a la Contraloría: “Son documentos que carecen de rigurosidad. ¿No estará generando pánico sobre este tema? Eso lo único que hace es perjudicar a los recicladores. Si no estuviéramos haciendo bien la tarea, la Corte Constitucional ya nos habría dicho que paráramos”.
Aunque es cierto que la Corte ha respaldado la apuesta del Distrito por esa población, no se ha referido particularmente a los estados contables ni a la situación financiera del esquema de aseo, sino a la necesidad de que ellos sean tenidos en cuenta dentro del sistema.
En la Contraloría le indicaron a este diario que lo preferible es que se adjudique, de una vez por todas, una licitación que deje reglas claras de operación, pues debe tenerse en cuenta que el actual esquema de aseo es transitorio. La Uaesp espera tener listos los documentos del proceso para septiembre.
Paradójicamente, mientras el Distrito avanza en un plan de inclusión de recicladores que es necesario, las dudas persisten. Y la inquietud aumentó la semana pasada, cuando el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció que posiblemente embargue las cuentas de entidades distritales (Uaesp, Acueducto y Aguas de Bogotá) para hacer efectiva la sanción que les impuso por violar el régimen de competencia cuando Petro aplicó el actual esquema de aseo. Son multas que suman $80.700 millones. El alcalde trinó que en caso de hacerse efectiva se generará “una emergencia en la ciudad”.