En el Día Nacional Contra la Corrupción no está de más aterrizar el discurso y conocer un diagnóstico sobre qué tanto cumplen las leyes y normas los capitalinos. Para la Veeduría Distrital la desconfianza y la corrupción reinan, por eso buscan consolidar un plan de acción entre los sectores público y privado en aras de combatir este mal que tanto aqueja la vida en Bogotá. En ese camino, hoy sellarán un pacto ciudadano, una Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción (PPTINTC), de la que participan más de 50 actores de la ciudad entre quienes están la academia, los gremios y algunos medios de comunicación.
El diagnóstico de la Veeduría no es alentador: lo público, lo que le da sentido a la vida en comunidad parece no ser importante: tan solo el 50% de los ciudadanos y el 65% de los servidores públicos consideran que los asuntos públicos son importantes o muy importantes; y solamente el 11% de las personas considera que es más grave robarle al Estado que a un vecino (ver infografía).
El desacato de las leyes
Esto sin tener en cuenta que un poco más del 40% de los ciudadanos siempre encuentran una razón para desobedecer las leyes. La lucha contra la injusticia, el apoyo a la familia, la defensa de sus bienes, el honor, las metas propias, la falta de castigo, el aprovechamiento económico, la costumbre son algunas de las disculpas más frecuentes.
En el caso de los funcionarios, quienes deberían ser guardianes de la ley, las razones más comunes que justifican desobedecer la normatividad que regula su quehacer institucional son: alcanzar una mayor agilidad y menor complejidad en los procesos (55%), obedecer órdenes de niveles superiores jerárquicos (34%), la baja probabilidad de que tenga consecuencias (5%), porque es lo acostumbrado (3%), porque no importan los medios para lograr un resultado (2%) y porque al hacerlo se puede recibir algo a cambio de favorecer intereses de terceros (2%).
El discurso y la realidad no parecen tener ninguna articulación. El 97% de los servidores públicos y contratistas dicen estar totalmente en desacuerdo con corromper a un funcionario incluso cuando esa sea la única manera de obtener las cosas. Pese a esto, el 51% afirma que en los procesos de vinculación de personal en su entidad se aceptan influencias contrarias a la buena administración (recomendaciones políticas, nepotismo, amiguismo y clientelismo); y el 39% lo justifica afirmando que aunque sea incorrecto “es comprensible”.
La corrupción está tan enquistada en nuestra sociedad que a más personas les molesta tener como vecinos a drogadictos (80%) o a alcohólicos (63%) que a personas corruptas (39%). Ni hablar del poco conocimiento ciudadano que existe sobre los mecanismos de control social de la administración pública. Tan solo el 8% de las personas dicen conocer o utilizan los mecanismos dispuestos para ello, solo el 44% sabe que tiene derecho a solicitar y recibir información sobre la ejecución de proyectos y obras y apenas el 8% considera que el Distrito informa adecuadamente sobre la ejecución del presupuesto.
Este consolidado de cifras de la Veeduría responde a tres fuentes, una encuesta de Cultura Ciudadana en Bogotá?, 2014, realizada por Corpovisionarios; una medición de Transparencia por Colombia, de la Universidad Externado de Colombia; la Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas, realizada en 2013; así como el informe de resultados sobre el Índice de Percepción de la Integridad y Transparencia de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá?, en 2013.
Frente a este panorama el mensaje que se dará hoy es de contundente rechazo a la corrupción en Bogotá. Por eso se firmará y presentará públicamente un compromiso de trabajo por una “una ciudad más íntegra y transparente”, así como de compartir una misma ruta en la que la honestidad sea el proyecto colectivo.
“La prevención empieza desde el momento en que se toman buenas decisiones; por eso, cuando la ciudad se prepara para elegir un nuevo mandatario, es fundamental que gobernantes y ciudadanos tomemos las mejores decisiones en aras de garantizar una gestión más transparente, eficiente y más íntegra de lo público”, subrayó la veedora Distrital, Adriana Córdoba.
Es por esto que hoy entidades, academia, organizaciones y medios de comunicación se comprometerán a seguir trabajando en la implementación de un Sistema Permanente de Petición y Rendición de Cuentas; un Sistema de Formación en Cultura Ciudadana y Control Social; un Sistema de Alertas de Prevención de Mala Administración y Corrupción; un Sistema de Controles y Sanciones; un Sistema de Monitoreo y Evaluación; y la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.