Dos informes de auditoría realizados por la Contraloría de Bogotá que fueron conocidos por Elespectador.com evidencian dos nuevos hallazgos fiscales por cuantía de $1.104.089.090 en la Secretaría de Ambiente ($605.911.255) y en el Jardín Botánico José Celestino Mutis ($498.177.835).
De acuerdo con la auditoría realizada, en el Jardín Botánico se halló un detrimento patrimonial cercano a los 500 millones de pesos, debido, entre otras cosas, a la celebración indebida de contratos. “Se establecieron 54 hallazgos administrativos, de los cuales cuatro corresponden a hallazgos con alcance fiscal en cuantía de $498.177.835, que se trasladaran a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva; 16 tienen alcance disciplinario, los cuales se trasladaran a la Personería Distrital y cuatro con presunta incidencia penal por indebida celebración de contratos, siendo estos los relacionados con la urgencia manifiesta”.
De los procesos contractuales adelantados por el Jardín Botánico, se suscribieron los siguientes contratos: 701 con la Unión Temporal Un pulmón para ti, 702 con el Consorcio Talas Bogotá, y 703 con la Unión Temporal Landa.
“Previo al perfeccionamiento de los contratos, no se verificó la existencia de los documentos exigidos en los estudios previos formulados por la entidad como preámbulo a la celebración de aquellos. La evaluación de las propuestas que participaron en el proceso de selección de los contratos que pretendían conjurar la Urgencia Manifiesta, se realizó de manera ligera y sin que las propuestas a las cuales se adjudicaran los contratos cumplieran con el lleno de los requisitos exigidos, (Experiencia de los profesionales no acreditada, hojas de vida no firmadas por el personal presentado, la experiencia de los miembros que conforman los Consorcios y la Uniones temporales no se encuentran debidamente acreditadas), no cumplen con los requisitos técnicos vigencia del RUP, requisito éste que si bien no es de obligatorio cumplimiento por la situación presentada, si fue exigido en los Estudios Previos formulados”, dice el informe.
Según la auditoría, el Jardín Botánico José Celestino Mutis cuenta en sus instalaciones con un lago, el que internamente se le conoce como “El Lago Principal”, ubicado frente a la entrada principal de sus instalaciones, el que ocupa un área de 2429,54 metros cuadrados, y que desde 1997, viene presentando fuertes pérdidas de agua, con tratamientos que han resultado infructuosos.
De acuerdo con el seguimiento efectuado por la Contraloría de Bogotá, se pudo evidenciar, que los recursos incorporados al objetivo, esto es a la impermeabilización del lago para evitar las filtraciones, no se logró en su totalidad, y que el total del monto invertido para estos efectos ascendió a la suma de $164.566.994.00, constituyéndose en hallazgo administrativo con incidencia Fiscal y Disciplinaria.
“Se presenta otro hallazgo administrativo con incidencia Fiscal y Disciplinaria por la no exigencia del cumplimiento del objeto contractual y posterior pago de honorarios en dos contratos de Prestación de Servicios que asciende a la suma de $12.868.500,00, que constituye el 10% del valor de los contratos”.
Análisis a los estados contables
- Existe deficiencias en el proceso de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias entre las áreas de Contabilidad y Tesorería, evidenciándose una subestimación por cuantía de $228´572.487.
- Falta de depuración de partidas conciliatorias de cuentas bancarias.
- La entidad no cuenta con un aplicativo o sistema de costos donde se registre la producción de compost y semillas que se realizan en las instalaciones del Jardín Botánico de Bogota José Celestino Mutis.
- Existen falencias de control interno en los inventarios, en la biblioteca y en el recaudo de dineros por taquilla y ajustes al procedimiento para las respectivas consignaciones.
- Se estableció faltantes de elementos de almacén como resultado del Inventario físico cuya presunta responsabilidad corresponde a exalmacenistas. El valor de los faltantes es de $7.572.428.oo, no obstante, haberles expedido el paz y salvo de almacén.
- No hay registro en cuentas de orden los inventarios obsoletos y vencidos que durante la vigencia 2010 ascendieron al valor de $116.875.698.
“Por el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento, la entidad a través de la Secretaría de Hacienda recaudó recursos por un valor de $293.366.008, durante las vigencias 2007 a 2010. Sin embargo, el equipo auditor, empleando la fórmula utilizada por la Autoridad Ambiental para la liquidación del cobro por servicios de evaluación y de la licencia ambiental y seguimientos a Planes de Manejo Ambiental y entregada por la misma, variando el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, realizó el cálculo para la muestra seleccionada encontrando un valor dejado de recaudar de $605.911.255, por la no aplicación de la única herramienta jurídica con que cuenta la entidad como es la Resolución No. 2173 de 2003. Por lo tanto, dejo de percibir recursos que debieron ser utilizados para sufragar los costos de evaluación, seguimiento y control en que incurre la Secretaría de Ambiente por la prestación de este servicio”.
La evaluación efectuada por la Contraloría de Bogotá evidenció que existe una serie de elementos que sustentan esa aseveración, “que afectan la buena gestión para el cobro por los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales y planes de manejo ambiental”.
• Los usuarios no reportan el valor real del proyecto, conforme a lo establecido en el Artículo quinto de la Resolución No. 2173 de 2003.
• Los valores cancelados por los usuarios, por los servicios de evaluación y seguimiento, no corresponden al realizar el cálculo con la fórmula establecida por la Secretaría de Ambiente para la autoliquidación.
• La Secretaría de Ambiente no solicita el reajuste de la autoliquidación cuando ésta no corresponde al valor del proyecto.
• No se evidenció el pago por el servicio de seguimiento.
“Como resultado de lo anterior se observó que las acciones de control no son eficientes y oportunas; sumado a que existe un inadecuado manejo documental y de archivo que entraba los procesos administrativos y técnicos. Así mismo, los profesionales responsables de la función de evaluación y seguimiento no realizaron la verificación de los pagos efectuados por los usuarios, de acuerdo con los estudios que soportan el otorgamiento de las respectivas Licencias Ambientales y establecimiento de los Planes de Manejo Ambiental”.
En la auditoría se establecieron seis hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen incidencia fiscal en cuantía de $605.911.255, y tres disciplinarios.
Desde la expedición de la Ley 99 de 1993, la Secretaría de Ambiente ha expedido un total de 217 Licencias Ambientales. De este total, la misma entidad identificó que durante el periodo 2006-2010 se hallaban vigentes 31 Licencias y posteriormente, mediante comunicación de la Autoridad Ambiental, se estableció que realmente el número de Licencias Ambientales expedidas durante el período eran 23, las cuales fueron objeto de revisión y análisis por la Contraloría.
Lo recaudado entre el mes de octubre de 2007 a 31 de diciembre de 2010 por concepto de servicios de evaluación, según la Secretaría de Hacienda, correspondió en el año 2007 a $34.762.569,44; en 2008 a $81.735.193,65; en 2009 a $74.153.730,28 y en 2010 a $102.714.515 para un total de $293.366.008,37.
Twitter:@PaulaCastilloL