Después de semanas entre protestas de los padres de familia y negociaciones con las autoridades nacionales y distritales de educación, la Compañía de Jesús se reafirmó ayer en su objetivo de cobrar desde el próximo año la pensión a más de 1.800 alumnos de esta institución.
Por más de 25 años, niños y jóvenes pertenecientes al San Bartolomé no tuvieron que pagar pensión mensual, sino únicamente un valor de matrícula por todo el año. Pero luego de largas conversaciones con el Ministerio y la Secretaría de Educación, que aún no terminan, las directivas del Colegio San Bartolomé anunciaron en junio que a partir del 2011 los estudiantes que formen parte de la institución deberán pagar un monto por su pensión mensual, que estaría por encima de los $300.000.
El anuncio desató la furia de los padres de familia, que en las últimas semanas han acudido a los medios, preocupados por el destino de cientos de alumnos. Ayer, ante ellos, el provincial de la Compañía de Jesús Francisco de Roux les dio la cara. Explicó que el sistema de subsidios funcionó “gracias a la Ley 72 de 1983 y el Decreto 58 de 1984, que consiguió de parte del Estado el derecho para que los niños que se eduquen aquí sean financiados por el Estado durante 90 años”.
Sin embargo, continuó el provincial, desde el año 2004 el colegio ha tenido problemas para su financiación, pues los subsidios del Estado han sido entregados con retraso. Este año, por ejemplo, el colegio aún no recibe los recursos estatales y la Compañía de Jesús ha tenido que asumir estos costos.
El rector de la institución, Fernando Mendoza, explicó que la razón de los retrasos reside en que el plantel no se encuentra en una zona con déficit de atención a estudiantes. Por lo tanto, la Secretaría de Educación no podría realizar convenios con el plantel para recibir la financiación, ya que no se ajusta a su normativa.
Los padres de familia también hablaron y aseguraron que el tema no es responsabilidad del colegio. “Esto está en manos del Gobierno”, dijo Javier Riaño, presidente de la Asociación de Padres de Familia.
El provincial De Roux afirmó que junto con la ministra de Educación están trabajando para encontrar una solución al problema de las familias vinculadas al plantel. Según el representante de la comunidad jesuita, la ministra María Fernanda Campo propuso atender los inconvenientes jurídicos del convenio para que, al menos, los actuales alumnos de la institución cuenten con el subsidio del Gobierno el próximo año. Los demás tendrían que atenerse a los precios designados por el colegio.