Bogotá seguirá el ejemplo del Gobierno Nacional y echará mano de las asociaciones público-privadas (APP) para satisfacer sus necesidades de infraestructura. La idea es tan seria que incluso se pretende crear la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), para coordinar este tipo de proyectos. El papel de esta entidad será protagónico, ya que de los $88 billones que costará el Plan de Desarrollo propuesto por el alcalde Enrique Peñalosa, al menos $30 billones (34%) esperan conseguirlos a través de alianzas con el sector privado. Sin embargo, esos recursos no serán sólo para proyecto viales: también incluyen la construcción de hospitales, cárceles, colegios y centros culturales.
Las APP para la construcción de carreteras son una estrategia conocida en Colombia. En este caso, los privados recuperan su inversión a través del cobro de peajes. Sin embargo, las APP para la construcción de infraestructura social son un concepto relativamente nuevo en Bogotá y en el país. Por esta razón, no todos saben cuál es la metodologías con que los privados podrían recuperar su dinero luego de construir, por ejemplo, un colegio o un hospital, ya que cobrar peaje no es una opción.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, explicó que las asociaciones público-privadas tienen diferentes modos de usarse y el peaje es solo una de las alternativas. “Por ejemplo, existen APP de agua potable y se cobra en la factura parte de la inversión realizada. También hay opciones para la construcción de cárceles, en las cuales el privado recupera su dinero por medio de contratos de alimentos u otros servicios que requieran las instalaciones. Cada iniciativa es flexible frente al modelo económico del proyecto, y mientras haya costos operativos, existen mecanismos para que los privados recuperen su inversión”.
Para el caso de los colegios, el privado construye el edificio, las canchas, las bibliotecas y el resto de la infraestructura, además debe aportar los equipos necesarios, como pupitres, tableros y libros para la biblioteca. Una vez terminada la construcción, el consorcio presta los servicios asociados al proyecto, que van desde el mantenimiento de la infraestructura hasta la alimentación de los estudiantes, entre otros. “Estos servicios los paga la entidad pública, siempre midiendo que el privado cumpla con los indicadores de servicio y disponibilidad. Estos pagos, que pueden hacerse en un plazo de hasta 30 años, permiten que el privado recupere la inversión”, señaló Alessia Abello, socia de Posse Herrera Ruiz Abogados.
Retos
A pesar de que las APP son viables para diferentes tipos de infraestructura, todavía no es claro si son la alternativa más eficiente. Una primera aproximación para responder esta pregunta se encuentra en un estudio del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF), en el cual se analizaron proyectos por medio de APP en cinco países de la región, incluyendo Colombia. Entre las ventajas que destaca el informe está “el hecho de que estos proyectos sirven para que los gobiernos puedan desarrollar infraestructura evitando los problemas de presupuesto, al menos, en el corto plazo”. También resalta la eficiencia de este instrumento para mejorar la calidad de las obras.
No obstante, el estudio también concluye que “las APP no son necesariamente menos costosas que los proyectos públicos. Sin embargo, hay que aclarar que estos análisis de costos se suelen llevar a cabo sin poner en la balanza otros aspectos relevantes, como los mayores beneficios derivados de las mejoras de calidad”. Por último, el estudio de la CAF resalta la necesidad de una fuerte institucionalidad para que este tipo de instrumentos prosperen.
La abogada Abello, asimismo, considera que hay varios retos que la ciudad debe solucionar si desea tener éxito al aprovechar las asociaciones público-privadas. “Los proyectos bajo esta modalidad son muy complejos. El principal reto es consolidar un equipo calificado, que conozca el modelo y que pueda, no solamente estructurar, sino que también debe saber hacer gestión contractual en cada entidad con la que trabaje. Se trata de un requisito que es, incluso, más importante que la misma estructuración. El Distrito ha informado la creación de la ADI, lo cual es un gran paso para desafiar este reto”.
Entre los proyectos con asociaciones público-privadas que la Alcaldía pretender implementar en los próximos cuatro años está la reubicación de Corabastos y de las cárceles Modelo y El Buen Pastor. También pretende usar APP de iniciativa pública para proveer a la ciudad de semáforos, zonas azules y centros de desarrollo comunitario, y que servirán para hacer intervenciones de renovación urbana.
De cumplirse el ambicioso Plan de Desarrollo del alcalde Peñalosa, con todas las obras que tiene en mente, seguramente la cara de la ciudad será diferente en la próxima década. Sin embargo, es claro que la apuesta de acudir a las APP como estrategia para mejorar la infraestructura podría dejar empeñado parte del presupuesto de la ciudad de los próximos 30 años, tiempo estimado para que los privados que participen en estas iniciativas recuperen su inversión. El debate sobre la conveniencia de las APP apenas comienza.