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Las obras de la intersección a desnivel de la avenida Laureano Gómez (avenida carrera Novena) con calle 94 y su conexión con la avenida Santa Bárbara (avenida carrera 19) parecen un cuento de nunca acabar. La polémica construcción ha estado en el ojo del huracán por las autoridades distritales desde hace más de tres años y a la fecha no hay ni un ladrillo.
Las demoras en los trabajos obligaron al contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, a enviarle al alcalde Gustavo Petro a comienzos de este mes una advertencia fiscal por el grave riesgo de afectación del patrimonio público distrital en razón a las situaciones irregulares presentadas en el desarrollo del proyecto.
El jefe del ente de control le envió un control de advertencia al burgomaestre capitalino en el que le señala los graves riesgos de menoscabo al patrimonio público en que puede incurrir el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con ocasión de la construcción de la intersección vial “dadas las situaciones irregulares que han venido teniendo lugar”.
Esa obra de valorización que pagaron los bogotanos en la primera fase del cobro fue adjudicada en noviembre de 2009 al consorcio Conexión por $45.868 millones y un plazo de 17 meses para estudios, diseños y construcción. El contratista no cumplió y el IDU caducó el contrato, que fue adjudicado nuevamente en febrero de 2012 al consorcio AIA CONCAY 2012 por la suma de $85.267 millones y plazo de 20 meses.
“La Contraloría desde el año 2010 se ha venido pronunciando con respecto a las situaciones irregulares presentadas en el desarrollo de citado contrato, es así como en su momento se cuestionó el hecho de que se hubiesen contratado los estudios y diseños junto con la ejecución de las obras de valorización”, indica la Contraloría.
El contratista Conexión aludió, en su momento, que el plazo del contrato debía ser ampliado en 24 meses y que su valor ya no fuera de $45.868 millones sino de $143.424 millones, lo que representa un incremento de más del 200%.
El mencionado contrato fue objeto de cinco suspensiones por un total de 219 días calendario, entre otras razones, debido a la no aprobación de los planes de manejo de tráfico. El IDU el 22 de septiembre de 2011 declaró la caducidad del contrato y constituyó el siniestro por incumplimiento.
Un año después de la nueva adjudicación del contrato, la Contraloría de Bogotá asegura que persisten las irregularidades con el contrato con CONCAY.
Irregularidades según la Contraloría
Iniciación tardía: pese a que el contrato fue suscrito el 20 de febrero de 2012, se dio inicio al mismo el 19 de abril de 2012, 60 días después.El contrato ha sido objeto de inmediatas y sucesivas suspensiones: a menos de cuatro meses de haberse dado inicio a la ejecución del contrato se tiene que el mismo ha sido objeto de tres suspensiones por un total de 103 días calendario.
Las suspensiones fueron motivadas por:
1. No contar con la correspondiente aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del plan de manejo de tráfico.2. Falta de aprobación por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de los diseños de redes hidrosanitarias, así como de la estación de bombeo.
3. Pendiente de revisión por parte de la dirección técnica de estudios y diseños del IDU del diseño de las pantallas metálicas requeridas para la ejecución de las obras.
4. Estar en trámite de aprobación por parte de la firma interventora del contrato el programa de obra correspondiente a la etapa de construcción.
“Resulta preocupante lo que viene ocurriendo en relación con el aludido contrato de obra pública (…) no se conoce los reales costos de las obras emprendidas y mucho menos el plazo en que efectivamente se ejecutarán las mismas, con las implicaciones e incertidumbre que esto genera con respecto a aspectos tan importantes que, en materia económica le puedan presentar al proyecto, como eventualmente puede ser un valor mayor al contratado que obligue a la Administración a la consecución de nuevos recursos para la terminación del objeto contractual”, dic el control de advertencia.
Igualmente, dice la Contraloría, a la fecha es incierto el real valor a que finalmente ascienda el proyecto, dado que como se dijo anteriormente, aún está pendiente de definirse la alternativa de diseño definitivo a implementarse con respecto a las señaladas pantallas metálicas y por ende las cantidades y cronograma a ejecutar.
“La Contraloría no entiende cómo un proyecto concebido para ser realizado en 17 meses, transcurran luego más de tres años, sin que a la fecha se haya dado ni siquiera inicio a la ejecución física de obra alguna”, concluye la carta enviada a Petro.
La avenida NQS por calle 94 se encuentra entre las intersecciones más congestionadas del sector debido a los altos volúmenes vehiculares y la ausencia de otras alternativas de ingreso a la zona.
Twitter: @PaulaCastilloL