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En fallo de primera instancia el juzgado 50 administrativo de Bogotá le ordenó al alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa adelantar todos los trámites necesarios para conformar y convocar a una mesa de concertación con los vendedores informales de la capital de la República.
En la decisión judicial se consideró que el mandatario distrital incumplió el artículo 4 del decreto 098 de 2004 cuando ordenó el retiro y desalojo de los vendedores ambulantes de diferentes calles de Bogotá en febrero del presente año.
En este sentido se señala que la administración distrital no convocó a las entidades del Distrito respectivas y a los representantes de las asociaciones de vendedores informales para diseñar y evaluar la política distrital relativo al uso y aprovechamiento del espacio público.
La decisión se tomó al resolver una acción de cumplimiento presentada por el representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla que indicó que con la decisión la Alcaldía había actuado en contra de los derechos de los trabajadores informales, afectando su calidad de vida y las de sus familias.
“Es triste acudir a iniciativas judiciales para que un alcalde cumpla con lo que debe ser un principio democrático como sentarse a dialogar con las personas que resulten afectadas con sus políticas”, precisó Asprilla al señalar que se presentó un incumplimiento a la normatividad vigente vulnerando los derechos al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso de los vendedores.