Pasaron por París cuatro funcionarios del Centro Nacional de Memoria Histórica para presentar el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Al preguntarles por las razones que los llevaron a establecer el año 1958 como “el punto de partida” del conflicto armado en Colombia, no sólo asumieron una posición a la defensiva, sino que contestaron con sofismas de distracción e inconsistencias históricas lamentables.
Uno de ellos argumentó que se trataba de un mandato de la Ley de Víctimas, que supuestamente les había establecido la tarea de “dar cuenta esencialmente de los actores que habían emergido en la posviolencia de los años 50”. Sin embargo, una revisión cuidadosa de dicha ley revela no solo que esa limitación no aparece en ninguna parte, sino que, por lo contrario, el artículo 3º parágrafo 4° establece que “las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1º de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición”.
Otro de ellos afirmó que “no podemos entender el origen de las guerrillas sin la revolución cubana” (1959), desconociendo las primeras guerrillas de autodefensa campesina organizadas luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y las guerrillas liberales del Llano, estimuladas en 1949 por el Partido Liberal. Más adelante, este funcionario confunde aún más el asunto al afirmar que “luego vino el tema de la guerra fría”, olvidando que ella se desató poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, o sea en 1947.
Pero más allá de las respuestas desconcertantes, nunca dieron espacio para el debate, esencial en la construcción de la memoria. Por otra parte, en la agenda acordada en agosto de 2012 entre el Gobierno y las Farc, se estableció la verdad como uno de los puntos del tema de las víctimas. Un año después, las Farc propusieron crear una comisión que “establezca la verdad de lo acontecido durante la violencia partidista, el origen de la actual contienda como resultado de dicho enfrentamiento fratricida, el porqué del surgimiento de las guerrillas y el desencadenamiento desde entonces del conflicto armando”.
Hace unos días, el Gobierno Nacional, a través de Humberto de la Calle, aceptó la propuesta de crear esa “comisión de la verdad”, pero “que se empiece a construir a partir de la firma del acuerdo del fin del conflicto”. A ello, las Farc responden diciendo que concuerdan con lo dicho por el Gobierno, pero que esta comisión no es igual a la “comisión de esclarecimiento de las causas y responsabilidades del conflicto” y proponen que “el período de estudio histórico abarque desde la expedición de la Ley 200 de 1936, frente a la cual surgió una reacción que desató la violencia terrateniente y partidista”.
En primer lugar, no queda claro cuál es la diferencia entre “comisión de la verdad” y “comisión de esclarecimiento de las causas y responsabilidades del conflicto”. Pero, por otra parte, su posición frente a las causas de desencadenamiento del conflicto armado cambió sustancial y repentinamente.
Si bien la fecha de 1936 puede ser uno de los temas importantes para entender la historia del tema agrario como condición que favoreció la permanencia en el tiempo del conflicto, reducir las causas del conflicto armado a un enfrentamiento por la tenencia de la tierra —excluyendo los factores políticos— es parcializar la mirada y despojar de responsabilidad al Estado por el innegable uso de la violencia para detener la ya inocultable marcha victoriosa del pueblo al poder.
Tantas contradicciones sirven sólo para confundir y distraer la atención acerca de la necesidad imperiosa del país de reflexionar acerca de los orígenes políticos del conflicto armado. Como lo he insistido (16 de agosto de 2013), esto requiere revisar con rigor el período de 1946 a 1957, para constatar que el asesinato de Gaitán y el genocidio al Movimiento Gaitanista sigue siendo víctima del ‘memoricidio’ para que prevalezca la más completa impunidad y para que el Gobierno no se vea compelido, por la opinión pública, a solicitar oficialmente a Estados Unidos la desclasificación de los documentos de la CIA y del FBI sobre ese período de nuestra historia.
Lo cierto es que, en medio de tanta confusión, las conmemoraciones organizadas oficialmente para el 9 de abril, declarado por la Ley de Víctimas como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, siguen ignorando por completo lo que esa fecha y esos años significan en el origen del conflicto armado en Colombia. El cumplimiento de la Ley de Víctimas no puede depender del ritmo de los avances o retrocesos que puedan sufrir las negociaciones en La Habana. Se trata, en últimas, no sólo de un derecho de las víctimas, sino de todo un país que anhela y requiere construir un mejor futuro.
* Nieta de Jorge Eliécer Gaitán.