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En un periodo de cinco años, entre octubre de 2011 y 2016, el sector movilidad de la Administración Distrital tuvo que pagar por sentencias, conciliaciones y transacciones $52.241 millones. Sin embargo, según advirtió este lunes la Personería de Bogotá, de ese monto apenas recuperaron $6.108 millones (11%), dado que dejaron vencer los términos para adelantar los procesos en contra de funcionarios y terceros que, con su acciones u omisiones, generaron dichas condenas.
Según estipula la ley, cuando el Estado es condenado –lo cual deriva en el pago de millonarias sanciones– es su deber establecer quién o quiénes (servidores públicos o contratistas) fueron los responsables, para obligarlos a responder con sus recursos y de esta manera, tratar de recuperar parte los dineros públicos. Este proceso se conoce jurídicamente como acción de repetición.
No obstante, la Personería encontró que, especialmente en el sector movilidad, no se emprendieron tales acciones y se dejó vencer el plazo de dos años que tenía para adelantar los procesos, con lo que el Distrito perdió recursos por el orden de los $46.000 millones. “Funcionarios del sector de movilidad dejaron caducar las acciones de repetición contra servidores públicos y particulares con funciones públicas, responsables de condenas contra el Distrito, pese al deber legal de repetir contra los responsables”, reveló el organismo de control.
Por esta razón, el ente de control anunció que adelanta una indagación preliminar para establecer quiénes fueron los responsables de esta omisión en la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UARMV), Transmilenio y la Empresa Terminal de Transporte.
Caso a caso
Todas las dependencias del sector movilidad antes mencionadas tuvieron que pagar $52.241 millones por sentencias, conciliaciones y transacciones. Precisamente, el organismo de control pudo determinar que el IDU –responsable del 97% de las condenas contra el sector– tuvo que pagar más de $50.538 millones, “para cuya recuperación inició acciones de sólo $5.215 millones, lo cual generó una pérdida superior a los $45.322 millones”.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad ha tenido que pagar $883 millones, de los cuales están en recuperación $419 millones; “los restantes $464 millones, más del 50%, ya se perdieron”, agrega la Personería.
En el caso de la Terminal de Transporte se pagaron $346 millones, pero no ejerció ninguna acción de repetición con el argumento de que, dice la Personería, "es una Empresa de Economía Mixta que se rige por el derecho privado y no por la Ley 678 de 2001".
Por último, Transmilenio tuvo que pagar $289 millones y la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial $37 millones. Ambas iniciaron acciones para recuperar esos dineros.